La organización no gubernamental Foro Penal, reconocida dentro y fuera de Venezuela por su labor de documentación independiente, ha denunciado que en el país hay actualmente alrededor de 950 personas privadas de libertad por motivos políticos. La cifra refleja la persistencia de un patrón de persecución y criminalización de la disidencia que se ha agudizado en los últimos años.
El abogado Alfredo Romero, director de Foro Penal, advirtió en una entrevista concedida a Deutsche Welle (DW) que la mayoría de los detenidos enfrentan procesos judiciales plagados de irregularidades, en los que se violan garantías fundamentales como el derecho a la defensa y el debido proceso. Según Romero, estas detenciones arbitrarias suelen ir acompañadas de tratos crueles, incomunicación prolongada y falta de acceso a abogados independientes.
La ONG, fundada en 2002, se ha convertido en una referencia internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, gracias a un trabajo de registro sistemático que alimenta reportes de organizaciones como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI).
De acuerdo con Foro Penal, el patrón de detenciones políticas afecta a líderes opositores, defensores de derechos humanos, militares disidentes, periodistas, sindicalistas y ciudadanos comunes que expresan críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Además, Romero subraya que muchos presos políticos permanecen recluidos por largos períodos sin juicio, lo que agrava su vulnerabilidad física y psicológica.
Diversos organismos internacionales han exigido repetidamente la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos civiles y políticos de la población venezolana. Sin embargo, las excarcelaciones suelen ocurrir de forma parcial, selectiva y en contextos de negociación política, lo que convierte a los detenidos en «rehenes de canje» dentro de la dinámica represiva del régimen.
En este contexto, Foro Penal reitera su llamado a la comunidad internacional a mantener la presión y la vigilancia, y a las autoridades venezolanas a garantizar la libertad plena e inmediata de todas las personas encarceladas por razones políticas.
