El juez Peinado sigue encontrando pruebas que dificultan la situación jurídica de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La investigación judicial ha incorporado una nueva imputación, la quinta, y en sus últimos escritos el magistrado sostiene que existen «intentos de ocultar datos y fechas» por parte de la investigada, lo que agrava aún más su panorama penal, según avanza Libertad Digital.
El instructor considera que las maniobras de la defensa se han basado en negativas, retrasos y en una actitud poco colaboradora. Gómez ha evitado responder a determinadas preguntas, ha asegurado en ocasiones desconocer los motivos de la acusación y ha demorado la entrega de contratos y correos electrónicos relacionados con su actividad en la Universidad Complutense.
Entre las diligencias ordenadas ahora por el magistrado se encuentra el acceso al registro de llamadas entrantes y salientes de Cristina Álvarez, la asistente que acompañaba de forma constante a Gómez. Según el juez, esta funcionaria eventual de Presidencia tenía entre sus cometidos organizar la agenda, gestionar el correo y encargarse de la seguridad y el protocolo en los actos de la mujer del presidente. Sin embargo, hay indicios de que también realizó gestiones vinculadas a intereses privados.
El propio vicerrector de la Complutense, Antonio Doadrio, declaró que mantenía numerosos correos electrónicos tanto con Gómez como con Álvarez, a la que identificó como persona de confianza que la acompañaba a la universidad y recibía en su nombre la correspondencia oficial. Además, en el sumario figura un correo dirigido a una directiva de REALE Seguros en el que se pedía directamente la continuidad de la compañía como patrocinadora de un máster, lo que para el juez excede de las competencias de una asesora pública.
Peinado interpreta estos movimientos como indicios suficientes para vincular a Gómez con empresas del Grupo Barrabés, a las que presuntamente habría beneficiado a través de su posición académica y de los recursos institucionales puestos a su disposición. En su auto habla de una «desviación de funciones» que convierte en beneficio privado lo que debía ser un trabajo ligado a la Administración.
Otro aspecto señalado en la investigación es la relación personal entre Begoña Gómez y su asistente. Para el juez, esa amistad previa explicaría la designación de Álvarez como personal de confianza en Presidencia y el posterior uso de ese cargo para reforzar actividades privadas de la esposa del presidente. Esto, advierte, supondría una utilización indebida de recursos públicos dentro de la propia estructura de la Presidencia del Gobierno, lo que habría incrementado su influencia política y empresarial.
