Vía Provea
Por tercera ocasión consecutiva, el gobierno de Nicolás Maduro ha desatendido las preguntas formuladas por relatores de las Naciones Unidas (ONU) sobre las graves interferencias, represalias y obstáculos contra la labor de abogados y abogadas en Venezuela.
Así lo confirmó la reciente publicación de una comunicación oficial, fechada el 6 de mayo de 2025, de la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite. El documento se hizo público tras vencerse el plazo reglamentario de 60 días sin respuesta del Estado venezolano, como establece el protocolo de los procedimientos especiales de la ONU para alertar públicamente sobre posibles violaciones de derechos humanos.
En esta oportunidad, la Relatora formuló cinco preguntas centradas en el caso de la abogada María Alejandra Díaz Marín, quien habría sido objeto de sanciones económicas, hostigamiento persistente y procesos disciplinarios como represalia por su ejercicio profesional.
Díaz Marín acompañó, el 30 de octubre de 2024, a un grupo de ciudadanos que introdujo un amparo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no publicar los resultados desagregados de las elecciones del 28 de julio, lo que, según argumentaron, violaría la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, el 5 de noviembre, la Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisible la solicitud y calificó la acción como “temeraria”, imponiendo una multa equivalente a cien veces el tipo de cambio oficial y ordenando abrir un procedimiento disciplinario que suspendió de inmediato el ejercicio profesional de la abogada, pese a que dicha suspensión no está contemplada en la ley.
Posteriormente, el 9 de enero de 2025, Díaz Marín denunció amenazas y acoso, y aseguró que varios familiares fueron detenidos temporalmente para forzar su entrega a las autoridades, bajo acusaciones de terrorismo e incitación al odio.
La Relatora Especial considera que este caso forma parte de un patrón sistemático de intimidación para silenciar a abogados que defienden víctimas de violaciones de derechos humanos, interponen acciones de nulidad o demandas contra funcionarios implicados.
El documento también recuerda que en 2024 otras dos comunicaciones de la ONU quedaron sin respuesta: una sobre la detención del abogado de Foro Penal, Kennedy Tejeda, preso desde agosto de 2024, y otra sobre la desaparición forzada y detención arbitraria del abogado Perkins Rocha Contreras.
La Relatora reiteró preguntas clave para esclarecer la base legal de las sanciones y la suspensión de Díaz Marín, las garantías para la defensa de abogados en riesgo, y la forma en que los procesos disciplinarios en Venezuela cumplen con estándares internacionales de independencia judicial. Además, cuestionó la legitimidad del Colegio de Abogados de Caracas, controlado por una junta ad hoc designada por el TSJ desde hace 15 años sin celebrar elecciones, lo que agrava la falta de garantías para los profesionales del derecho.
Hasta la fecha, el gobierno venezolano no ha emitido respuesta alguna a estas solicitudes, manteniendo su silencio ante la comunidad internacional sobre posibles violaciones graves a los derechos civiles y políticos.
