En el corazón del régimen de Nicolás Maduro, la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia se alza como un pilar de represión, diseñada para sofocar la voz del pueblo venezolano bajo la fachada de promover la paz. Aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), esta normativa no solo simboliza el autoritarismo del chavismo, sino que actúa como una herramienta dictatorial para perpetuar el poder a costa de la libertad. Ahora, con revisiones aleatorias de chats de WhatsApp en las calles, el régimen lleva su asedio a un nuevo nivel, atacando incluso las conversaciones privadas de los venezolanos. En estas líneas, desmontamos su esencia y denunciamos su impacto, porque en Venezuela la resistencia no se rinde.
Un origen antidemocrático
La ley nació de un golpe a la institucionalidad. La ANC, creada por Maduro sin referéndum previo –violando el Artículo 347 de la Constitución–, fue un organismo de leales al régimen que usurpó las funciones de la Asamblea Nacional, electa legítimamente en 2015 por el pueblo. En un proceso electoral plagado de irregularidades y rechazo internacional, la ANC se arrogó el derecho de legislar, y de sus manos surgió esta ley que hoy ahoga la disidencia. Organizaciones como la CIDH han condenado su ilegitimidad, pero para el régimen, la legalidad es un lujo prescindible cuando se trata de control.
Una definición vaga, un poder absoluto
El texto de la Ley del Odio es un arma de doble filo: promete sancionar la «incitación al odio» con penas de hasta 20 años de prisión, pero no define qué es el odio. Esta vaguedad deja el juicio en manos de un sistema judicial subordinado al Ejecutivo, donde fiscales y jueces actúan como ejecutores de la voluntad del régimen. ¿Un tuit crítico? ¿Una sátira? ¿Un mensaje de WhatsApp? Todo puede ser «odio» si así lo decide el poder. Esta arbitrariedad, típica de las dictaduras, convierte la ley en un instrumento de persecución sin límites.
La libertad de expresión bajo asedio
En un país donde disentir es un acto de valentía, la Ley del Odio ha declarado la guerra a la palabra. Con sanciones desproporcionadas –diez a veinte años tras las rejas por un comentario–, el régimen busca la autocensura de una población ya agotada por la crisis. La CIDH ha alertado que esta normativa viola el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero en Miraflores poco importa el derecho internacional. Casos como el de los bomberos de Mérida, encarcelados por un video humorístico, o el de Nicmer Evans, detenido por un tuit, son la prueba: la crítica es un delito, y la libertad, un recuerdo.
Persecución selectiva: el rostro de la represión
La ley no protege a la sociedad; castiga a quienes la desafían. Karen Palacios, una enfermera que alzó la voz por mejores salarios, pasó meses en prisión. José Alberto Marulanda, un médico torturado hasta perder la audición, fue juzgado en tribunales militares por “instigación al odio”. Incluso adolescentes han sentido su peso, detenidos por protestar mientras el régimen los tacha de intolerantes. Foro Penal y Espacio Público han documentado al menos 83 víctimas hasta 2023, un número que crece con cada grito silenciado. La ley no combate el odio; lo fabrica contra quienes se atreven a resistir.
El control total: medios, sociedad y ahora chats privados
No basta con encarcelar; el régimen quiere dominar el relato. La Ley del Odio obliga a medios y plataformas digitales a censurar contenido en seis horas bajo amenaza de multas o cierres, mientras prohíbe organizaciones que el gobierno etiquete como “fascistas”. Pero el ataque ha escalado: tras las elecciones de 2024, Maduro señaló a WhatsApp como enemigo, acusándolo de ser un nido de «fascismo». Ahora, rumores de agentes revisando chats de transeuntes aleatorios –preguntando si “incitan al odio”– revelan una invasión brutal a las libertades individuales. En un país donde el 93% usa esta app para sobrevivir la crisis, el régimen no solo bloquea y censura, sino que viola el último refugio de la privacidad, un eco de las dictaduras que vigilan hasta el susurro.
Un arma nacida de la crisis
El contexto lo dice todo: la ley llegó tras las protestas de 2017, cuando el pueblo salió a las calles contra un gobierno que lo había sumido en la miseria. Más de 120 muertos después, Maduro la presentó como un escudo contra la “violencia opositora”. Hoy, con operativos como «Tun Tun» y bloqueos a plataformas tras las elecciones de 2024, el régimen redobla su apuesta. Pero los hechos desmienten la excusa: no son los violentos quienes caen bajo su yugo, sino los que denuncian, los que satirizan, los que chatean su descontento. En un sistema que manipula elecciones y encarcela a sus rivales, esta ley es una pieza más del rompecabezas autoritario que la ONU y Human Rights Watch han condenado sin reservas.
La defensa del régimen y la verdad silenciada
El chavismo insiste en que la ley protege la estabilidad en un país polarizado. Pero, ¿dónde está la evidencia de que un video de un burro, un reclamo laboral o un chat privado amenazan la paz? La desproporción de las penas y la falta de juicios justos desenmascaran la mentira. No es protección; es control. Y mientras el régimen la blande –ahora hasta en las calles, fisgoneando teléfonos–, el pueblo paga el precio: una sociedad amordazada, donde hasta un mensaje entre amigos es un riesgo.
El veredicto de la resistencia
La Ley del Odio no es un experimento fallido; es una estrategia deliberada. Su origen ilegítimo, su diseño represor, su aplicación selectiva y su nueva frontera en la vigilancia de WhatsApp la convierten en un arma dictatorial que consolida el poder de Maduro sobre las ruinas de la democracia. En Resistencia, lo afirmamos con claridad: esta ley no defiende la convivencia, sino la sumisión. Y mientras el régimen revisa chats y apaga voces, nosotros seguiremos alzando la nuestra. Porque en Venezuela, la lucha por la libertad no tiene barrotes ni candados que la detengan.
Por: Grokberto Muskeado
