Cuando se acerca el primer aniversario de las elecciones presidenciales del 28 de julio, catalogadas como fraudulentas por la oposición venezolana y diversos organismos internacionales, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que el país atraviesa “una de las fases más oscuras en materia de derechos humanos de las últimas dos décadas”.
Martha Tineo, coordinadora general de JEP, ofreció un balance que refleja la magnitud de la represión en Venezuela: más de 1.000 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, muchas de ellas bajo condiciones de detención que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, en violación de la Convención contra la Tortura.
“Antes del 28 de julio de 2024 había poco más de 300 presos políticos, y esa cifra se triplicó tras los cuestionados comicios”, señaló Tineo, subrayando que el aparato represivo estatal se consolidó después de la jornada electoral marcada por irregularidades, exclusión de candidatos opositores y falta de garantías democráticas.
De la persecución selectiva a la represión masiva
El informe divulgado este sábado por JEP detalla cómo el Estado venezolano ha intensificado la criminalización de activistas, defensores de derechos humanos, opositores y miembros de la sociedad civil organizada.
“Pese a los esfuerzos de la sociedad civil y de organismos internacionales de protección de derechos humanos, el número de personas presas por razones políticas sigue por encima del millar”, alertó Tineo.
Detenciones arbitrarias y condenas anticipadas
Según la organización, se mantiene un patrón sistemático de detenciones sin orden judicial, imputaciones infundadas, privación de libertad sin juicio y violaciones reiteradas al derecho a la defensa. La mayoría de los detenidos no ha sido presentada ante un tribunal ni ha tenido acceso efectivo a un proceso legal justo.
“En muchos casos, estas personas cumplen una suerte de condena anticipada”, explicó Tineo, denunciando la violación de la presunción de inocencia y de principios básicos del derecho penal.
Centros de detención: crisis dentro de la crisis
JEP denuncia que las condiciones carcelarias transgreden estándares internacionales: hacinamiento extremo, insalubridad, falta de agua potable, atención médica insuficiente y carencias alimentarias que deterioran gravemente la salud física y mental de los presos.
Especial preocupación generan los casos de cuatro adolescentes detenidos arbitrariamente, cuya reclusión prolongada en condiciones inadecuadas viola la Convención sobre los Derechos del Niño.
Aislamiento e incomunicación como forma de castigo
La ONG también documenta el uso de aislamiento prolongado y restricción de visitas como mecanismo de coerción. Muchas familias y abogados no han podido comunicarse con los detenidos, lo que aumenta la indefensión jurídica y el riesgo de tortura.
Incluso ciudadanos con doble nacionalidad han sido privados de la asistencia consular que garantiza la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
“El aislamiento y la incomunicación son formas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, advirtió Tineo.
Impacto que trasciende a las víctimas directas
La prisión política afecta a miles de venezolanos más allá de quienes están tras las rejas.
“Cada preso político es un hogar fracturado, una comunidad desarticulada y una sociedad empobrecida”, lamentó la coordinadora de JEP. “Son ciudadanos que podrían estar aportando sus capacidades al país y hoy enfrentan una injusticia que los arrastra junto a sus familias”.
Respaldo internacional
El balance de JEP coincide con el reciente informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentado en junio ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Türk denunció el patrón de detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y represión de la disidencia, señalando que estas prácticas “socavan gravemente el Estado de derecho” y constituyen una afrenta a los principios fundamentales del derecho internacional.
El Alto Comisionado reiteró su exigencia de liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas, garantías de juicios justos y cese de la criminalización de la disidencia.
“No estamos hablando de cifras, sino de vidas”
Frente a esta realidad, Tineo ratificó que Justicia, Encuentro y Perdón seguirá del lado de las víctimas:
“No estamos hablando de cifras, sino de vidas. De ciudadanos que ejercieron su derecho a disentir y hoy enfrentan un sistema que busca quebrarlos física y moralmente. Pero no están solos. Seguiremos denunciando, documentando, exigiendo y acompañando”.
JEP hizo un llamado a la comunidad internacional a no normalizar la criminalización de la disidencia y a mantener activos todos los mecanismos de presión, denuncia y protección para exigir justicia y libertad.
NdP
