La Corte Suprema prohibió el viernes al gobierno de Trump reanudar rápidamente las deportaciones de venezolanos bajo una ley de guerra del siglo XVIII promulgada cuando la nación tenía apenas unos años de existencia.
Con dos votos en contra, los jueces actuaron sobre una apelación de emergencia presentada por los abogados de hombres venezolanos que han sido acusados de ser miembros de pandillas, una designación que, según el gobierno, los hace elegibles para una rápida deportación de los Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El tribunal extendió indefinidamente la prohibición de deportaciones de un centro de detención del norte de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. El caso regresará ahora al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., que se negó a intervenir en abril.
El presidente Donald Trump expresó rápidamente su descontento. «¡LA CORTE SUPREMA NO NOS PERMITIRÁ SACAR A LOS CRIMINALES DE NUESTRO PAÍS!», publicó en su plataforma Truth Social.
La acción del Tribunal Supremo es el último de una serie de reveses judiciales contra el esfuerzo de la administración Trump por acelerar las deportaciones de personas que se encuentran sin permiso en el país. El presidente y sus partidarios se han quejado de tener que garantizar el debido proceso a quienes, según ellos, no cumplieron con las leyes de inmigración estadounidenses.
El tribunal ya había ordenado la suspensión temporal de las deportaciones mediante una orden emitida a medianoche el mes pasado. Los funcionarios parecían «preparados para llevar a cabo las expulsiones de forma inminente», señaló el tribunal el viernes.
Varios casos relacionados con la antigua ley de deportación están en los tribunales
El caso es uno de varios que se están tramitando en los tribunales debido a la proclamación que hizo Trump en marzo de que la pandilla Tren de Aragua era una organización terrorista extranjera e invocaba la ley de 1798 para deportar personas .
El caso ante el Tribunal Supremo se centra en la oportunidad que deben tener las personas de impugnar su expulsión de los Estados Unidos, sin determinar si la invocación de la ley por parte de Trump fue apropiada.
“Reconocemos la importancia de los intereses de seguridad nacional del Gobierno, así como la necesidad de que dichos intereses se persigan de una manera coherente con la Constitución”, dijeron los jueces en una opinión no firmada.
Al menos tres jueces federales han declarado que Trump estaba utilizando indebidamente la AEA para acelerar las deportaciones de personas que, según el gobierno, pertenecen a pandillas venezolanas. El martes, un juez de Pensilvania autorizó el uso de la ley.
El proceso legal para esta cuestión es un tanto fragmentado
El enfoque tribunal por tribunal para las deportaciones bajo la AEA se deriva de otra orden de la Corte Suprema que le quitó un caso a un juez en Washington, DC, y dictaminó que los detenidos que buscan impugnar sus deportaciones deben hacerlo donde se encuentran detenidos.
En abril, los jueces dictaminaron que se debe otorgar un «plazo razonable» a las personas para presentar una impugnación. El viernes, el tribunal declaró que 24 horas no son suficientes, pero no especificó cuánto tiempo significaba. El gobierno ha indicado que 12 horas serían suficientes. La jueza federal de distrito Stephanie Haines ordenó a los funcionarios de inmigración otorgar 21 días a las personas en su dictamen, en el cual, según ella, las deportaciones podrían llevarse a cabo legalmente bajo la AEA.
El viernes la Corte Suprema también dejó en claro que no estaba bloqueando otras formas en que el gobierno podría deportar a las personas.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon, y Alito se quejó de que sus colegas se habían apartado de sus prácticas habituales y aparentemente habían decidido cuestiones sin la intervención de un tribunal de apelaciones. «Pero si lo ha hecho, la orden de hoy es doblemente extraordinaria», escribió Alito.
En una opinión separada, el juez Brett Kavanaugh afirmó estar de acuerdo con la mayoría, pero habría preferido que el máximo tribunal del país interviniera ahora definitivamente, en lugar de devolver el caso a un tribunal de apelaciones. «Las circunstancias», escribió Kavanaugh, «requieren una resolución rápida y definitiva».
