Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial por el partido de derecha Centro Democrático, murió tras permanecer dos meses en terapia intensiva, luego de haber sido baleado el 7 de junio en Bogotá. Su asesinato marca un punto de quiebre en el escalamiento de una violencia que dejó de golpear exclusivamente a líderes locales y, por primera vez en mucho tiempo, alcanzó a un aspirante presidencial en pleno año electoral.
Por: Víctor Salmerón – El Observador
Los tres disparos que derribaron a Uribe durante un acto de campaña confrontan a Colombia con el asesinato de mayor repercusión política en más de tres décadas. En 1989, Luis Carlos Galán fue acribillado en plena carrera presidencial; al año siguiente, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro fueron asesinados por sicarios. Desde entonces, ningún aspirante presidencial había sido silenciado, aunque la violencia nunca dejó de operar como una amenaza persistente.
En distintos territorios, la violencia es una realidad cotidiana. Las amenazas, los ataques y los desplazamientos se repiten con frecuencia, afectando a comunidades cuya participación política queda condicionada por el peso del conflicto armado, el narcotráfico y la corrupción.
Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -organización que desde 1984 monitorea temas de derechos humanos en Colombia- advierte en un análisis publicado tras el atentado contra Uribe que «aunque algunos insistan en que vivimos en una democracia plena, lo cierto es que aquí aún se arriesga la vida por ejercer la política».
«Entre 2016 y 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados, según un consolidado de datos que hemos revisado. De ellos, 53 eran candidatos al concejo municipal, la mayoría en zonas rurales o municipios intermedios. Nueve eran mujeres, muchas de ellas con procesos comunitarios o de base», destaca González.
«No estamos hablando de figuras nacionales con esquemas de protección, sino de liderazgos locales que se enfrentan a diario al abandono estatal, la violencia criminal y la intolerancia política», agrega.
González señala que muchas de las víctimas no solo aspiraban a cargos públicos, sino que también ejercían como líderes comunales, defensores de sus territorios, activistas ambientales o voceros de sus comunidades. En varios casos, acompañaban procesos sociales o respaldaban candidaturas regionales más amplias, lo que los convertía en blancos especialmente vulnerables.
La Fundación Paz y Reconciliación, que monitorea la violencia en Colombia, informó en marzo que entre el 28 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se registraron 24 hechos de violencia política. Estos incluyen 5 asesinatos, 5 atentados, un secuestro y 12 amenazas, afectando a concejales, alcaldes, gobernadores y miembros de partidos políticos.
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