Un demoledor informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, órgano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha confirmado que en Venezuela se ha aplicado una política de represión sistemática que, entre julio de 2024 y agosto de 2025, derivó en crímenes de lesa humanidad. El documento, que se presentará oficialmente este lunes, detalla ejecuciones en manifestaciones, muertes en centros de detención, más de 2.200 arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones y violencia sexual como parte de un patrón de persecución política.
Los investigadores sostienen que esta oleada represiva comenzó tras las presidenciales del 29 de julio de 2024 y se intensificó durante la investidura de enero de 2025 y las elecciones regionales de mayo del mismo año. En esas fechas se concentraron cientos de arrestos de opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y hasta familiares de dirigentes contrarios al chavismo, además de personas extranjeras.
El informe identifica a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN y la DGCIM como los principales ejecutores de esta política. Se documentaron detenciones sin orden judicial, irrupciones violentas en domicilios por individuos encapuchados y traslados en vehículos sin identificación. Muchas de las víctimas declararon haber sido interceptadas en la calle o sacadas de sus casas bajo amenazas.
La Misión acusa también al sistema judicial y al Ministerio Público de actuar con fines políticos, avalando detenciones ilegales y aplicando de forma arbitraria la legislación antiterrorista y la llamada Ley contra el Odio para criminalizar la disidencia.
En materia de violencia letal, el informe atribuye al menos 30 muertes a la represión estatal, 25 en protestas y cinco bajo custodia. Incluso después de su excarcelación, tres personas fallecieron por el deterioro de su salud, consecuencia de las condiciones de encarcelamiento. En casos como la protesta de San Jacinto, en Maracay, se comprobó que los disparos que mataron a manifestantes provinieron de cuerpos de seguridad bajo supervisión de mandos presentes en el lugar.
El documento de la ONU denuncia un uso generalizado de la tortura: golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación de agua y comida. Centros como Tocorón y Tocuyito fueron señalados por su hacinamiento, falta de atención médica y condiciones insalubres que, en varios casos, derivaron en muertes bajo custodia.
Otro de los aspectos más graves es la existencia de al menos 30 desapariciones forzadas, 12 de ellas verificadas plenamente según estándares internacionales. Los desaparecidos permanecieron incomunicados durante semanas, sin acceso a abogados ni contacto con sus familias, mientras las autoridades negaban sistemáticamente los habeas corpus presentados.
La violencia sexual fue utilizada como mecanismo de intimidación, especialmente contra mujeres, adolescentes y personas LGBT detenidas. La Misión registró abusos como desnudez forzada, amenazas de violación, abusos sexuales y relaciones coercitivas impuestas por funcionarios.
El impacto alcanzó también a la infancia. Al menos 220 menores fueron arrestados en el marco de las protestas y de la toma de posesión de 2025. Niños y adolescentes sufrieron incomunicación, malos tratos, procesos judiciales sin garantías e incluso violencia sexual, en abierta contradicción con el principio del interés superior del menor.
