Venezuela celebró el 27 de julio elecciones municipales para marcar el fin de este ciclo electoral, que el régimen del presidente Nicolás Maduro utilizó para consolidar su control sobre territorios clave donde se concentran las principales economías criminales del país.
En unas elecciones marcadas por la baja participación y la ausencia de una oposición significativa, el partido gobernante de Maduro se aseguró el control de 285 de las 335 alcaldías en disputa, mientras que los candidatos de la oposición que participaron en las elecciones solo obtuvieron 50, según los resultados oficiales. Con esto, el gobierno obtuvo el control de más municipios que en 2021, cuando obtuvo 212.
Después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 , el régimen comenzó a planificar consolidar su poder a nivel estatal y municipal eliminando a cualquier figura de la oposición que pudiera perturbar sus operaciones criminales corruptas.
El régimen aprovechó la baja participación electoral y la falta de confianza en el sistema electoral para posponer las elecciones legislativas y estatales a mayo, aunque suelen celebrarse cerca del final del año. El partido gobernante obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional y ganó 23 de las 24 gobernaciones, incluyendo Zulia, una región clave para el narcotráfico que ya había perdido junto con otros cuatro estados en las elecciones de 2021.
A principios de 2025, en ciertos municipios del Zulia, por ejemplo, el régimen llevó a cabo una ola de detenciones de alcaldes tanto de la oposición como del partido oficialista, lo que puso de relieve las tensiones internas entre ciertas facciones del régimen.
Análisis de InSight Crime
Los líderes de la oposición local representaron durante mucho tiempo un obstáculo clave para los esfuerzos del régimen de Maduro por consolidar el poder, pero en ausencia de estas estructuras a nivel estatal y municipal, el partido gobernante ha logrado redibujar el mapa político del país y ahora está un paso más cerca de reforzar su control sobre ciertas economías criminales.
Varios municipios y estados se han convertido en piezas clave del panorama criminal venezolano. Amazonas y Bolívar, en el sur, son ahora epicentros de la minería ilegal de oro y coltán; ciertas ciudades costeras desempeñan un papel clave en el transporte de cargamentos de droga hacia Centroamérica y el Caribe; y estados fronterizos con Colombia, como Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, han facilitado desde hace tiempo el flujo de contrabando , en parte gracias a sus extensas redes de trochas o pasos de peatones informales.
El poder político local y el crimen organizado se han entrelazado desde hace tiempo en Venezuela. En el municipio fronterizo de Jesús María Semprún, en Zulia, autoridades políticas y organizaciones internacionales consultadas por InSight Crime acusaron al difunto alcalde Wuyhsmans González de tener vínculos con el Ejército de Liberación Nacional ( ELN ). Funcionarios antidrogas también acusaron a otra exalcaldesa de la misma localidad, Keyrineth Fernández, de facilitar el narcotráfico de Colombia a Venezuela.
Para el régimen, es esencial controlar estos territorios estratégicos, según una fuente que durante años mantuvo estrechos vínculos con el régimen y habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
El hecho de que el partido gobernante asumiera el poder en varios municipios de estas regiones allanó aún más el camino para que el régimen de Maduro consolidara el control político, así como la influencia sobre los flujos del narcotráfico y la minería ilegal, que son dos fuentes esenciales de fondos ilícitos.
En este contexto, el panorama se ve sombrío. «Lo que viene después de las elecciones es que no habrá autoridad, no habrá un alcalde de la oposición en esa zona por donde pasa la droga en Zulia. Es un caso de ‘quítate del medio para que yo pueda tomar el control’, una sustitución de jefes», dijo un funcionario en Zulia que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
InSight Crime ha recibido varias denuncias sobre candidatos políticos locales con presuntos vínculos con grupos del crimen organizado y otras actividades ilícitas. El desmantelamiento de cualquier oposición política solo profundizará el llamado » Estado híbrido » de Maduro, en el que el Estado opera junto con redes criminales para controlar las economías ilícitas.
