El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que en los comicios regionales del próximo 25 de mayo, además de elegir un gobernador, el país votará por ocho diputados y sus suplentes del Esequibo, el territorio en disputa con Guyana.
Cabello, quien también es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó en su rueda de prensa semanal que, por primera vez, se escogerán 285 parlamentarios con sus respectivos suplentes para la Asamblea Nacional (AN), incluyendo los representantes del Esequibo.
“El día 25 de mayo va a haber elecciones, y va a haber elecciones en nuestra Guayana Esequiba (…). Ellos verán qué hacen con eso, nosotros seguiremos avanzando porque eso es territorio nuestro”, declaró Cabello, acompañado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
El dirigente chavista reafirmó la postura de su gobierno sobre la soberanía de Venezuela en la zona, al insistir en que “todo lo que esté del lado oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela”. El territorio en disputa, de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, es rico en petróleo y otros recursos naturales.
Cabello también denunció supuestas provocaciones por parte del Ejército guyanés hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Cabello anunció que el 15 de marzo, el PSUV celebrará asambleas en 47.560 comunidades en todo el país para definir a los aspirantes a las elecciones de mayo. Según un documento aprobado en febrero, el presidente Nicolás Maduro y el alto mando político del PSUV tendrán la decisión final sobre la selección de candidatos.
El proceso electoral ha sido rechazado por el líder de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, quien ha cuestionado la legitimidad de la administración de Maduro tras su polémica reelección en 2023.
Reclamo en la CIJ
El ministro desestimó la reciente solicitud de Guyana a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que emita medidas cautelares que obliguen a Venezuela a no celebrar elecciones en el Esequibo y a abstenerse de acciones para anexar el territorio. La CIJ se declaró competente para resolver la controversia, pero el gobierno venezolano ha rechazado la jurisdicción del tribunal en este caso.
Guyana pidió la semana pasada a la Corte Internacional de Justicia emitir de forma “urgente” medidas cautelares para exigir a Caracas “no celebrar elecciones en ninguna parte del territorio guyanés” y “abstenerse de cualquier acción que pretende anexar” el territorio en disputa, incluida la incorporación de “Guyana Esequiba” como parte de Venezuela.
La CIJ explicó que Guyana argumentó su solicitud en el anuncio de Venezuela de celebrar el 25 de mayo elecciones en la región de Esequibo, territorio en disputa entre ambos, lo que, señaló el Gobierno guyanés, violaría “su soberanía, integridad territorial e independencia política”.
Guyana sostiene que la adopción de medidas cautelares es “urgente” porque estas acciones de Venezuela le causarían “daños irreparables”, además de incumplir la orden de este tribunal de la ONU de diciembre de 2023, que exigió a Caracas abstenerse de tomar “acciones unilaterales” que alteraran la situación actual, donde Guyana administra la región.
En este sentido, pidió exigir a Venezuela que no celebre elecciones en ninguna parte del territorio guyanés definido por el Laudo Arbitral de 1899 incluyendo: extender el derecho a voto a personas residentes en el territorio en disputa; distribuir boletas electorales, tarjetas de votación u otros materiales electorales físicos o electrónicos en la zona; o presentar, nombrar o apoyar candidatos venezolanos en elecciones en el territorio.
También le solicitó impedir a Caracas establecer mesas de votación, centros de conteo o sedes electorales en dicho territorio; crear, elegir o designar gobernadores, consejos legislativos u otros funcionarios gubernamentales para el área en disputa; o comunicarse con los residentes del territorio en relación con elecciones organizadas por Venezuela.
La segunda medida cautelar solicitada por Guyana exige a Caracas “abstenerse de cualquier acción que pretenda anexar, de jure o de facto, el territorio en disputa, incluyendo la incorporación de ‘Guayana Esequiba‘ como parte de Venezuela”.
Finalmente, quiere que la CIJ ordene a Venezuela que “se abstenga de modificar la situación actual en la zona en disputa, donde Guyana administra y ejerce control”.
Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral es nulo y sin efecto debido a que ‘afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio de la Guayana Esequiba,’ como la llama el Gobierno venezolano.
El Gobierno venezolano reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
En 2018, Guyana, antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ, y en abril de 2023, la Corte se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue en un golpe a Caracas, que había intentado que se declarara “inadmisible” este caso, y subrayó en numerosas ocasiones que no consiente la jurisdicción de esta Corte sobre esta controversia.
