Llamar “oposición” a María Corina Machado y a la fuerza política que ganó las elecciones presidenciales de 2025 no es solo una imprecisión técnica: es un error conceptual que altera la verdad democrática. Quien obtiene la mayoría de los votos en una elección nacional, certificada por actas de mesa, transmisión de datos y conteo independiente, no puede ser clasificado como oposición, porque oposición es quien pierde frente al ganador legítimo.
Cuando el régimen impide reconocer, proclamar y ejercer el mandato popular, no estamos ante una disputa política normal, sino ante la negación misma del principio democrático. Y aquí es donde el lenguaje importa. Persistir en llamar “oposición” a quien ganó limpiamente, y “presidente” a quien retuvo el poder arrebatando la victoria por la fuerza, legitima la narrativa del déspota y deslegitima el derecho del soberano.
Si la victoria electoral de María Corina fue arrebatada, la conclusión es simple y lógica: Maduro no es presidente, es un dictador usurpador. Y cuando los comunicadores aceptan esta distorsión terminológica, refuerzan el marco autoritario y diluyen la noción de soberanía popular.
En comunicación política, el lenguaje no describe la realidad: la construye. Por eso, llamar a las cosas por su nombre no es militancia: es rigor democrático. Y el rigor demanda reconocer que el mandato ciudadano fue desconocido, que el hilo constitucional fue roto, y que el poder que hoy ocupa Miraflores no emana del voto, sino de la fuerza.
La responsabilidad ética de los medios y comunicadores es no normalizar el fraude con eufemismos.
Si la voluntad popular no gobierna, no hay presidente: hay un déspota.
