El presidente de Estados Unidos, Donald Trump calentó enardecidamente a los tibios y lava caras durante la noche del martes 16 de diciembre, al exigir al régimen de Maduro la devolución de «todo el petróleo, tierras y otros activos que nos robaron previamente» en Venezuela, en referencia a expropiaciones realizadas principalmente durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).
Aunque Trump utiliza el pronombre «nos» (refiriéndose a Estados Unidos como nación), expertos y analistas coinciden en que no se trata de propiedades directas del gobierno estadounidense, sino de inversiones privadas de empresas estadounidenses que fueron nacionalizadas sin compensación adecuada.
El gobierno de EE.UU. no poseía directamente campos petroleros, tierras agrícolas ni instalaciones industriales en Venezuela. Sin embargo, la diplomacia estadounidense tradicionalmente protege los intereses de sus empresas privadas en el extranjero, equiparándolos a «intereses nacionales».
Fuentes como Forbes y Axios han calificado la retórica de Trump como imprecisa, ya que sugiere un robo directo al Estado cuando en realidad afectó a corporaciones privadas.
Principales expropiaciones a empresas estadounidenses
Las nacionalizaciones más significativas ocurrieron en 2007, cuando Chávez decretó la migración de proyectos petroleros a empresas mixtas con mayoría estatal (PDVSA). Empresas que rechazaron los términos vieron sus activos confiscados:
- ConocoPhillips: Perdió participaciones en los proyectos Petrozuata, Hamaca (Faja del Orinoco) y Corocoro (offshore). Un tribunal del Banco Mundial (ICSID) falló en su favor en 2019, confirmando la expropiación ilegal, y en enero de 2025 se upheld una indemnización de aproximadamente 8.700 millones de dólares más intereses (alrededor de 11.000-12.000 millones totales). Venezuela no ha pagado íntegramente, lo que ha permitido a ConocoPhillips perseguir activos venezolanos en el exterior.
- ExxonMobil: Afectada en el proyecto Cerro Negro (Orinoco). Ganó arbitrajes internacionales, recibiendo compensaciones parciales (alrededor de 1.600 millones en 2014), pero reclamaba mucho más. Abandonó el país tras el rechazo a los nuevos términos.
Otras expropiaciones en sectores no petroleros:
- General Motors (2017): Confiscación de su planta en Valencia durante la era Maduro, sin indemnización adecuada.
- Owens-Illinois (2010): Nacionalización de fábricas de vidrio.
- Clorox y Kellogg’s (2010s): Salidas forzadas o ocupaciones de instalaciones.
- Inversiones agrícolas y manufactureras de empresas como Cargill, Kimberly-Clark y otras, afectadas por la Ley de Tierras o presiones estatales.
Estas acciones generaron múltiples fallos arbitrales internacionales en contra de Venezuela, con deudas pendientes que superan los 20.000 millones de dólares en total para varios acreedores.
El caso de Citgo
Citgo, refinadora estadounidense propiedad de PDVSA (Venezuela), no es un activo «robado» a EE.UU., sino al revés: pertenece a Venezuela desde 1990. Sin embargo, un tribunal en Delaware ordenó en 2025 su subasta para compensar precisamente estas expropiaciones y deudas impagas.
Acreedores como ConocoPhillips (mayor reclamante) y otros buscan recuperar parte de sus pérdidas mediante esta venta, valorada en hasta 13.000 millones de dólares. Caracas denuncia esto como «robo» de un activo soberano.
Contexto de la reclamación de Trump
Analistas señalan que la frase de Trump alude directamente a estas expropiaciones de 2007, equiparando las pérdidas de empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil a un «robo» nacional.
Fuentes como Politico y NPR destacan que, aunque retórica, esta narrativa justifica presión económica y militar para proteger inversiones estadounidenses.
Venezuela rechaza las acusaciones, argumentando que las nacionalizaciones fueron soberanas y ofrecieron compensaciones (rechazadas por algunas empresas).
Expertos en derecho internacional coinciden: las expropiaciones fueron legales bajo soberanía venezolana, pero varios tribunales las declararon «ilegales» por falta de pago pronto y adecuado. La deuda pendiente refuerza la posición de Washington, aunque no convierte los activos en «propiedad estadounidense» directa.
La controversia subraya tensiones históricas por el control de las mayores reservas petroleras del mundo (más de 300.000 millones de barriles), con implicaciones para precios globales del crudo y estabilidad regional.
