La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles un proyecto de ley destinado a proteger a los menores frente a los llamados «tratamientos de afirmación de género», una práctica cada vez más cuestionada por sus consecuencias irreversibles y su fuerte carga ideológica. La iniciativa contempla penas de hasta diez años de prisión para los médicos que practiquen cirugías o administren bloqueadores de la pubertad a menores de edad.
La propuesta, impulsada por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, salió adelante con 216 votos a favor y 211 en contra, reflejando una división profunda pero también un cambio de rumbo claro en la política estadounidense respecto a la protección de la infancia. Cuatro republicanos rompieron la disciplina de voto y se opusieron al texto, mientras que tres demócratas votaron a favor de la iniciativa.
Desde el bloque demócrata, la congresista Sarah McBride, activista trans y primera persona que se declara como tal en el Congreso, acusó a los republicanos de estar «obsesionados» con la ideología trans. Sin embargo, para los defensores de la ley, el debate no gira en torno a identidades, sino a poner límites claros a intervenciones médicas de enorme impacto físico y psicológico en menores que no pueden consentir plenamente.
Organizaciones progresistas como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) han reaccionado con dureza contra la medida, denunciando que tendría efectos «devastadores». La entidad insiste en que estos tratamientos cuentan con el respaldo de asociaciones médicas estadounidenses, pese a que cada vez más estudios, médicos y países occidentales están revisando o restringiendo estas prácticas ante la falta de evidencias sólidas sobre su seguridad a largo plazo.
Desde la óptica de los impulsores de la ley, el proyecto busca sacar a la política identitaria de las consultas médicas y evitar que los menores sean sometidos a experimentos sociales y sanitarios promovidos por el activismo de género. «Los políticos no deberían interponerse entre padres e hijos», argumenta la izquierda; pero la réplica es clara: el Estado sí tiene la obligación de intervenir cuando se pone en riesgo la integridad de los menores.
Aunque el texto deberá ahora pasar por el Senado, donde su aprobación no está garantizada, la votación en la Cámara Baja marca un hito político y cultural: Estados Unidos comienza a poner freno legal a la ideología de género aplicada a la infancia.
