Apenas horas después de que la oposición comenzara a publicar las actas de votación y denunciara el fraude electoral, las protestas ciudadanas sacudieron el país. El gobierno de Maduro respondió con una represión que dejó una veintena de manifestantes asesinados y miles detenidos.
Por: Alessandro Di Stasio – El Nacional
1. Documentación de casos de represión sistemática. Análisis de métodos de control social y político
Casi un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela experimenta una transformación represiva sin precedentes. Una que marca un punto de inflexión en los métodos de control utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro, que ha optado por profundizar los ataques contra la disidencia, como la desaparición forzada de personas, según advierten organizaciones internacionales y analistas consultados por El Nacional.
Entre el 28 de julio y el 15 de junio de 2025, Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 15 personas desaparecidas forzadamente. Es decir, personas que son detenidas por funcionarios de los servicios de seguridad del Estado y de quienes luego no se conoce información sobre su paradero ni estado de salud. Y no son casos aislados, de acuerdo con la ONG, que asegura que forma “parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela”.
Aunque las estrategias no son nuevas, y prácticas similares están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional (CPI) por la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, la escala sí que ha cambiado exponencialmente desde la pasada elección presidencial que tuvo como ganador a Edmundo González Urrutia, según las actas de votación emitidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y luego publicadas por la oposición.
Los registros de la organización Foro Penal, por ejemplo, revelan que al menos 2.200 personas fueron detenidas ilegalmente tras el 28 de julio y que, muy posiblemente, cientos de ellas sufrieron desapariciones forzadas luego de que sus custodios (funcionarios de la GNB, Sebin y Dgcim) ocultaran sus paraderos. Entre esas personas se encuentran casos tan diversos como el de los ciudadanos que fueron apresados por enviar un mensaje de Whatsapp manifestando descontento sobre los resultados anunciados por el CNE, por grabar videos, por estar participando en protestas o cerca de estas, o por ser dirigentes opositores.
En ese sentido, la represión tiene un valor fundamental para el gobierno de Maduro: le ha servido para infundir terror en la población con el fin de paralizarla y mantenerla alejada de las actividades políticas. Esto, sin embargo, con el costo autoinfligido de tener que aumentar la gravedad de los mecanismos represivos y, por ende, exponiéndose a nuevas potenciales sanciones e investigaciones por la violación masiva de derechos humanos en el país.
2. Impacto en la libertad de expresión y asociación
“Debido a la cruenta arremetida represora y a la aplicación de terrorismo de Estado, estamos viendo que ese rechazo no se traduce en un movimiento ciudadano por la liberación ni nada parecido. Y eso es totalmente comprensible. El venezolano, entendiendo que de momento un cambio político no se avizora, pareciera haberse retirado a su fuero más privado, a su situación individual más inmediata, y sus principales preocupaciones han vuelto a ser económicas”, dijo Alejandra Martínez Cánchica, historiadora especializada en estudios latinoamericanos.
Esta situación, en definitiva, ha dificultado enormemente la capacidad de acción de la dirigencia opositora, cuyos líderes se encuentran presos, en la clandestinidad o en el exilio, lo que les impide incidir a nivel público, movilizar a la ciudadanía y desarrollar estrategias.
En ese contexto, a juicio de Martínez Cánchica, existen tres lecciones importantes. La primera, que la organización ciudadana desplegada el 28 de julio para defender el voto demuestra la existencia de una “fuerza colectiva que puede volver a activarse en otro momento”. Una segunda, que muestra al gobierno de Maduro como “una tiranía en estado puro” que debe ser combatido con novedosos mecanismos de resistencia democrática. Y una tercera, referente a un momento geopolítico en el que la democracia liberal ha dejado de ser un factor de entendimiento entre naciones, “que ahora se decantan por relaciones internacionales más pragmáticas con un énfasis en la soberanía del Estado”.
