En la Venezuela actual, la de la narcotiranía entrópica y deshilachante, el poder ya no se expresa a través de instituciones visibles ni de cadenas de mando tradicionales. Se ha transformado en una estructura tentacular que recuerda a un gran pulpo rojo cuyo centro -encarnado en Nicolás Maduro- coordina, permite o simplemente tolera la expansión de múltiples brazos criminales. Estos tentáculos, alimentados por el narcotráfico, la corrupción policial, las bandas armadas y la violencia extrajudicial, sostienen un sistema que opera a través del miedo y la intimidación. Son extensiones de un Estado que ha delegado, de forma deliberada o conveniente, funciones de control social en actores criminales que actúan con una impunidad que sería imposible sin protección política.
Por: Luis Manuel Marcano – El Nacional
En el núcleo de esta maquinaria se encuentra una lógica de poder basada en la lealtad, no en la legalidad. Desde allí se articula una red en la que cada actor -funcionario corrupto, jefe de banda, líder de colectivo o comandante policial- cumple un rol específico. No hacen falta órdenes escritas ni instrucciones formales: basta con un clima de permisividad generalizado y la certeza de que quien coopera será protegido. El resultado es un ecosistema donde la frontera entre crimen organizado y estructura estatal se ha desdibujado hasta volverse irreconocible.
Uno de los tentáculos más evidentes es el de las bandas locales, que operan tanto en barriadas urbanas como en zonas rurales. En estos territorios, el Estado ha cedido espacio y, en algunos casos, autoridad. Estas organizaciones no actúan solo como grupos delictivos; también son operadores políticos informales. Controlan comunidades, vigilan movimientos de líderes opositores, y ejercen presión sobre cualquier foco de organización social independiente. A cambio reciben armas, protección judicial y libertad para manejar economías ilícitas. El régimen obtiene algo crucial: la capacidad de tercerizar la intimidación, sin asumir públicamente los costos de la represión directa.
Otro tentáculo, más expansivo y sofisticado, es el del Tren de Aragua. Este grupo criminal, originalmente surgido en cárceles venezolanas, se ha convertido en una franquicia del delito con presencia regional. Su crecimiento, imposible sin la tolerancia estatal, lo ha transformado en un operador útil para el régimen. Dentro de Venezuela controla extorsiones, secuestros, tráfico de migrantes y territorios enteros que funcionan como “pequeños Estados” paralelos. En momentos políticamente sensibles, el grupo puede actuar como fuerza de choque, imponer disciplina territorial o difundir miedo. Su expansión internacional, además, permite al poder venezolano proyectar influencia fuera de sus fronteras y, simultáneamente, alimentar narrativas negativas sobre la diáspora.
El narcotráfico constituye otro de los brazos fundamentales. No es un fenómeno aislado gestionado por actores externos, sino un sistema incrustado en estructuras militares y policiales. En varias regiones del país, estas economías ilícitas financian operaciones clandestinas, sostienen lealtades y sirven como fuente de información privilegiada sobre los movimientos de opositores. Los corredores fronterizos, los aeropuertos clandestinos y las rutas marítimas son espacios donde convergen intereses criminales y estatales. Allí se organiza desde la logística de envíos de droga hasta la vigilancia informal de líderes sociales, actuando como un órgano más del organismo central.
Las fuerzas de seguridad, lejos de constituir un contrapeso, actúan como otro tentáculo del sistema. Funcionales a la misma lógica de impunidad, operan con discrecionalidad absoluta. Allanamientos sin orden, detenciones arbitrarias, desapariciones breves y seguimientos sistemáticos se han normalizado. Estos cuerpos se activan especialmente cuando el régimen percibe amenazas políticas: protestas, articulación de movimientos opositores, denuncias públicas o procesos electorales. Su función no es garantizar seguridad ciudadana, sino preservar el control político mediante la intimidación y la violencia selectiva.
En las zonas fronterizas, la presencia de grupos armados irregulares completa la anatomía del pulpo. Guerrillas, colectivos y mafias locales actúan como aliados tácticos. Controlan minas, pasos ilegales y comunidades enteras. Su relación con el Estado venezolano no es formal, pero sí funcional. Suministran logística, vigilancia y capacidad de fuego que complementan la ausencia -o retirada deliberada- de la institucionalidad. En estos territorios, el Estado no gobierna: coexiste, negocia y se apoya en quienes imponen orden mediante la fuerza.
La clave del sistema es que todos estos tentáculos funcionan sin necesidad de una jerarquía rígida. No dependen de instrucciones directas, sino de un ecosistema construido sobre la impunidad y la conveniencia mutua. La represión se ejecuta desde las sombras: amenazas, desapariciones breves, campañas de desprestigio, vigilancia digital y asesinatos selectivos. Los tentáculos del horror pueden operar de forma autónoma, pero siempre en sintonía con el objetivo general: sostener al poder central.
El resultado es un país donde la violencia se ha convertido en herramienta de gobierno. El miedo no es un efecto colateral, sino un instrumento político. Opositores secuestrados, activistas perseguidos, líderes comunitarios silenciados y ciudadanos sometidos a economías criminales forman parte de una misma ecuación. La delincuencia ya no es un fenómeno al margen del Estado: es su extensión más brutal.
El pulpo rojo no necesita moverse. Sus tentáculos lo hacen por él: unos intimidan, otros extorsionan, otros desaparecen, otros asesinan. Y todos, sin excepción, actúan a favor de un mismo centro político que ha encontrado en el crimen organizado no un enemigo, sino un aliado indispensable para mantenerse en el poder.
