A pesar de haber prometido una política migratoria “humanitaria y progresista”, el Gobierno de Gustavo Petro ha cerrado progresivamente las rutas de regularización para millones de migrantes venezolanos, empujando a la mayoría a la informalidad, la precariedad y la invisibilidad legal. Según datos oficiales, apenas el 11,6 % de las solicitudes de la Visa de Visitante Especial para venezolanos han sido aprobadas desde su creación en diciembre de 2024.
La medida, que buscaba reemplazar los programas implementados por los gobiernos anteriores —como el Estatuto Temporal de Protección (ETPV)—, se ha convertido en un nuevo cuello de botella burocrático, reseña un especial de Semana
Las exigencias documentales son difíciles de cumplir, especialmente para quienes huyen del colapso institucional en Venezuela. Apostillas, certificaciones de ingresos, movimientos migratorios, títulos académicos y cartas de sostenimiento económico son solo algunos de los requisitos que hoy bloquean el acceso a la legalidad para miles.
“La mayor consecuencia para los venezolanos es la no garantía de derechos y la poca inclusión laboral. Todavía hay entre 1,2 y 1,5 millones de personas en situación irregular, de las cuales no se sabe con precisión dónde están”, alertó César González, abogado de la ONG Plan País.
Tras el fraude electoral de 2024 en Venezuela, cuando Nicolás Maduro se negó a reconocer la victoria democrática de la oposición, Colombia recibió una nueva oleada migratoria compuesta por activistas, políticos perseguidos y ciudadanos comunes que escapaban de la represión y el hambre. Sin embargo, en lugar de ofrecer refugio efectivo, el Estado colombiano ha endurecido los filtros, sin habilitar mecanismos alternativos viables.
Ni siquiera el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de Niños (PEP-Tutor), anunciado hace más de nueve meses, ha entrado en funcionamiento. Quienes llegaron al país con menores de edad siguen atrapados en la irregularidad.
El otro camino, el del estatus de refugiado, tampoco ofrece alivio: entre 2015 y 2024 se presentaron más de 64.000 solicitudes, con un tiempo de respuesta promedio de tres años y una tasa mínima de aprobación.
Mientras tanto, la Cancillería se niega a divulgar cifras sobre visas negadas, argumentando razones de “seguridad nacional”. Una postura que ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos, dado que se está obstaculizando el acceso a derechos básicos y debilitando los procesos de inclusión e integración.
Para los migrantes venezolanos, el mensaje es claro: la promesa de acogida se ha vaciado de contenido, y la legalidad es hoy un privilegio difícil de alcanzar en Colombia.
