A medida que los activos militares estadounidenses se acumulan en el Caribe y la presión diplomática sobre el régimen de Nicolás Maduro se intensifica, dos visiones marcadamente diferentes del futuro de Venezuela dominan los debates políticos. La primera prevé una transición democrática fluida: Maduro dimite, Edmundo González asume la presidencia que obtuvo en julio de 2024 y Venezuela se reincorpora a la comunidad de naciones democráticas. La segunda evoca el espectro de Libia: un Estado colapsado y fracturado por la guerra civil, con facciones armadas compitiendo por territorio y sumiendo al país en un caos peor que la estabilidad autocrática.
Por: José Ramón Morales Arilla – Journal of Democracy
Ambos escenarios son analíticamente imprecisos. El primero ignora la profunda decadencia institucional que ha provocado el chavismo. El segundo plantea una analogía que se derrumba al ser examinada con detenimiento. Comprender cómo será realmente la transición venezolana —y prepararse en consecuencia— requiere ir más allá de estos marcos convenientes para examinar las condiciones específicas que pueden configurar una Venezuela post-Maduro.
¿Por qué Venezuela no es Libia?
La analogía con Libia se ha convertido en un atajo retórico para quienes advierten contra un cambio de régimen, pero malinterpreta fundamentalmente el contexto venezolano. La caída de Libia en un prolongado conflicto civil se produjo tras el colapso de un régimen altamente personalista que había vaciado las instituciones nacionales y concentrado el poder coercitivo en redes de seguridad leales. En una sociedad con importantes divisiones regionales, tribales y locales, esto dejó sin una estructura estatal creíble y unificada capaz de gestionar la transición. Tras la caída del coronel Muamar el Gadafi en 2011, milicias con bases territoriales diferenciadas, basadas en ciudades, regiones, tribus e ideologías, compitieron por llenar el vacío y apoderarse de los recursos estatales, consolidando un orden fragmentado y violento.
Venezuela no comparte ninguna de estas características. El país no presenta divisiones étnicas ni religiosas que puedan sustentar facciones armadas rivales. No existe separatismo regional, división sectaria ni estructura tribal que proyecte una posible fragmentación militar. La sociedad venezolana es notablemente homogénea precisamente en las dimensiones que impulsaron la desintegración de Libia. Las fuerzas armadas del país, a pesar de su corrupción y politización, siguen siendo una institución nacional y jerárquica, en lugar de un mosaico de milicias regionales. El deseo de cambio lo sostiene una mayoría decisiva que se extiende por todo el territorio, tras la victoria de Edmundo González en las elecciones de julio de 2024 en todos los estados del país y en el 90 % de los 335 municipios.
Pero quizás lo más fundamental es que la guerra civil libia requirió múltiples coaliciones armadas con una capacidad coercitiva comparable entre sí. Venezuela hoy solo cuenta con una fuente de poder coercitivo abrumador: el estamento militar y de seguridad, que hasta la fecha se mantiene leal al régimen de Maduro. El poder de la oposición se deriva enteramente de su legitimidad democrática y apoyo popular: no cuenta con milicias, insurgencia armada ni bastiones territoriales. El equilibrio de poder es extremadamente asimétrico: un bando tiene votos, mientras que el otro tiene armas. Esta configuración puede generar, y ha generado, represión, pero no puede generar una guerra civil en ningún sentido significativo.
Por todas estas razones, el escenario libio —a menudo invocado por analistas y reiteradamente amenazado por el régimen de Maduro— es altamente improbable como resultado de una transición en Venezuela. Sin embargo, estos mismos factores que actúan en contra de un escenario como el de «Libia en el Caribe» también dificultan que los militares rompan con el régimen. Dicha ruptura es precisamente lo que un marco de justicia transicional bien diseñado debería buscar inducir.
Incentivos para romper con el régimen
La lógica estratégica de la amnistía diferenciada —ofrecer un margen limitado de «salvoconducto para el exilio protegido» a los culpables de los crímenes más graves, a la vez que extiende una amnistía nacional amplia a un grupo más amplio de miembros del régimen— cumple un propósito crucial que va más allá de facilitar las deserciones individuales. Crea las condiciones para que las fuerzas armadas, como institución unificada, puedan facilitar la transición.
Consideremos la alternativa: si los oficiales militares creen que cualquier transición implica el enjuiciamiento de todos los participantes del régimen —desde los peores violadores de derechos humanos hasta los oficiales de bajo rango que obedecieron órdenes y explotaron sus cargos para beneficio propio—, entonces el incentivo de todos será apoyar la supervivencia del régimen. Ante el riesgo existencial, los militares seguirán apoyándolo como única esperanza de supervivencia. La coalición entre los altos mandos políticos y los militares se mantendrá unida porque el destino de todos dependerá de la continuidad del statu quo.
Una amnistía diferenciada rompería esta lógica. Los oficiales cuya conducta no alcanza un umbral de responsabilidad penal claramente definido pueden esperar, racionalmente, permanecer en el país con sus carreras, pensiones y familias intactas, siempre que contribuyan a la transición en lugar de obstaculizarla. A los líderes del régimen cuyos delitos superan ese umbral —los responsables de crímenes de lesa humanidad— se les puede ofrecer una única y cuidadosamente delimitada oportunidad de exiliarse, protegidos por sólidas garantías internacionales. Para la gran mayoría de los oficiales, esto introducirá un nuevo cálculo: podrán empezar a comprender que sus intereses difieren de los de las figuras más comprometidas del régimen. Podrán visualizar un futuro en la Venezuela posterior a la transición, no como criminales perseguidos, sino como participantes en la reconstrucción del país. Esa visión les permitirá adaptarse al cambio en lugar de resistirse a él y, fundamentalmente, les permitirá adaptarse como institución.
Aquí es donde la división del trabajo entre los actores internacionales y nacionales se vuelve esencial. La oposición no puede garantizar de forma creíble un exilio seguro para quienes no se benefician de la amnistía. Esa función recae en los socios internacionales con capacidad para ofrecer salvoconducto a exiliados protegidos. Los países dispuestos a acoger a estas personas, en condiciones que les impidan socavar el nuevo orden democrático pero las protejan de una mayor rendición de cuentas, deben garantizar la logística de la salida y la credibilidad del acuerdo.
Pero la amnistía más amplia —que abarca la corrupción, la manipulación electoral y la complicidad cotidiana que conlleva el sostenimiento de un régimen autoritario— debe provenir de los propios venezolanos, especialmente del legítimo presidente electo Edmundo González y de la líder opositora María Corina Machado. Esta oferta debe ser pública, detallada e inequívoca. No puede esperar al momento de la transición; debe presentarse ahora, mientras los miembros del régimen aún evalúan sus opciones. Este compromiso es autoejecutable, ya que el nuevo gobierno necesitará la aquiescencia y la cooperación de los oficiales militares, burócratas y operadores políticos amparados por el acuerdo de amnistía. Esto permitirá a los funcionarios militares y civiles realizar cálculos prospectivos sobre su lugar en la Venezuela postransición y actuar en consecuencia hoy.
El escenario de turbulencia
Incluso si la transición tiene éxito —si Maduro y otros líderes del régimen comprometido se marchan, el ejército se retira y González asume la presidencia—, es muy improbable que Venezuela se convierta en una democracia pacífica de la noche a la mañana. La evaluación honesta de la situación es que el resultado probable de una transición se encuentra a medio camino entre Libia y la utopía: llamémoslo el «escenario turbulento».
Veinticinco años de chavismo han comprometido profundamente el panorama de seguridad del país. Mucho antes de la crisis actual, el régimen cultivó un denso ecosistema de actores armados no estatales como herramientas de control y generación de ingresos. Grupos guerrilleros colombianos —el ELN y las disidencias de las FARC— operan abiertamente en territorio venezolano, con la aquiescencia y, a menudo, la colaboración del régimen. Colectivos armados , bandas carcelarias y mafias mineras controlan importantes porciones del territorio. El Cártel de los Soles —la red de narcotráfico que involucra a altos mandos militares— ha penetrado profundamente las instituciones militares y estatales.
Una transición democrática no disolverá automáticamente estas estructuras. Algunos grupos —especialmente aquellos cuyo poder depende del clientelismo del régimen, el acceso a rentas controladas por el Estado o la impunidad por crímenes del pasado— verán la democratización como una amenaza directa. Otros podrían temer razonablemente que un nuevo gobierno democrático coopere con socios internacionales para desmantelar sus operaciones. Comandantes individuales, operadores de nivel medio y remanentes del aparato de seguridad del chavismo podrían quedar al margen de los acuerdos de transición, incapaces o reacios a aceptar el exilio, excluidos de la amnistía o rechazando la perspectiva de un gobierno democrático al que se oponen por razones ideológicas. Estas personas podrían retirarse a zonas remotas e intentar organizar la resistencia insurgente contra el nuevo gobierno.
Este escenario turbulento no equivale a la fragmentación apocalíptica que sufrió Libia, pero tampoco constituirá la restauración fluida de la democracia liberal. En cambio, se asemejará a lo que Venezuela y gran parte de América Latina han vivido en las últimas décadas: un gobierno democrático que enfrenta persistentes desafíos armados por parte de actores no estatales (ya sean ideólogos o criminales) que se aprovechan de las debilidades institucionales y la limitada capacidad del Estado para resistir la consolidación de un orden político constitucional-democrático.
Aprendiendo de la historia de Venezuela y de la región
Venezuela ya se ha enfrentado a este desafío. En la década de 1960, la joven democracia se enfrentó a una insurgencia guerrillera de extrema izquierda respaldada por la Cuba de Fidel Castro. Las fuerzas armadas y el gobierno democráticamente elegido del partido de centroizquierda Acción Democrática encontraron una causa común a pesar de sus prolongados conflictos, y la insurgencia fue contenida gradualmente mediante una combinación de presión militar, apertura política y desmovilización negociada. El período democrático de cuarenta años de Venezuela, con todas sus fallas, surgió de ese turbulento comienzo.
La región también ha aprendido duras lecciones sobre contrainsurgencia y construcción del Estado. A pesar de las consecuencias negativas de intentar erradicar los campos de coca desde el aire, el Plan Colombia también demostró que la cooperación internacional sostenida para fortalecer la capacidad del Estado puede reducir drásticamente la capacidad operativa de los grupos armados . Una Venezuela democrática podría, por primera vez en años, acceder al tipo de asistencia en seguridad, cooperación de inteligencia y apoyo institucional que el chavismo impidió. Dicho apoyo, adaptado a la situación principal de Venezuela (no es un centro de producción de drogas, sino una ruta de envío de drogas) y centrado en consolidar la gobernanza democrática a través de un Estado capaz de contener la insurgencia, proporcionaría una ayuda sólida al nuevo gobierno democrático.
Fundamentalmente, cualquier insurgencia posterior a la transición carecería de las bases políticas y sociales que sustentan los movimientos guerrilleros desestabilizadores. Las FARC de Colombia se basaron originalmente en quejas genuinas sobre la desigualdad en la propiedad de la tierra y la exclusión política; la resistencia del Viet Minh y posteriormente del Viet Cong se alimentó del nacionalismo y el sentimiento anticolonial, así como de la ideología comunista con apoyo popular; innumerables otras insurgencias se alimentaron de la exclusión real o percibida del poder político. ¿Cuál sería la bandera de una insurgencia chavista posterior a la transición? ¿Regresar a un régimen que destruyó la economía , exilió a ocho millones de ciudadanos y perdió una elección presidencial por cuarenta puntos, en todo el territorio venezolano ? Dichos movimientos pueden causar violencia, pero tendrían dificultades para reclamar legitimidad y reclutar a amplios segmentos de la sociedad. Ciertamente podrían plantear problemas de seguridad, pero al carecer de una alternativa para gobernar con algún poder de persuasión, sería improbable que se convirtieran en una amenaza existencial.
El caso de la imperfección
La comparación pertinente para orientar las decisiones ahora no es la que enfrenta el temor a una guerra civil con la esperanza de una democracia tocqueviliana de la noche a la mañana. La disyuntiva, más bien, es entre una transición democrática turbulenta pero real y el statu quo de autocracia, colapso económico , emigración masiva y continuo sufrimiento general. Según ese criterio, incluso una transición imperfecta supondrá una enorme mejora.
Un gobierno democrático en Caracas, incluso uno que deba lidiar con la guerrilla y las redes criminales arraigadas, podrá impulsar reformas económicas, acceder a financiamiento internacional y comenzar a reconstruir las instituciones destruidas. Podrá crear las condiciones para que millones de venezolanos en el extranjero comiencen a regresar a su país para participar en la reconstrucción. Podrá buscar la verdad y la justicia en nombre de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, mediante procesos legales legítimos en lugar de la violencia revolucionaria. Y podrá brindar a los venezolanos lo que les ha faltado durante al menos una década: un gobierno que derive su autoridad del consentimiento de los gobernados.
El miedo a la inestabilidad posterior a la transición no debería ser un argumento en contra de ella. Una democracia deficiente que lucha contra la insurgencia y el crimen organizado no sería el peor resultado. El peor resultado sería la perpetuación de una dictadura brutal que destruyó una nación otrora próspera y que otorga sus recursos y posición geoestratégica al crimen organizado y a los peores actores internacionales. La posibilidad real de resistencia al gobierno democrático debería ser un argumento para preparar y gestionar la transición con prudencia. Lograr la transición y minimizar la resistencia requerirá una combinación de presión externa y vías de escape diferenciadas con garantías internas y externas. Este enfoque matizado de amnistía, que puede influir en los cálculos de los miembros del régimen hoy en día, no es una concesión moral a la impunidad, sino una vía para lograr y consolidar el retorno a la democracia.
El camino a seguir para Venezuela se encuentra entre Libia y la utopía. Reconocer esa realidad —y planificar el complicado y difícil, pero mucho mejor, camino intermedio— es esencial para la oposición, para Estados Unidos y para la comunidad internacional. El objetivo no es una transición perfecta, sino exitosa. Si los venezolanos logran un gobierno elegido por ellos para llevar adelante la difícil, pero posible, labor de reconstrucción, eso sería un logro suficiente.
José Ramón Morales-Arilla es profesor investigador de la Escuela de Posgrado de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Obtuvo su doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.
