Nuevo golpe del Gobierno de Pedro Sánchez a la libertad económica de los españoles. A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará la vigilancia sobre los medios de pago digitales, incluido Bizum, con el objetivo de ampliar el control fiscal sobre las transacciones realizadas tanto por particulares como por profesionales.
El cambio se apoya en el Real Decreto 253/2025, que adapta la normativa tributaria al auge de los nuevos sistemas de pago. El texto subraya que la expansión de tarjetas, dinero electrónico y plataformas vinculadas al teléfono móvil obliga a Hacienda a no permanecer al margen de estos movimientos, incorporándolos de forma expresa al radar fiscal.
Según informó la propia Agencia Tributaria a finales de noviembre, la obligación de informar ya no recaerá únicamente en bancos y entidades financieras tradicionales. También deberán facilitar datos los operadores de dinero electrónico y los sistemas de pago digitales. Para ello, se amplía el alcance del artículo 38 bis, que pasa a abarcar cualquier tarjeta o sistema, ya sea físico o virtual, así como las plataformas que operan mediante números de teléfono móvil, como Bizum.
En el caso de los particulares, Hacienda asegura que los pagos puntuales entre amigos o familiares seguirán sin ser comunicados de forma automática. Los típicos bizum para saldar una cena, un regalo conjunto o gastos compartidos no estarán sujetos a notificación, siempre que el receptor sea otro particular y no exista relación profesional de por medio.
No obstante, el foco se desplazará hacia los movimientos repetidos, de importe elevado o con cierta regularidad. Transferencias frecuentes de 50, 200 o 500 euros podrían levantar sospechas si se repiten en el tiempo, al interpretarse como posibles donaciones encubiertas o ingresos derivados de actividades económicas no declaradas. En estos casos, Hacienda podrá requerir explicaciones y documentación justificativa.
Especial atención recibirán también las ayudas económicas dentro del ámbito familiar. Los envíos habituales de dinero de padres a hijos para afrontar alquileres, hipotecas u otros gastos deberán estar correctamente justificados. De lo contrario, las comunidades autónomas podrían exigir el pago del Impuesto de Donaciones al considerar que se trata de una transmisión patrimonial no declarada.
El endurecimiento del control es todavía mayor para empresas y autónomos. A partir de 2026 desaparece el umbral mínimo de 3.000 euros que hasta ahora marcaba la obligación de comunicar operaciones por Bizum. Desde entonces, cualquier cobro vinculado a una actividad profesional deberá ser informado, con independencia de su cuantía.
Para los trabajadores por cuenta propia, el cambio implica que todos los ingresos recibidos por Bizum deberán integrarse en el IRPF y, cuando corresponda, en el IVA. A efectos fiscales, Hacienda equipara estos cobros a cualquier otro pago con tarjeta, sin distinción por el medio utilizado.
Además, las entidades financieras dejarán de remitir esta información de forma anual y pasarán a hacerlo mensualmente, lo que permitirá a la Agencia Tributaria un seguimiento mucho más cercano de los movimientos. Los bancos también estarán obligados a informar anualmente de aquellas tarjetas que superen los 25.000 euros en cargos o abonos a lo largo del año.
El régimen sancionador se mantiene intacto y puede resultar especialmente gravoso. Si los importes detectados por Hacienda a través de Bizum no coinciden con los declarados en los impuestos, lo más probable es la apertura de una inspección. En caso de ingresos ocultos o mal declarados, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad no declarada, a lo que se suman los intereses de demora.
Con este nuevo marco, el Ejecutivo refuerza su capacidad de control sobre el dinero digital, estrechando aún más el cerco fiscal sobre los ciudadanos y reduciendo el margen de privacidad en el uso cotidiano de medios de pago electrónicos.
