El gobierno de Nicolás Maduro ha señalado a plataformas como WhatsApp de ser “herramientas de conspiración” al sugerir que son utilizadas para filtrar información y coordinar actos desestabilizadores. Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos digitales coinciden en que el Estado venezolano no puede acceder al contenido de estas plataformas cifradas y que las verdaderas amenazas a la privacidad provienen de prácticas de espionaje digital directo, sostenido y muchas veces ilegal por parte del propio gobierno.
Una investigación de la iniciativa La Hora de Venezuela, que cita datos de organizaciones como IPYS Venezuela, VeSinFiltro y Freedom House, advierte que el gobierno ha construido un ecosistema de espionaje digital que incluye interceptaciones masivas de llamadas, aplicaciones oficiales que recolectan datos sin consentimiento, monitoreo constante de redes sociales y acceso forzado a dispositivos móviles.
¿Cómo funciona el espionaje digital en Venezuela?
Las intervenciones telefónicas a gran escala, que incluyen llamadas, mensajes SMS, geolocalización e incluso tráfico de Internet, todo sin garantías plenas de control judicial, son usadas por el Estado venezolano para vigilar a la disidencia en el país.
En 2021, la empresa Telefónica reveló en un informe que más de 1,5 millones de sus líneas fueron interceptadas en Venezuela, equivalentes a 20% de sus usuarios en el país. Este dato representa 81% de las intervenciones telefónicas reportadas por la compañía en los 12 países donde opera. Otras operadoras, como Digitel y Movilnet, nunca han publicado información similar, lo que deja un manto de opacidad sobre el verdadero alcance del espionaje.
Aplicaciones estatales como VenApp, presentada como app ciudadana para reportar fallas, han evolucionado hasta convertirse en plataformas que permiten identificar opositores, monitorear movilizaciones sociales e incluso generar denuncias anónimas contra ciudadanos. Luego de las elecciones de 2024, esta app fue empleada para mapear “guarimbas” y recoger datos personales de manifestantes.
Desde 2013, el régimen institucionalizó el monitoreo de redes con la creación del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). Casos como el del activista Nelson Piñero, detenido por comentarios en X, demuestran cómo las publicaciones digitales son rastreadas por organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para justificar imputaciones por “incitación al odio”.
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que tras las elecciones presidenciales de 2024, funcionarios realizaron registros arbitrarios de teléfonos móviles en busca de vínculos con la oposición.
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