El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá hacer pública la identidad de las personas que lo acompañaron en al menos 122 vuelos realizados en aeronaves oficiales del Estado, tras una resolución firme del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
Pese a la negativa reiterada de Presidencia a proporcionar esta información —que incluso llegó a calificar como «abusiva»—, la resolución 2025-0765 del CTBG, emitida el pasado 20 de junio y conocida por El Debate, obliga a Moncloa a detallar quiénes viajaron junto a Sánchez entre 2022 y 2024.
Esta exigencia surge en medio de sospechas de que algunos de los pasajeros pudieran estar implicados en tramas de corrupción que actualmente cercan al Gobierno. Distintas informaciones apuntan a la posible presencia de empresarios investigados —como en la conocida trama Koldo— en desplazamientos como el viaje a Argelia, uno de los destinos de los vuelos oficiales del presidente.
La Presidencia del Gobierno, sin embargo, se ha limitado hasta ahora a entregar un escueto listado con fechas y destinos, sin informar del motivo de cada desplazamiento ni de la identidad de los acompañantes. Tampoco ha detallado los costes ni los días de duración de cada viaje, remitiendo únicamente a la agenda pública del presidente.
En total, Moncloa reconoce 122 vuelos en aeronaves oficiales con destinos tan diversos como Marruecos, Bruselas, Egipto, Estados Unidos o República Dominicana, sin aportar más detalles sobre quiénes subieron al Falcon. Además, insiste en que no abona pagos específicos al Ministerio de Defensa por el uso de estos aviones.
Desde su llegada al poder en 2018, Pedro Sánchez ha sido señalado en varias ocasiones por el uso de recursos públicos para fines presuntamente privados. Uno de los primeros episodios polémicos fue su viaje a Castellón, acompañado de su esposa, que incluyó una controvertida asistencia a un concierto musical.
Con esta resolución, la opacidad que rodea los vuelos del Falcon y la composición de las comitivas presidenciales queda seriamente cuestionada. El Consejo de Transparencia recuerda en su dictamen que conocer esta información contribuye «de manera clara y directa al control de la actividad pública» de los representantes del Estado.
El Gobierno dispone ahora de un plazo para cumplir con la instrucción y detallar, uno por uno, quiénes se han beneficiado de volar junto al presidente.
