La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala al empresario Julio Martínez Martínez, de 58 años y natural de Elda (Alicante), como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Así lo sostienen fuentes policiales citadas por The Objective, que sitúan el origen de esta relación en el año 2012, justo después de la salida del dirigente socialista de La Moncloa.
Desde entonces, Zapatero y Martínez Martínez mantuvieron un contacto estrecho que se tradujo en frecuentes viajes a Venezuela. En esos desplazamientos, según los investigadores, el empresario habría cerrado diversas operaciones con el apoyo directo del expresidente, que habría puesto a su disposición su agenda internacional y su interlocución privilegiada con el régimen chavista.
Julio Martínez Martínez, conocido en su entorno como Julito, fue detenido en el marco de la investigación por blanqueo de capitales relacionada con la aerolínea Plus Ultra, rescatada en 2021 con 53 millones de euros de dinero público a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La UDEF investiga un presunto uso fraudulento de esos fondos, concedidos durante la pandemia, y la posible comisión de un delito de blanqueo.
Los agentes sostienen que parte del dinero no se destinó a garantizar la viabilidad de la compañía, sino a la devolución de préstamos a sociedades extranjeras con sede en Suiza, Francia y Panamá. Estas firmas estarían vinculadas a una supuesta red dedicada al blanqueo de capitales y podrían guardar relación con operaciones de oro procedente de Venezuela y pagos a entidades como PDVSA.
El pasado 11 de diciembre de 2025, la Policía registró la sede de Plus Ultra en Madrid y practicó varias detenciones. Entre los arrestados se encontraban el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli y el propio Julio Martínez Martínez. Aunque todos quedaron posteriormente en libertad provisional, el juez impuso medidas cautelares, como la retirada del pasaporte. La causa continúa abierta y se encuentra en fase de análisis económico-financiero.
Durante la investigación, la UDEF detectó transferencias realizadas desde Plus Ultra a Julio Martínez Martínez. Para los agentes, esos pagos no se corresponden con servicios reales prestados a la aerolínea y podrían encubrir el cobro de comisiones por las gestiones atribuidas a Zapatero para facilitar el rescate público.
Tal y como publicó en exclusiva The Objective, el expresidente del Gobierno intercedió de forma directa ante el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que Plus Ultra obtuviera el reconocimiento de empresa viable. Ese aval resultaba imprescindible para acceder a los 53 millones de euros procedentes del fondo de apoyo gestionado por la SEPI. Sin esa calificación, el rescate no habría sido posible.
Zapatero acudió personalmente al Ministerio de Transportes, situado en el Paseo de la Castellana número 67, para mantener una reunión con Ábalos. Según fuentes presentes, el objetivo fue claro desde el primer momento: lograr que Plus Ultra fuera considerada empresa estratégica, condición necesaria para beneficiarse del Fasee, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Las fuentes consultadas aseguran que Zapatero actuó como mediador directo y utilizó su influencia política dentro del Ejecutivo para desbloquear un proceso que, en circunstancias normales, habría afrontado importantes obstáculos debido a la frágil situación financiera de la aerolínea. “Zapatero exigió que se concediera el rescate a Plus Ultra”, resume una de las personas que participó en aquellas negociaciones.
La presión ejercida por Zapatero se canalizó, según la investigación, a través de Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes. Su aval resultaba decisivo para que una empresa obtuviera la consideración de estratégica. El diseño del Fasee establecía criterios estrictos y reservaba esa calificación a compañías con un peso relevante en la economía o cuya desaparición supusiera un riesgo real para un sector clave.
Pese a ello, y en contra del criterio técnico de varios responsables consultados posteriormente, Plus Ultra recibió un informe favorable de la Secretaría de Estado de Transportes. La Dirección General de Aviación Civil, dependiente de ese departamento, elaboró el documento que abrió la puerta al rescate.
El contenido del informe provocó sorpresa dentro de la propia SEPI. Los datos no encajaban con los parámetros habituales. Plus Ultra apenas operaba el 0,03% de los vuelos en España y ocupaba el puesto 166 entre las aerolíneas activas. Su flota se reducía a cuatro aviones arrendados y sólo uno estaba operativo en el momento de solicitar la ayuda. Tampoco destacaba por volumen de empleo ni por solidez financiera, ya que acumulaba pérdidas en ejercicios anteriores.
“El informe calificaba como estratégica a una empresa que no lo era por volumen, plantilla ni penetración de mercado”, explican fuentes conocedoras de la tramitación. Dentro de la SEPI, el caso generó inquietud, sobre todo al comprobar que otras compañías de mayor tamaño y relevancia económica vieron rechazadas sus solicitudes. La editorial SM, con 685 empleados, no obtuvo ese estatus. El contraste resultaba difícil de justificar.
Según fuentes de la investigación, Zapatero no habría realizado estas gestiones de manera altruista. Los agentes sospechan que el expresidente percibió una comisión por su papel como mediador y que esos importes se corresponderían con los pagos efectuados por Plus Ultra a Julio Martínez Martínez.
Aunque no se ha detectado un retorno directo del dinero al expresidente, sí constan transferencias desde el empresario a las hijas de Zapatero. Martínez Martínez figura como cliente de la agencia gestionada por Alba y Laura Zapatero a través de la sociedad Análisis Relevante S.L., dedicada a servicios de consultoría y diseño.
Según la documentación analizada, los trabajos consistieron en informes sobre mercados iberoamericanos y en el diseño del logotipo de la compañía. Para los investigadores, estos encargos podrían haber servido como vía para canalizar pagos sin una contraprestación real acorde con las cantidades abonadas.
Análisis Relevante S.L. tiene su sede social en un piso de la calle Diego de León número 35, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Este dato ha despertado especial interés entre los investigadores. En el número 36 de la misma calle se encuentra el inmueble donde Santos Cerdán organizó, junto a Leire Díez y el expresidente de la SEPI, un grupo dedicado a solicitar dinero a empresas del Ibex 35, tal y como adelantó en primicia The Objective. La coincidencia geográfica refuerza, a juicio de la UDEF, la existencia de un entorno recurrente de intermediación política y empresarial.
Uno de los elementos más relevantes del informe policial es la evolución patrimonial de Julio Martínez Martínez. Aunque muchos bienes no figuran directamente a su nombre y se canalizan a través de sociedades interpuestas que administra, la Policía constata un crecimiento patrimonial acelerado en los últimos años.
Entre los activos detectados figura un yate de alto valor, adquirido hace un par de años y amarrado en el puerto de Alicante. La embarcación resulta difícil de conciliar con la actividad conocida del empresario. Los agentes analizan también otros bienes, participaciones societarias y movimientos financieros que apuntan a un nivel de vida muy superior al esperado.
Para la UDEF, este enriquecimiento constituye un indicio relevante de la existencia de ingresos opacos vinculados a su papel como presunto intermediario y testaferro. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones conforme avance el análisis de los flujos económicos.
El rescate de Plus Ultra, lejos de quedar sepultado bajo el relato de la pandemia, regresa así al centro del foco judicial y político y amenaza con convertirse en uno de los episodios más incómodos del legado de José Luis Rodríguez Zapatero.
