El Departamento de Justicia dijo esta semana que ha invocado el privilegio del secreto de estado en su actual batalla judicial por la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador, una herramienta de seguridad nacional que permite al gobierno retener cierta información de los tribunales con fines de seguridad nacional.
En la presentación judicial de 10 páginas presentada ante el juez de distrito estadounidense James Boasberg, la fiscal general Pam Bondi y otros altos funcionarios de la administración Trump dijeron que decidieron invocar el privilegio porque la divulgación plantearía lo que describieron como un «peligro razonable» para la seguridad nacional y los asuntos exteriores.
«La Corte cuenta con todos los elementos necesarios para abordar las cuestiones de cumplimiento que tiene ante sí», declararon los funcionarios del Departamento de Justicia, y añadieron: «Nuevas intromisiones en el Poder Ejecutivo presentarían perjuicios peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes, en relación con preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional que la Corte carece de competencia para abordar».
La noticia llega mientras Boasbeg ha presionado repetidamente a los abogados del gobierno para obtener más información sobre sus vuelos de deportación del fin de semana pasado, que enviaron alrededor de 261 migrantes, incluidos ciudadanos venezolanos y miembros de la pandilla Tren de Aragua, desde Estados Unidos a El Salvador.
Los vuelos partieron de suelo estadounidense casi al mismo tiempo que Boasberg acordó bloquear temporalmente a la administración Trump para que no utilizara la Ley de Enemigos Extranjeros, o la poco utilizada ley de inmigración en tiempos de guerra aprobada por el Congreso en 1798, para deportar inmediatamente a los ciudadanos venezolanos.
Sin embargo, horas después, llegaron a El Salvador aviones que transportaban cientos de migrantes, incluidos ciudadanos venezolanos expulsados con base en la ley en cuestión.
En los días siguientes, Boasberg ordenó a ambas partes regresar a la corte para testificar sobre las deportaciones y si la administración Trump desafió a sabiendas su orden judicial.
El Departamento de Justicia se había negado en gran medida a cumplir con sus solicitudes de información, que incluían preguntas sobre cuántas personas deportó «únicamente sobre la base» de la proclamación de la Ley de Enemigos Extranjeros, dónde aterrizaron los aviones, a qué hora despegó cada avión de los EE. UU. y desde dónde, citando protecciones de seguridad nacional.
La semana pasada, Boasberg advirtió previamente a la administración Trump sobre las consecuencias si continuaba violando su orden, señalando que sus opciones eran presentar la información bajo secreto o invocar el privilegio de secretos de estado.
Si la administración Trump invoca el privilegio de secretos de estado, señaló Boasberg en ese momento, el tribunal «está obligado a ‘determinar si las circunstancias son apropiadas para reclamar el privilegio'».
Esto fue cuestionado en la presentación por Bondi y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia, sin embargo, quienes dijeron en la presentación del lunes por la noche, «No se necesita más información para resolver ningún asunto legal en este caso».
El tira y afloja legal se produce en un momento en que la administración Trump ha enfatizado repetidamente que un juez federal, en su opinión, no tiene la capacidad de decidir sobre asuntos de seguridad nacional o cuestiones de inmigración, lo que coloca a Boasberg y su fallo directamente en la mira de la administración Trump.
El Departamento de Justicia también apeló el asunto ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en Washington D. C., que conoció el caso ayer. El panel de tres jueces se negó a emitir un fallo inmediato sobre el asunto, aunque se espera una decisión esta semana.
La fiscal general Pam Bondi prometió el domingo apelar el caso ante la Corte Suprema si es necesario.
