El presidente checo, Petr Pavel, ha firmado una enmienda histórica que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y establece penas de prisión de hasta cinco años para quienes promuevan la ideología comunista, colocando este tipo de propaganda al mismo nivel que la exaltación del nazismo. La modificación legal actualiza el código penal para castigar a cualquier persona que impulse, apoye o constituya movimientos cuya finalidad sea vulnerar derechos fundamentales o alentar el odio por motivos étnicos, religiosos, nacionales o de clase.
La reforma llega después de años de advertencias por parte de diversas instituciones dedicadas al análisis del pasado totalitario checo. Entre ellas, el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, que llevaba tiempo reclamando que se eliminara lo que consideraba un vacío legal que permitía un trato más laxo hacia la propaganda comunista en comparación con la nazi.
El Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM), ahora integrado en la coalición electoral Stačilo, reaccionó con dureza al anuncio, calificándolo de una maniobra puramente política destinada —según ellos— a marginar a sus votantes. Su líder, la eurodiputada Kateřina Konečná, sostuvo que la reforma busca «atemorizar a quienes cuestionan al gobierno» y supone un nuevo intento de arrinconar al partido fuera del marco legal.
El texto aprobado no aclara cómo se aplicará la ley a organizaciones políticas registradas, algo especialmente relevante para el KSČM, que podría verse afectado por el alcance de la nueva interpretación penal. Aunque actualmente no cuenta con representación parlamentaria, los últimos sondeos le otorgan alrededor del 5% de apoyo, suficiente para volver al Parlamento en las elecciones previstas para octubre.
El debate interno sigue abierto y no se han ofrecido detalles sobre los criterios prácticos que determinarán cuándo un mensaje o actividad del KSČM —u otras formaciones— podría considerarse delictivo bajo la nueva normativa. Las autoridades, por ahora, se limitan a defender que la medida busca garantizar coherencia jurídica frente a cualquier ideología que atente contra los principios democráticos del país.
