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Cuba hoy: una historia del mal como forma de Estado

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Por Javier L: Mora

Hace apenas un mes la escritora Zulema Gutiérrez y yo nos presentamos en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana arrastrando un par de maletas llenas de libros, y con el corazón ansioso y estrujado porque abandonaríamos no solo la Isla, sino también nuestra zona de confort emocional entre familiares y amigos. Una vez allí, y realizado el check in, fuimos directamente a la aduana, donde nos retuvieron pasajes y pasaportes, y nos indicaron que esperáramos a varios metros de distancia de la ventanilla en cuestión, mientras nuestros documentos eran llevados a cierta oficina.

Se sabe que el tiempo en tales situaciones de tensión pasa rigurosamente lento, y allí estuvimos, de pie y cargando sendas mochilas repletas igualmente de libros, durante dos larguísimas horas. Supuse que, obviamente, esto era una especie de castigo, el «último pellizco contra nosotros de la dictadura cubana» —como lo nombraron después, cuando hicimos el cuento, en la plataforma cívica Archipiélago—, un juego de nervios en el que el primero en perder los estribos cede la victoria a su contrario. Entretanto, en la oficina a la que habían llevado nuestros documentos entraban y salían, a intervalos, agentes uniformados o de civil de la Seguridad del Estado, seguramente consultándose unos a otros qué hacer con nuestro caso.

Dos horas después nos llamaron de aquella oficina. Un joven vestido de paisano, tal vez un recién llegado a las filas de la represión uniformada en Cuba, nos esperaba sudoroso y visiblemente expectante por la entrevista de rigor que nos haría a continuación. Después de dar algunas vueltas ambiguas en la conversación, con preguntas de control fuera de toda marca motivacional, cayó en el centro de la cuestión: el asunto de nuestra pertenencia a la plataforma cívica Archipiélago y de nuestro activismo político.

Contesté a sus preguntas de buena gana, viendo cómo aquel joven frente a mí fingía anotar alguna cosa sin importancia (letras, signos, nombres…) en algún papel. Un rato después se nos permitió viajar: el joven pasó nuestros documentos a un oficial de uniforme que los llevó justo a la ventanilla de aduana en la que antes nos habían sido retenidos.

Sirva este relato para entender la anomalía de la situación cubana: el simple acto de que un Estado, a través de sus órganos de represión y control, se arrogue el derecho de retener en aduana los documentos de viaje de un ciudadano cualquiera; el asunto de segregarlo de una fila frente a todos, y de hacerlo a un lado como si se tratara de un criminal perseguido por la ley; el caso de obligarlo a una entrevista para entender si concederle o no un permiso de viaje, e incluso la posibilidad latente de impedirle simplemente salir del país —todo esto, claro está, por motivos de naturaleza política—, son apenas una mínima muestra de lo que ese Estado representa, es decir, de su genética dictatorial.

Vengo de un país llamado Cuba en el que una facción paramilitar, todavía hoy en el poder, tomó por la fuerza el control de la Isla después de dos años de guerra civil, y transformó, desde su llegada en 1959, el destino de las cuatro siguientes generaciones de cubanos en un calvario humano y material; vengo de una nación donde el actual Gobierno sustituyó una dictadura de siete años por otra más larga y cruenta de 66 años; vengo de vivir toda mi experiencia vital bajo el signo de un Estado despótico y totalitario, cuyo único interés no es servir al ciudadano común, sino mantenerse enquistado en su dominio absoluto de la Isla.

Hay cifras no oficiales que indican que hoy el índice de pobreza en el país es de casi un 87% de la población; pero el Gobierno cubano sigue hablando en los medios de «conquistas sociales» y de «construcción del socialismo», mientras culpa de los males congénitos del sistema al embargo de EEUU. Hay organismos que señalan que Cuba tiene confinados a más de mil presos políticos; mientras el régimen alardea de su «democracia socialista» y del respeto a los derechos humanos y cívicos.

La llamada «Revolución» ha fracasado en todos los órdenes, y ha hundido en el abismo de la desesperación y la miseria a los cubanos de la Isla. Pero el daño es, por supuesto, todavía incalculable: no se trata solo de que el país ha sufrido en los últimos años la mayor ola migratoria de su historia, sino de la desesperanza de toda una nación que ha visto cerrarse sobre ella las nubes de un futuro cada vez más precario, asfixiante e incierto, y que ha tenido que abandonar la Isla detrás de un mañana tal vez mejor en tierra extraña; no se trata solo de que hoy vivan en el exilio, desperdigados por el mundo cual semillas de tierra fracturada, unos cinco millones de mis connacionales, sino de la desintegración celular de la familia cubana; no se trata solo de que el régimen de la Isla desconozca su propia Constitución, en la que figuran derechos como la libertad de expresión y manifestación pacífica, sino de la abierta criminalización del disenso, de la represión política gubernamental, del odio ideológico practicado sobre el cuerpo social del país sin asomo alguno de culpa.

No se trata siquiera de esa culpa que el Gobierno cubano no acaba de asumir por su tiránico egoísmo natural, sino de la deuda, impagable ya, que este tiene con su propio pueblo, entre muertos en el estrecho de la Florida o la selva del Darién, en conflictos militares en África o América Latina; entre las carencias cotidianas de todo tipo y la precariedad de un sistema de salud cada vez más ineficiente; entre la falta de agua o de electricidad en la mayor parte de la Isla y el sufrimiento generalizado de sus habitantes.

El cubano, pueblo noble y alegre en esencia, ha aprendido a sobrevivir en condiciones que provocarían, de ser testigo, el espanto de cualquier otro país o pueblo. El cubano ha insistido, de mil modos distintos, en hacerle saber al Gobierno abusivo que oprime sus derechos fundamentales que el país necesita un cambio político profundo y radical, una senda de luz y democracia que garantice no solo sus derechos, sino también su estabilidad económica, su desarrollo personal; el marco legal, sin exclusión política, que viabilice su voluntad de crecer y trascender, según talentos propios.

Pero el Estado, como escribió Henry David Thoreau, «nunca se enfrenta voluntariamente con la conciencia intelectual o moral de un hombre, sino con su cuerpo, con sus sentidos. No se arma de honradez o de inteligencia, sino que recurre a la fuerza física».

Y así vimos pasar a Oswaldo Payá, Premio Sajarov y cinco veces nominado al Premio Nobel de la Paz, excelso fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, una agrupación cívica que en los años 90 procuró hacer valer cierto estatuto constitucional, hoy derogado, para que el Gobierno cubano aplicara el Proyecto Varela, un proyecto cuya sustancia implicaba la apertura del país a un mínimo de democracia, y que el Gobierno desoyó, desestimó y censuró sin cansancio. (Payá murió en el año 2012, en un trágico y oscuro accidente de tránsito. En 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado cubano era responsable de su muerte).

Y así vimos cómo un grupo de jóvenes artistas y escritores de la capital, en noviembre de 2020, se agruparon sin previa coordinación frente al Ministerio de Cultura de Cuba, exigiendo el respeto a la libertad artística, de expresión y manifestación, a raíz de una violenta intromisión policial en la sede del Movimiento San Isidro, donde algunos de los miembros de esta última organización llevaban días en huelga de hambre para reclamar la excarcelación de uno de sus miembros. Aquellos jóvenes artistas y escritores que pedían un diálogo abierto y oficial con el Gobierno a través del Ministerio de Cultura, protagonistas de la protesta y del plantón pacífico frente a la sede de ese ministerio en La Habana, fueron testigos no solo de la frustración de cualquier amago de diálogo con el régimen, sino además de la reprimenda policial que recibiera un colectivo de mujeres integrantes de la protesta, justo frente a ese ministerio, mientras el propio ministro de Cultura agredía verbal y físicamente a un periodista independiente que filmaba la escena.

Así sucedieron, en julio de 2021, las mayores y más masivas protestas que hayan ocurrido en Cuba en el período post-1959, cuando miles de cubanos salieron a las calles del país a pedir libertad y cambio de sistema, y fueron violentamente reprimidos por la Policía política. Hoy, dos tercios de los presos políticos que tiene el país guardan prisión desde esa fecha.

Así también se organizó Archipiélago: una plataforma cívica integrada por cubanos de dentro y fuera de la Isla, que aboga pacíficamente por la libertad incondicional de los presos políticos y por los cambios urgentes y democráticos que el país necesita, y cuyo gesto fundamental fue la organización de una Marcha Cívica por el Cambio, programada para el 15 de noviembre de 2021, que se viera frustrada gracias a la militarización que sufrió el país en esas jornadas, y por la ingente presión de los aparatos de control del Estado cubano sobre todos los organizadores de la plataforma.

El civismo y la honradez siguen tratando de abrir en Cuba, a golpe de entereza y de razón, la compleja madeja ideológica y política que mantiene atada a la sociedad cubana en general, en la figura de otros disidentes, activistas, intelectuales o simples ciudadanos, como la historiadora y profesora universitaria Alina Bárbara López Hernández, a quien se debe la iniciativa que mueve a varios dentro del país, el 18 de cada mes, junto a algún busto del héroe nacional cubano del siglo XIX, como forma de protesta pacífica por la liberación de los presos políticos, y para exigir la organización de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna participativa, plural, enteramente democrática y desideologizada.

Pero el Gobierno cubano no parece estar interesado en dialogar con (o escuchar a) las distintas voces que, desde la sociedad civil o la oposición en general, le exigen el respeto de derechos humanos. Parapetado en una institucionalidad servil creada ad hoc por él mismo, y que justifica su dominio absoluto e intrafamiliar del ecosistema político cubano, se dedica solo a defenderse de los reclamos de libertad que el pueblo de la Isla viene exigiéndole desde hace mucho tiempo. En Cuba, las leyes no se crean en función del equilibrio económico, político o social de las partes integrantes del cuerpo de la nación, sino con la intención abierta o solapada, pero siempre palpable, de solidificar en el poder a la clase parásita, burócrata y militar del país; es decir, para justificar el atropello constante del Estado cubano contra su propio pueblo.

El arte, por ejemplo, ha visto entronizarse en el cuerpo de leyes de la República al oneroso Decreto-Ley 349 que, desde 2018, no solo regula la libre circulación artística y cultural de la Isla, sino también la temática de su producción, al concederle permisos extraordinarios de censura y amonestación al Gobierno cubano sobre el trabajo creativo de la masa artística.

¿Cuántos artistas son presos políticos en la Isla? ¿Cuántos de ellos son poetas, escritores, artistas visuales, gente del grafiti o del teatro?

Dice algún personaje de Svetlana Aleksiévich, en su Voces de Chernóbil, que «el mal, en sustancia, no es algo por sí mismo, sino privación del bien, así como la oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz». Todavía hoy, y desde 1959, el mal que cubre por entero a mi país, como una sombra ideológica de nefastas e incalculables consecuencias, es un Estado y Gobierno totalitarios cuya práctica de control ciudadano llega incluso al absurdo de regular la salida del país de cualquier individuo que se le enfrente; un sistema dictatorial que le ha cerrado el paso a la única luz que podría rescatar a la Isla: hablo de una luz que se traduce en respeto a la diferencia política, al pensamiento crítico, a la libertad de expresión; hablo de un estándar de democracia que garantice, para todos, el bienestar individual en la nación.

Este texto fue publicado en Facebook y se reproduce con autorización del autor. Una versión del texto fue leída en el Centrum Wielokulturowe w Krakowie, Cracovia, el pasado 6 de agosto, en un encuentro con residentes de la red de ICORN de Polonia. 

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