Hablar de elecciones en el mundo contemporáneo es hablar de democracia representativa, pero a la vez, hablar de democracia representativa es hablar de Estado de derecho, y adicionalmente, hablar de Estado de derecho es hablar de control del ejercicio del poder, particularmente a cargo de jueces autónomos e independientes, pues en definitiva son estos los que pueden asegurar que se cumplan los cometidos esenciales de dicho Estado de derecho, que son —no hay que olvidarlo—: la preservación de la supremacía constitucional; el aseguramiento del respeto a la soberanía popular; la preservación de la separación de poderes; el aseguramiento de la sumisión a la legalidad de todos los poderes del Estado; la garantía de los derechos fundamentales de las personas e impartir justicia en los conflictos sometidos a su decisión; y asegurar el control de las actuaciones del Estado y la Administración en sus relaciones con los ciudadanos.
Por: Allan Brewer Carías – El Nacional
En otros términos, para que pueda existir un Estado de derecho, en el mismo tiene que estar asegurada la separación y la independencia de los poderes públicos, pues sin control del poder, en definitiva no pueden tener vigencia ninguno de los elementos y componentes esenciales de la democracia como los define la Carta Democrática Interamericana, es decir, no puede haber verdaderas elecciones libres, justas y confiables; no puede haber pluralismo político, ni acceso al poder conforme a la Constitución; no puede haber efectiva participación en la gestión de los asuntos públicos, ni transparencia administrativa en el ejercicio del gobierno, ni rendición de cuentas por parte de los gobernantes; en fin, no puede haber sumisión efectiva del gobierno a la Constitución y las leyes, así como subordinación de los militares al gobierno civil; no puede haber efectivo acceso a la justicia; y real y efectiva garantía de respeto a los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y los derechos sociales.
Es, por tanto, en ese marco general del Estado de derecho, donde puede llevarse a cabo la elección popular de los representantes del pueblo, mediante el ejercicio del sufragio universal, directo y secreto por parte de los electores ciudadanos, por lo que, si ese marco general se rompe o se destruye, no hay forma alguna de que pueda haber elecciones justas, libres, confiables y verificables.
Esa es la situación en la cual nos encontramos en Venezuela, precisamente después de veinticinco años de destrucción sistemática y continua de todos los componentes del Estado democrático de derecho lo que hace que, en la actualidad, sea completamente imposible que pueda haber dichas elecciones libres, justas y confiables, basadas en el sufragio universal directo y secreto.
Ese proceso de desmantelamiento de la democracia, desde adentro y por dentro, si inició en Venezuela, cuando ante una democracia en crisis y desamparada, abandonada por el liderazgo que la construyó durante cuatro décadas, Hugo Chávez Frías, un exmilitar que había intentado dar un golpe militar en 1992, siete años después logró su objetivo de asaltar el poder, pero mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente no prevista en la Constitución entonces vigente, con la cual, ante irresponsables aplausos generales, arrasó con todas las instituciones del Estado democrático de derecho, comenzando, evidentemente, con el asalto al Poder Judicial.
Y fue precisamente la intervención del Poder Judicial la primera medida que la Asamblea Constituyente adoptó en agosto de 1999, procediendo a decretar la remoción de la casi totalidad de los jueces del país, violando la garantía de la independencia judicial.
Lamentablemente, en aquel entonces, la marea constituyente arropó hasta a la Corte Suprema de Justicia, la cual se sometió a sus designios, destituyendo a los jueces sin garantía alguna de debido proceso, llenándose la judicatura con jueces provisorios y temporales, sin estabilidad alguna y sometidos al poder político. Para asegurar ese control político, se le atribuyó al Tribunal Supremo la administración del sistema de justicia, y bastó con que el Poder Ejecutivo controlara a sus magistrados, mediante inconstitucionales nombramientos, para que esa siga siendo la situación actual, 25 años después, asegurándose así que los jueces no tienen ni independencia ni autonomía.
En ese marco, la justicia llegó a su fin en Venezuela, habiendo asumido el Tribunal Supremo, particularmente su Sala Constitucional, ya sometida al control del poder, no el rol que la Constitución le asigna para ejercer con poderosísimos instrumentos el control de constitucionalidad de las leyes y demás actos estatales, sino el rol protagónico de ser nada más ni nada menos que el instrumento del autoritarismo para impedir que la Constitución pudiera tener total vigencia; para ilegítimamente mutar su contenido, sin límites; para desmantelar todas las instituciones del Estado democrático, y para impedir que pueda haber elecciones justas, limpias y confiables.
Una trágica manifestación de ese control político del Poder Judicial fue, por ejemplo, el arrebato efectuado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, ya controlado políticamente, de las competencias de la jurisdicción electoral para impedir, en 2003, que se pudiera realizar un referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez, y el secuestro, al año siguiente en 2004, por parte de la misma Sala Constitucional, del Poder Electoral, es decir, del Consejo Nacional Electoral, nombrando sus rectores, usurpando las funciones que le correspondían a la Asamblea Nacional donde el gobierno aún no había manipulado para lograr mayoría calificada.
El cuadro resultante, en general, ha sido patético, en gran parte pintado por jueces políticamente controlados, entre los cuales se destaca, en primer lugar, como he indicado, al Tribunal Supremo y su Sala Constitucional, que en los últimos lustros se ha dedicado a transformar lo inconstitucional en constitucional, falseando y mutando ilegítima y fraudulentamente las normas constitucionales, para “legitimar” y soportar la estructuración progresiva de un Estado autoritario.
Lo que ha ocurrido en Venezuela no es ciencia ficción, es una patética realidad institucional producto de una Sala Constitucional que, por ejemplo, ha cambiado el régimen de competencias de los estados de la federación; ha impedido la realización de referendos revocatorios del mandato del presidente, convirtiendo incluso el que está regulado en la Constitución en un “referendo ratificatorio”, que no existe; ha eliminado la prohibición constitucional de financiamiento público de los partidos políticos, en beneficio del partido de gobierno ya imbricado en la estructura del Estado; ha eliminado el rango supraconstitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; ha instado al Poder Ejecutivo a denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que en efecto ocurrió en 2012; ha renunciado a ejercer el control de constitucionalidad de las leyes creando el Estado comunal o del Poder Popular en paralelo al Estado Constitucional, en las cuales se ha eliminado inconstitucionalmente el sufragio universal, directo y secreto para la elección de sus miembros; ha declarado la inejecutabilidad en el país de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado venezolano; ha eliminado el principio constitucional pétreo de la alternabilidad republicana, estableciendo la reelección indefinida; ha eliminado la democracia representativa en la elección de juntas parroquiales, y como dije, en la designación de los “voceros” del llamado Estado del Poder Popular o Estado comunal; ha avalado la imposición de inhabilitaciones políticas contra exdiputados y exfuncionarios por parte de un órgano administrativo como la Contraloría General de la República, y sin garantía alguna del debido proceso, impidiendo su participación como candidatos en elecciones; ha decretado la clausura, intervención y secuestro de los partidos políticos de oposición, nombrado sus nuevos directivos pero con personas afectas al gobierno; ha limitado el ejercicio del derecho a manifestar por parte de los ciudadanos, exigiendo permisos no establecidos en la Constitución; ha revocado el mandato popular de diputados y de alcaldes electos, cuando ello solo lo puede hacer el pueblo mediante referendo; ha eliminado la consulta popular de las leyes y decretos leyes establecidas en la Constitución como manifestación de la democracia participativa; ha sofocado al Poder Legislativo a partir de 2016, declarando a la Asamblea Nacional como institución “en desacato”, anulando todos, absolutamente todos sus actos y leyes, incluso los futuros y eliminando sus poderes de control sobre el gobierno y la Administración; e incluso, la Sala Constitucional ha asumido “de pleno derecho”, o sea ha usurpando plenamente la totalidad de las funciones de la Asamblea Nacional..
En fin, puede decirse que, con la intervención política del Poder Judicial, y la pérdida de su autonomía e independencia, lo que se logró en Venezuela fue precisamente la instauración de una “dictadura judicial”, cuya última manifestación, de la cual el mundo entero fue testigo, fue el secuestro de los resultados de la elección presidencial realizada en Venezuela el 28 de julio de 2024, usurpando las funciones del Poder Electoral, para desconocer el triunfo abrumador y universalmente conocido y aceptado del candidato de la oposición.
Esas elecciones fueron un claro ejemplo, para los venezolanos y el mundo entero, de la ejecución de todas las tropelías imaginables realizadas por parte del Estado y sus agentes para impedir que pudiera haber un triunfo de la oposición.
Se sabía por todos y, por supuesto, por el gobierno, que este triunfo de la oposición era inevitable si la elección se dejaba discurrir como democrática, libre, justa, transparente y verificable, por lo que desde el Estado, sus agentes, hizo todo lo posible para impedirlo, produciéndose así, entre otros, como dije, el secuestro de los principales partidos políticos de la oposición; la inhabilitación política de sus principales líderes para impedir las candidatura de quienes tenían probadas opciones de triunfo, como fue el caso de María Corina Machado; la detención y desaparición forzosa y arbitraria de muchos de sus dirigentes; y la desaparición efectiva de la imagen de todos los líderes opositores de todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales, los cuales fueron monopolizados por el candidato del gobierno.
De esta forma, el proceso electoral de 2024, después de la experiencia del referendo consultivo sobre la cuestión del Esequibo celebrado a finales de 2023, cuya opacidad quedó evidenciada en el hecho de que sus resultados de votación nunca se supieron, era evidente que podía considerarse, como lo expresé antes de su realización, como “el proceso electoral en el cual menos garantías ha habido para que pueda considerarse una elección libre, justa, transparente, plural, verificable y auditable, conforme a los más elementales estándares democráticos”.
Y solo fue el gran y extraordinario esfuerzo de coordinación, organización y movilización en defensa del voto que motorizó la oposición democrática liderada por María Corina Machado y su equipo, que actuando con absoluta transparencia, y gracias a la presencia de casi 90.000 testigos de mesa de la oposición en los centros de votación, y a la valentía y espíritu democrático que tuvieron para reunir copias en papel de más del 80% de las actas electorales certificadas expedidas por las máquinas de votación, y escanearlas, registrarlas, digitalizarlas y publicarlas en internet horas después del cierre de la votación, que el mundo pudo tener acceso a los resultados reales del proceso electoral. Frente a lo cual, y en burla a esa realidad, el Consejo Nacional Electoral dio unos resultados, que nadie creyó, sin respaldo probatorio alguno, que fue lo que luego encubrió el Tribunal Supremo de Justicia controlado.
De toda esa experiencia, resulta entonces claro, en mi criterio, que en Venezuela ya no podrá haber otras elecciones en las cuales la oposición pueda participar. Ya el régimen sabe, y lo sabe bien, que nunca más podrá ganar una elección democrática, por lo que las elecciones que se han realizado después del 28 de julio de 2024 y las que realicen en el futuro estarán total, pero totalmente controladas y amañadas, incluso de antemano con la escogencia anticipada de los candidatos a competir, como ocurrió con las elecciones para diputados a la Asamblea Nacional y para gobernadores realizadas hace unos meses y como está ocurriendo con las anunciadas elecciones para alcaldes y demás autoridades municipales, y a las cuales, con toda razón, la oposición democrática no ha participado ni participará.
Pero hay otra votación en puertas en un futuro próximo. No debemos dejar de mencionar que el gobierno anunció que procederá a aprobar un proyecto de reforma constitucional por la Asamblea Nacional que controlan en su integralidad, precisamente para acabar definitivamente con la democracia representativa, eliminando de la Constitución todo lo que estorba al autoritarismo, como es precisamente la elección mediante sufragio universal, directo y secreto, sustituyéndola por una supuesta democracia directa, consecuencia de la constitucionalización del inconstitucional Estado comunal o del Poder Popular, basado en supuestas elecciones a mano alzada en asambleas de ciudadanos controladas por el partido de gobierno seguidas de elecciones indirectas realizadas en la misma forma hasta los niveles nacionales.
Lo grave, ahora, es que esa reforma constitucional ya anunciada, sobre la cual —lo digo con asombro— la oposición democrática sigue sin pronunciarse ni denunciarla, va a ser sometida a referendo aprobatorio, pero con la seguridad de que ya no podrá ocurrir lo que sucedió en 2007 cuando una reforma constitucional similar fue rechazada por el pueblo, sino que ocurrirá lo que sucedió con el referendo consultivo sobre el Territorio Esequibo de diciembre de 2023, y la elección reciente de los diputados, en las cuales, aun cuando nadie fue a votar, anunciaron haber sacado más de diez millones de votos aprobando las preguntas respectivas.
En fin, y para concluir esta breve aproximación a nuestra problemática política, puede decirse que en Venezuela, si sigue el régimen autoritario actual, y se aprueba la reforma constitucional que se está preparando, en el futuro ya no habrá más elecciones democráticas representativas.
