La reciente aprobación del Decreto de Emergencia Económica el pasado 8 de abril de 2025, anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro, ha reavivado los temores de los venezolanos. Este decreto, que reimpone estrictos controles de precios sobre alimentos y víveres de primera necesidad, evoca recuerdos de una crisis que marcó a la nación desde 1998, cuando el chavismo comenzó a implementar estas medidas.
Justificados como una herramienta contra la inflación y la especulación, los controles han dejado un rastro de escasez, hambre y sufrimiento. En este reportaje, exploramos las causas esgrimidas por el gobierno, las consecuencias devastadoras para la población y el contexto que rodea su retorno, según expertos, ciudadanos y datos históricos.
Un ciclo que se repite: los controles desde 1998
Los controles de precios no son nuevos en Venezuela. Aunque tienen antecedentes desde 1939, su aplicación intensiva comenzó en 2003, bajo el gobierno de Hugo Chávez. Tras llegar al poder en 1998, Chávez enfrentó una economía marcada por la caída de los precios del petróleo y una inflación alta, pero no crítica. En 2003, se creó la Misión Mercal, un programa para distribuir alimentos a precios subsidiados, buscando garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, su dependencia de importaciones y la corrupción limitaron su impacto, según un análisis de la BBC.
La Ley de Costos y Precios Justos de 2011, supervisada por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (Sundecop), marcó un punto de inflexión al regular no solo alimentos como carne, pollo, leche y harina, sino también productos como jabones y pasta dental. En 2014, el gobierno introdujo el Sistema Superior de Abastecimiento Seguro, incluyendo una tarjeta electrónica para limitar compras, justificando estas medidas como un freno al supuesto contrabando hacia Colombia. En 2016, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se convirtieron en el principal mecanismo de distribución de alimentos subsidiados, aunque su alcance fue limitado y marcado por la corrupción, según un informe de Transparencia Internacional.
En 2019, el gobierno relajó parcialmente los controles debido a la dolarización informal y la presión internacional, pero la crisis alimentaria persistió. Ahora, en 2025, el nuevo decreto ha generado alarma, como reflejan publicaciones en X, donde ciudadanos y analistas advierten sobre un posible retorno a la escasez extrema de la década pasada.
Las justificaciones del gobierno
El discurso oficial del chavismo ha sido consistente: los controles de precios son necesarios para proteger a la población. Desde 2003, el gobierno ha argumentado que:
- Combaten la especulación: Tanto Chávez como Maduro han acusado a empresarios de inflar precios para obtener ganancias excesivas, señalándolos como responsables de la inflación, que alcanzó el 50% en 2013 y niveles de hiperinflación en 2017, según datos del Banco Central de Venezuela.
- Protegen el poder adquisitivo: Programas como Mercal y los CLAP buscaban garantizar el acceso a alimentos asequibles, especialmente para los sectores más pobres.
- Frenan el contrabando: El gobierno afirmó que hasta el 40% de los productos subsidiados se desviaban a países vecinos, aunque economistas como José Guerra estiman que solo el 10% se contrabandeaba.
- Garantizan la seguridad alimentaria: Bajo la bandera de la «soberanía alimentaria», los controles priorizaban la distribución estatal de alimentos, aunque la producción interna colapsó, según Ecoanalítica.
- Responden a la «guerra económica»: Maduro ha insistido en que la inflación y la escasez son producto de un sabotaje liderado por la oposición y potencias extranjeras, una narrativa que justifica el decreto de 2025.
Un costo humano devastador
Lejos de resolver los problemas, los controles de precios han agravado la crisis humanitaria en Venezuela. Las consecuencias han sido:
- Escasez masiva: Entre 2014 y 2018, la escasez de alimentos alcanzó el 80%, según el Banco Central de Venezuela. En 2015, el 87% de los venezolanos reportó dificultades para comprar alimentos, y en 2016, un estudio de universidades venezolanas indicó que el 74% perdió un promedio de 9 kilos por desnutrición.
- Mercado negro y «bachaqueo»: La escasez dio lugar al «bachaqueo», con productos regulados revendidos a precios exorbitantes. En 2015, el 65% de las personas en colas eran revendedores, según Datanálisis.
- Hiperinflación: Los controles no detuvieron la inflación, que alcanzó el 155% en alimentos en 2022, según el Fondo Monetario Internacional. Los salarios mínimos no cubrían ni el 30% de la canasta alimentaria.
- Inseguridad alimentaria: En 2019, el Programa Mundial de Alimentos reportó que el 92% de los venezolanos sufría inseguridad alimentaria, con 9,3 millones enfrentando hambre severa. La desnutrición infantil y materna disparó la mortalidad en un 65% y 30%, respectivamente, en 2016.
- Colas y racionamiento: Los venezolanos enfrentaron colas de horas o días, con sistemas como la captura de huellas dactilares que limitaban compras, según Human Rights Watch. En 2015, saqueos en supermercados dejaron víctimas, como en Ciudad Guayana.
- Emigración masiva: La crisis alimentaria contribuyó a la migración de millones de venezolanos, una de las mayores diásporas de la región, según la Agencia de la ONU para los Refugiados.
- Colapso productivo: Las expropiaciones (1,167 empresas, 256 en el sector alimentario) y los controles desincentivaron la producción, que cayó un 70% en alimentos básicos, según Ecoanalítica.
2025: un déjà vu temido
El anuncio del nuevo decreto ha generado reacciones inmediatas. En X, usuarios como @EconVzla advierten que los controles «llevarán al país de vuelta al abismo», recordando la escasez de 2015-2018. Economistas como Luis Vicente León señalan que la raíz de la crisis no es la especulación, sino la destrucción del aparato productivo y la dependencia petrolera. La reimposición de controles, en un contexto de inflación persistente y salarios deprimidos, podría exacerbar la inseguridad alimentaria, que aún afecta a millones, según el Programa Mundial de Alimentos.
¿Qué sigue para Venezuela?
Expertos sugieren que la solución pasa por liberar los controles, incentivar la producción nacional y aceptar ayuda humanitaria, medidas que el gobierno ha resistido históricamente. Mientras tanto, los venezolanos se preparan para enfrentar otra etapa de incertidumbre, con el recuerdo de colas interminables y estantes vacíos aún fresco. Como expresó un usuario en X, «los controles de precios no traen comida, traen hambre». El futuro económico del país dependerá de si el gobierno rectifica o insiste en repetir un modelo que ha demostrado su fracaso.
