En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, organizaciones de derechos humanos alertan que en Venezuela esta práctica se ha consolidado como una política estatal de represión contra la población civil.
Según un informe especial de Provea, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 se documentaron 23 casos de desaparición forzada en el marco del recrudecimiento represivo tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Los patrones revelan que estas desapariciones han pasado de ser selectivas y de corta duración, como en 2014, a masivas y prolongadas.
Desapariciones tras las protestas post-electorales
El informe denuncia que dirigentes sociales, políticos y defensores de derechos humanos han sido detenidos arbitrariamente, incomunicados y trasladados a recintos del SEBIN, DGCIM, PNB, GNB y CICPC, donde sus familiares no obtienen información sobre su paradero ni sobre su estado físico y mental.
Los tribunales y el Ministerio Público —obligados a garantizar la ubicación inmediata de los detenidos— niegan información, omiten registrar los casos en sus sistemas automatizados y bloquean acciones de habeas corpus, violando el artículo 27 de la Constitución. Incluso, abogados de confianza son apartados de los procesos y sustituidos por defensores públicos impuestos.
Instituciones que omiten actuar
El informe responsabiliza directamente al Fiscal General, Tarek William Saab, y al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, quienes, pese a tener atribuciones legales para investigar y visitar centros de detención, se niegan sistemáticamente a recibir denuncias o realizar diligencias.
“La negativa coordinada de las instituciones constituye una política de omisión deliberada que institucionaliza la desaparición forzada como herramienta de control social”, señala el documento.
Impacto sobre las familias y las víctimas
Los familiares se ven obligados a recorrer comisarías y cuarteles en busca de información, mientras enfrentan angustia, indefensión y la imposibilidad de acceder a la justicia. La prolongada incomunicación aumenta el riesgo de que los detenidos sean sometidos a tratos crueles, tortura y violaciones graves de derechos humanos.
Con esta situación, Venezuela se aparta aún más de los estándares internacionales y profundiza un patrón de terrorismo de Estado que busca acallar la disidencia política y social.
