Procesos judiciales contra funcionarios chavistas detenidos son arropados por el silencio

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El caso del diputado Julio César Torres nuevamente sacó a colación la vinculación de funcionarios oficialistas con graves delitos. Desde el chavismo se ha reiterado que “no van a acompañar a ningún delincuente”, pero más allá de lo público de las detenciones, el silencio envuelve los procesos judiciales de estas personas.

Tal Cual

Torres fue el último de una serie de militantes del PSUV detenidos por narcotráfico. Al diputado del Movimiento Tupamaro le fue allanada su inmunidad parlamentaria, previa solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 20 de agosto.

Según dijo Pedro Carreño, el parlamentario fue apresado en flagrancia por posesión de drogas, aunque no ofreció mayores detalles sobre el día de su detención, la cantidad de droga incautada, el sitio donde fue arrestado o el cuerpo de seguridad actuante.

Torres es el tercer diputado en el periodo 2020-2025 del parlamento cuya inmunidad es allanada. Todos han sido por delitos vinculados al tráfico de drogas y corrupción, pero en ninguno de los casos se conoce si han sido condenados de manera firme por un tribunal.

Desde hace 10 años, la cúpula del PSUV ha informado sobre el arresto de al menos 13 personas que formaban parte de su estructura o estaban vinculados al partido, pero se desconoce su estatus judicial o, en algunos casos, su sitio de detención.

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El abogado y defensor de derechos humanos Joel García señala que el “proceso” de estas personas vinculadas al oficialismo, “no es diferente al de los presos políticos, quizá no incomunicados en cuanto a visita de familiares, pero igualmente se les viola el debido proceso, sin derecho a designar defensor de confianza, pero sus casos no son del dominio público porque sus familiares no denuncian o tienen temor de denunciar”.

Por parte del Ministerio Público o tribunales tampoco se provee información, a pesar de que las detenciones fueron reseñadas de manera pública.

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