En un nuevo indicio del profundo desgaste interno que atraviesa la Fuerza Armada de Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó extender de forma obligatoria el tiempo de servicio de los efectivos profesionales que se encuentran próximos al retiro, obligándolos a permanecer un año adicional en la institución militar.
Por: Antonio María Delgado – El Nuevo Herald
La disposición fue comunicada el 9 de junio a través de un radiograma oficial, al que tuvo acceso El Nuevo Herald, y ha encendido alarmas entre analistas y ex oficiales, quienes advierten que la medida no solo podría aumentar el malestar dentro del cuerpo castrense, sino que también confirma la magnitud del problema de deserciones que afecta a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Se debe extender un año de servicio al personal militar de tropa profesional de todos los componentes… El no cumplimiento de la misma acarreará sanciones disciplinarias”, establece el documento, dirigido a todas las unidades y niveles jerárquicos de la institución.
La orden afecta a quienes ya han cumplido los 33 años de servicio y deberían estar en condiciones de retirarse. Para expertos militares, la decisión refleja una grave crisis de personal y una creciente desesperación dentro del alto mando militar por evitar el colapso funcional de la FANB.
“Esto demuestra que no hay suficiente gente entrando a las Fuerzas Armadas. Hay un altísimo índice de deserciones o solicitudes de baja. Por eso ahora obligan a quienes están por retirarse a quedarse más tiempo”, explicó el teniente retirado de la Guardia Nacional Venezolana, José Antonio Colina.
Aunque no existen cifras oficiales, estimaciones independientes apuntan a que la FANB podría estar perdiendo entre 800 y 1,000 efectivos anualmente debido a renuncias, deserciones y licencias sin retorno, una tendencia que se ha generalizado más allá de la Guardia Nacional —tradicionalmente la más afectada— y se extiende ahora al Ejército, la Armada y la Aviación.
El descontento es alimentado principalmente por las precarias condiciones económicas que enfrentan la mayoría de los efectivos y los oficiales, salvo que estén inmersos en actividades criminales o de corrupción.
“Un oficial subalterno gana alrededor de $40 al mes, mientras que un general puede llegar a $130. Es imposible mantener a una familia con eso, a menos que participen en operaciones ilegales”, denunció Colina.
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