Venezuela registró el jueves, en el Día del Trabajador, 30 protestas en 18 estados del país para exigir salarios justos y reivindicaciones laborales, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La jornada reflejó el creciente descontento de trabajadores activos y pensionados ante la persistente crisis salarial y la precariedad de sus condiciones de vida.
Las manifestaciones, realizadas en estados como Zulia, Aragua, Lara, Bolívar, Anzoátegui y el Distrito Capital incluyeron concentraciones, marchas y asambleas públicas. Dos protestas fueron impedidas y una obstaculizada por fuerzas de seguridad, lo que evidencia las limitaciones al derecho a la protesta pacífica.
En Caracas, trabajadores se concentraron en Plaza Venezuela con la intención de marchar hacia Parque Carabobo, pero funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana bloquearon el paso. La ONG Provea denunció esta acción como un intento de silenciar las exigencias sociales.
Los bonos no tienen incidencias en prestaciones ni bonificaciones
Las demandas centrales de la jornada fueron el ajuste inmediato del salario mínimo, congelado en 130 bolívares mensuales (poco más de 1 dólar a la tasa oficial), así como el respeto a los convenios colectivos, acceso a servicios sociales, seguro funerario y pensiones dignas.
“Hoy protestamos por salarios justos. El hambre y la miseria afectan a todos los trabajadores del país”, declaró Ofelia Rivera, dirigente sindical de educadores jubilados, quien también criticó que los bonos entregados por el régimen no tienen incidencia en prestaciones ni beneficios laborales.
La protesta nacional coincidió con el anuncio de Nicolás Maduro sobre un aumento del “ingreso mínimo integral” a 160 dólares mensuales, conformado por bonos variables, mientras se mantuvo sin aumento el salario base.
Esta medida obtuvo el rechazo por los gremios, que consideran que no garantiza estabilidad ni cumple con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, el cual obliga al Estado a asegurar un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas.
Para líderes sindicales como José Araque, del movimiento Vanguardia Laboral, el actual esquema salarial representa una forma de exclusión económica. “Los trabajadores están condenados a la pobreza. El salario es una sentencia de muerte”, afirmó.
