Corrupción, conductas indecorosas y sospechas de purgas dentro del chavismo abren un nuevo capítulo en la crisis del sistema judicial en Venezuela.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre el arresto de 14 fiscales y jueces que, según el comunicado, suman 592 exfuncionarios del Ministerio Público que han sido procesados por corrupción desde el inicio de su gestión.
Tarek William Saab fue designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente para ejercer el cargo en 2017. Sin embargo, en las recientes detenciones figuran fiscales de alto mando cercanos a Saab.
Este y otros detalles han llevado a algunos analistas a cuestionar si se trata de una purga del chavismo contra el fiscal general, a medida que aumenta el conflicto con EE.UU. y la desconfianza entre los altos mandos que forman parte de la administración de Nicolás Maduro.
«Pases de facturas o revanchas internas»
El abogado Carlos Lusverti, consultor de la Comisión Internacional de Juristas, dijo a DW que estas detenciones «tienen que ver con pases de facturas o revanchas internas, es decir, estas redes de corrupción que aparecen ahora denunciadas han podido tocar intereses de otros sectores».
En su opinión, se trata de un reacomodo relacionado con un contexto internacional más restringido, en el que «estos grupos informales tienen unos ámbitos de acción más limitados».
En efecto, los 14 fiscales detenidos pertenecen al estado Carabobo e incluyen al fiscal superior de esa entidad. Y, hace unos días, en medio de la investigación por corrupción del Ministerio Público, fue hallado el cuerpo sin vida del exfiscal superior auxiliar de Carabobo, Luis Enrique Maldonado Vásquez.
Su muerte, que se presume como suicidio, ocurrió luego de haber sido nombrado por Tarek William Saab en sus redes sociales como sospechoso en la trama de extorsión que investiga el ministerio.
Cercanos al fiscal general
Como parte de la investigación sobre tramas de extorsión dentro del Ministerio Público, el organismo de inteligencia del Estado (SEBIN) ha conducido una serie de interrogatorios a personas claves.
Entre esas personas destacan el fiscal Farik Mora Salcedo, quien lleva los casos de presos políticos y que ha sido denunciado por la oposición por participar en actos de tortura durante interrogatorios.
El SEBIN también interrogó a tres directores del Ministerio Público: Marvin Emperatriz González Barrios, directora contra la corrupción; Ángel Fuenmayor, director de delitos comunes; y Orlando Peña, director de delincuencia organizada.
Aunque no se conocen los nombres de los detenidos, estos mencionados permanecen desaparecidos y fueron todos designados por Tarek William Saab y respondían directamente a él.
Laura Louza, directora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, que monitorea la administración de justicia en Venezuela, indicó a DW que lo más increíble de estas detenciones es que «muchos de ellos estaban justamente en la dirección de control de corrupción del Ministerio Público. Entonces, si los propios jueces y fiscales que se ocupan de hacer justicia en esa área son corruptos, pues ¿cómo puede haber justicia?»
Impunidad en Venezuela
Desde hace años, la impunidad es un problema estructural del poder judicial en Venezuela y así lo han denunciado varias organizaciones internacionales incluyendo la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU y la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. Además, el World Justice Project posicionó a Venezuela en el puesto 142, el último lugar de su Índice Global de Estado de derecho.
Para Lusverti, «la impunidad es un problema estructural que va más allá de la situación particular de Saab» y «el debido proceso es una garantía que se ha vuelto ilusoria a lo largo de estos últimos años» en el país.
Acceso a la Justicia concuerda, ya que estos procesos de purga dentro del sistema judicial «corroboran lo que siente el ciudadano, que la administración de justicia en Venezuela es corrupta y al final favorece al poder, e incluso deja impune a quien hace parte del poder», subraya Louza.
Purga se enciende con el conflicto con EE.UU.
Este nuevo escándalo dentro del sistema judicial venezolano surge en medio de un conflicto con EE.UU. que ha dejado al menos 14 muertes y dos barcos hundidos en el mar Caribe provenientes de Venezuela, presuntamente de narcotraficantes.
El Gobierno de Donald Trump ha sido enfático en dirigir un despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico que proviene de Venezuela y responsabiliza directamente a Nicolás Maduro como jerarca del Cartel de los Soles.
Una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro ha elevado los niveles de desconfianza entre los altos mandos que conforman el régimen autoritario venezolano.
La presión externa de EE. UU.
Para la periodista de investigación especializada en crimen organizado, Ronna Rísquez, estas detenciones representan una «purga parcial que está afectando al fiscal general», según dijo a DW. Rízquez cuestiona que el detonante hayan sido las tramas de corrupción. «Todo esto debe entenderse en el contexto de la situación política o bélica que hay con EE.UU.», resalta.
Para el abogado Lusverti, este escenario resulta confuso aún porque aunque existen distintas facciones dentro del poder en Venezuela, la presión externa «lo que termina por hacer es que las distintas facciones se alineen más bajo la lógica de tratar de prevalecer en el Gobierno».
Sin embargo, Lusverti tampoco descarta que alguna de las distintas facciones «podría estar generando todas estas persecuciones internas, ya que es a lo que apuestan factores externos para la ruptura del poder desde adentro».
Dentro del contexto de presión externa de EE. UU. hacia el régimen de Nicolás Maduro, una purga no es lo más extraño que pueda suceder dentro del chavismo. «El temor a traiciones y delaciones» son motivaciones que Ronna Rísquez valora en esta nueva saga, pero advierte que «no necesariamente significa que vayan a cambiar la estructura del sistema judicial, lo que están cambiando son los nombres y las lealtades, quizás».
