Durante la 46° sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, celebrada en julio en París, la organización World Heritage Watch presentó un informe que pone en evidencia el deterioro del Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. La proliferación de la minería ilegal y el turismo sin control amenazan su permanencia en esa lista.
Venezuela niega impacto y retrasa misión de monitoreo
El gobierno de Nicolás Maduro entregó a finales de 2024 un informe a la Unesco en el que alega que el 99,97% del parque está libre de minería con potencial dañino. Además, asegura que los límites del Parque Nacional Canaima no se superponen con el Arco Minero del Orinoco, una afirmación que ha sido desmentida por imágenes satelitales e investigaciones de campo realizadas por organizaciones no gubernamentales.
La Unesco lamentó que desde 2022 no se haya podido reprogramar la visita de la Misión de Monitoreo Reactiva, suspendida por Venezuela bajo el argumento de que no existían condiciones para su realización. La última vez que esa misión evaluó el parque fue en 1999, reseñó el diario El País de España.
Ante las evidencias presentadas en la sesión del comité, la Unesco solicitó a Venezuela entregar un nuevo informe actualizado sobre el estado del parque antes del 1 de febrero de 2026, así como una estrategia para controlar el turismo y prevenir la propagación de especies invasoras.
Más de 1.500 hectáreas afectadas por minería
El informe elaborado por World Heritage Watch y la ONG venezolana SOS Orinoco reveló que más de 1.582 hectáreas del parque han sido degradadas por la minería, un incremento de más de 1.300% en comparación con las 122 hectáreas afectadas hace 25 años.
“El borde suroeste del parque está absolutamente minado”, denunció Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco. La organización ha detectado 129 puntos de explotación minera dentro del parque, sin contar las balsas móviles de dragado, que escapan al registro satelital.
Una mina recientemente identificada en las cercanías de Troncal 10, en la zona de la Gran Sabana, preocupa especialmente a los ambientalistas. Se trata de una región donde nunca antes se había documentado actividad minera.
Además, en la llamada zona de amortiguamiento, una franja no legal de 10 kilómetros alrededor del parque, se han identificado 24 nuevas explotaciones, principalmente en la cuenca del río Caroní.
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