El más reciente «Libro gris de Nicolás Maduro», una impactante entrega de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, desvela la cruda realidad de los venezolanos. Este informe, que abarca de enero a julio de 2025, traza un panorama desolador. Documenta cómo el gobierno de Nicolás Maduro se ha consolidado como un régimen de facto, abandonando toda pretensión de legalidad democrática.
La nación se encuentra sumergida en lo que el informe define como una Emergencia Democrática Compleja. Esta situación va más allá de la represión directa, implicando una anulación progresiva del Estado de derecho y un colapso institucional. El miedo se ha normalizado como forma de gobierno, y el empobrecimiento generalizado es una estrategia de control autoritario.
¿Qué dice sobre la economía venezolana el «Libro gris de Nicolás Maduro»?
El gobierno ha implementado el «Plan económico 2025» con «13 motores estratégicos», abiertamente inspirado en el modelo chino. Este esquema centraliza el control y militariza la economía, marginando a actores productivos no alineados. La meta es una dominación total, no solo política sino también económica.
La criminalización de la información económica independiente es alarmante, siguiendo patrones autoritarios chinos. Al menos ocho economistas y analistas fueron detenidos entre febrero y mayo de 2025 por divulgar cifras no oficiales. El caso de Carlos Andrés Pérez Abreu, administrador de Monitor Dólar Vzla, detenido por «terrorismo económico», es un sombrío ejemplo.
Un decreto de Emergencia Económica de abril de 2025 otorga a Maduro poderes extraordinarios, sin control legislativo ni transparencia. Expertos advierten que estas medidas son políticas, no económicas, y profundizan la inestabilidad. Las proyecciones de inflación para 2025 oscilan entre 100% y 180%.
La devaluación del bolívar es implacable, perdiendo 81% de su valor frente al dólar oficial en pocos meses. La escasez y los mercados paralelos son resultado directo de los controles de precios. La cesta básica familiar alcanzó los 726,28 dólares en mayo de 2025, cifra inalcanzable para la mayoría.
Los salarios son miserables. El sector privado gana un promedio de 237 dólares mensuales, mientras que los maestros perciben solo 11,4 dólares. Un venezolano necesita ganar tres veces el salario promedio solo para cubrir la canasta alimentaria. El aumento del «bono de guerra económica» a 120 dólares no compensa el salario base, congelado en 1,5 dólares desde 2022, sin impactar beneficios laborales.
El hambre como estrategia de control y el drama migratorio
La desnutrición infantil es crítica, afectando a 10%-12% de los niños, el doble del umbral de preocupación. Los programas de distribución de alimentos, como el CLAP, son irregulares y de baja calidad. Los servicios públicos colapsan; Zulia, Mérida y Falcón sufren cortes eléctricos de más de 14 horas al día.
La violencia contra comunidades vulnerables es rampante. Se registraron 49 femicidios en el primer trimestre de 2025, es decir, un femicidio cada 59 horas. Además, se documentaron cerca de 150 casos de violencia o discriminación contra personas LGBTIQ+, incluidas muertes bajo custodia estatal.
La migración forzada continúa, con cerca de 7,9 millones de venezolanos fuera del país. Las recientes medidas de Estados Unidos, como el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350.000 venezolanos y la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones aceleradas, han cerrado rutas vitales.
Estas deportaciones, como las de 130 venezolanos a El Salvador, a menudo sin cargos formales y con denuncias de reclusión en centros como el Cecot, lugar de tortura conocido, son flagrante violación de derechos. Las autoridades venezolanas, lejos de criticar el contexto, intentan capitalizar políticamente estas tragedias.
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