La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó este viernes su último informe sobre la situación de derechos humanos en el país, correspondiente al período septiembre 2024 – agosto 2025.
El documento concluye que las autoridades judiciales bajo el régimen de Nicolás Maduro facilitaron y encubrieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como parte de una política de Estado dirigida a suprimir a la oposición y a quienes son percibidos como tales.
Datos destacados del informe:
- Violencia sexual y de género: 22 casos documentados en seis estados, incluyendo mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad. Se registran prácticas como sexo transaccional coercitivo, posibles actos de esclavitud sexual, descargas eléctricas en genitales y desnudez forzada.
- Niños, niñas y adolescentes: 220 detenciones entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025 (187 niños, 22 niñas y 11 cuyo género no ha podido ser determinado), con edades de 12 a 17 años. Dos adolescentes fueron asesinados en el contexto de protestas postelectorales y cuatro permanecen detenidos.
- Periodistas y trabajadores de la prensa: 18 detenciones nuevas entre agosto de 2024 y agosto de 2025. En total, 99 trabajadores de la prensa fueron detenidos en 2024, un aumento del 254% respecto a 2023. Al cierre del informe, 11 periodistas permanecen detenidos por ejercer su labor periodística y otros tres por activismo político. Los cargos incluyen terrorismo, instigación al odio y difusión de noticias falsas. Se documentaron además 199 casos de intimidación, 127 de censura y 80 de hostigamiento judicial.
- Desapariciones forzadas: 30 casos documentados, 12 de ellos bajo criterios estrictos de desaparición forzada, incluyendo hombres, mujeres y menores de edad.
- Muertes durante protestas: 25 muertes registradas en el contexto postelectoral, sin vinculación con líderes de la oposición. Cinco ocurrieron bajo custodia y tres estuvieron directamente relacionadas con negligencia estatal y falta de atención médica.
La Misión de la ONU concluye que las autoridades venezolanas han contribuido de manera deliberada a la concreción de esta política de represión, facilitando violaciones de derechos humanos y asegurando su encubrimiento, en incumplimiento de obligaciones constitucionales e internacionales.
