Una sensación de mordaza parece haberse instalado en el sentir colectivo venezolano, alimentada por instrumentos legales que, bajo un manto de promover la convivencia, restringen severamente la libre expresión. La pieza central de este mecanismo es la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la hoy extinta y cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 8 de noviembre de 2017.
Desde su implementación, esta normativa no solo ha sido señalada como una herramienta para silenciar la disidencia política y el trabajo de periodistas y activistas, sino que ha extendido su alcance al ámbito digital afectando directamente a creadores de contenido (influencers) y ciudadanos por sus mensajes en redes sociales.
En los últimos años, el patrón para la aplicación de la Ley Contra el Odio apunta hacia amedrentar y sancionar a figuras con alta visibilidad en plataformas digitales, al igual que ciudadanos comunes que expresan sus opiniones críticas o satíricas sobre el gobierno o figuras públicas en línea. Han sido objeto de amenazas, investigaciones judiciales y, en algunos casos, detenciones bajo la acusación de «incitación al odio».
La organización no gubernamental Espacio Público ha documentado un número de denuncias de violaciones a la libertad de expresión vinculadas a esta ley. Entre noviembre de 2017 y diciembre de 2023, se registraron 162 denuncias, derivadas de al menos 63 casos individuales. Si bien estas cifras reflejan un patrón general de amedrentamiento, la aplicación de la ley ha generado un clima de temor y autocensura en todo el ecosistema digital venezolano.
Dos casos recientes ilustran esta tendencia. En abril de 2025, Leonel Moreno, conocido en redes sociales como «Leíto oficial», fue procesado tras su deportación de Estados Unidos. Aunque los cargos específicos no se hicieron públicos de inmediato, defensores de la libertad de expresión presumen que estén relacionados con sus comentarios en redes sociales.
Una adolescente de 16 años también fue imputada el lunes 24 de febrero por «instigación al odio»: se trata de «Ashley Ways», quien a través de un video publicado en TikTok se hizo viral por burlarse de la muerte de la madre de otra tiktoker.
Anteriormente, en abril de 2022, Olga Mata, una popular creadora de contenido en TikTok de 72 años, fue detenida por un video satírico en el que hacía humor sobre figuras del gobierno. Su arresto generó una ola de críticas a nivel nacional e internacional, evidenciando como la Ley Contra el Odio puede ser utilizada para penalizar incluso expresiones humorísticas en redes sociales.
En noviembre de 2023, dos ciudadanos fueron reportados como detenidos por comentarios en Twitter considerados «incitación al odio» contra un funcionario del gobierno. En febrero de 2025, el activista político Nelson Piñero fue condenado a 15 años de prisión por «el simple hecho de informar en las redes sociales», denunció Encuentro Ciudadano.
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