Ante la alarma existente sobre las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos para declararle la guerra al narcotráfico y en particular, al régimen tiránico de Nicolás Maduro, a quien identificamos como una Organización Criminal Trasnacional, he tenido interesantes conversaciones con distintas personas con conocimiento en este tema, y una de las más interesantes e importantes fue con un oficial de la Fuerza Armada Venezolana, general de División, cuyo concepto de “soberanía» esta impregnado en él no solo por su carrera, sino por la claridad de los conceptos que ningún venezolano, civil o militar, debe olvidar.
Por: Tamara Suju – El Nacional
Comenzamos hablando de lo legal. Si atendemos estrictamente lo previsto en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público” y que “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, deberíamos tener juramentado en Venezuela a Edmundo González Urrutia, desde el 10 de enero de 2025.
Es decir, en nuestro país opera un régimen de facto que ocupa ilegalmente el territorio, aplicando el terrorismo y apoyándose en alianzas con grupos paramilitares, la guerrilla colombiana —que controla más de un tercio del territorio nacional—, y organizaciones extranjeras como Hezbolá, además de recibir asesoría de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, contingentes cubanos e incluso efectivos militares rusos que, portando uniformes venezolanos, han sido denunciados en medios internacionales.
El general hace énfasis en que el proceso contó con la seguridad de efectivos del Plan República en todos los centros de votación del país, que no solo garantizó la verificación de las actas originales por parte de los testigos de mesa, sino que numerosos militares uniformados confirmaron públicamente las actas que otorgaban la victoria a González Urrutia, hoy en el exilio forzado. Los militares fueron testigos claves de la victoria de quien es el presidente electo de todos los venezolanos. Sin embargo, el régimen de facto de Maduro desconoció la voluntad popular.
En este contexto, se configuró un golpe de Estado continuado con la juramentación de facto de Nicolás Maduro, quien encabeza un entramado criminal transnacional que ha entregado la soberanía y la independencia nacional a fuerzas extranjeras. En un país sin garantías ciudadanas, con ingobernabilidad generalizada y ausencia de atención a las necesidades básicas de la población, se puede afirmar con certeza, que Venezuela ya no es una república democrática capaz de relacionarse con legitimidad en el concierto internacional.
Desde hace años, el territorio venezolano ha sido plataforma para el tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos y Europa, actividades desestabilizadoras en América, terrorismo, lavado de activos, tráfico de armas, oro, coltán, torio, diamantes y tierras raras, siempre con el respaldo de organizaciones criminales y de la guerrilla colombiana. Ello ha convertido al país en una amenaza en ejecución para todo el continente americano, incluida la seguridad de los Estados Unidos. El General en nuestra conversación lo describe como una “cabeza de playa” de los enemigos de Occidente y del sistema interamericano, en particular contra el pueblo estadounidense.
En agosto de este año, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que la administración de Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. Además, incluyó al “cartel de los soles” en la lista de organizaciones terroristas, junto con el grupo criminal transnacional conocido como el Tren de Aragua. Estas acciones refuerzan una conclusión evidente: Venezuela ha perdido su soberanía. Hoy, Venezuela está ocupada por una alianza de fuerzas ilegítimas, el país dejó de ser una república democrática y se transformó en la base de operaciones de una organización criminal transnacional.
El poder en Venezuela no emana del pueblo ni se somete a su soberanía, como ordena la Constitución. Por el contrario, se ejerce mediante el terror contra la propia población, la ejecución de Crímenes de Lesa Humanidad con el apoyo de oficiales de la dictadura cubana y con apoyo de mafias y estructuras extranjeras. La expansión del ELN colombiano en suelo venezolano y el fortalecimiento de grupos como el Tren de Aragua son prueba de esta dinámica. Se trata de un régimen que ha mutado en una mafia que persigue, encarcela y elimina la disidencia, agravando la crisis migratoria en toda la región.
Para muchos militares institucionales, dice el general, no es extraño que Estados Unidos, en el marco de una política de contención al narcotráfico y al terrorismo, despliegue la IV Flota con el respaldo de aliados como Francia, Países Bajos, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Paraguay y Argentina. La seguridad continental exige actuar antes de que la amenaza alcance un punto irreversible.
Nuestra conversación finalizó precisamente sobre el tema de la responsabilidad inmediata que tienen los integrantes de la Fuerza Armada Nacional. No se trata de escoger bandos, sino de cumplir lo que establece el artículo 328 de la Constitución: defender la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024. Hasta ahora, la Institución ha convalidado un golpe de Estado y respaldado a una mafia transnacional.
La historia enseña que la independencia de Venezuela nació del apoyo internacional solicitado por nuestros próceres en 1810. Hoy, esa misma solidaridad continental es vital. Pero el primer paso depende de los venezolanos, y en especial de su Fuerza Armada, que debe decidir si seguirá sirviendo a un régimen criminal o si recuperará la libertad de la nación.
