La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó el jueves sobre la crítica situación de salud de 91 presos políticos en Venezuela, quienes padecen “enfermedades graves” y enfrentan, según la organización, un “deterioro físico progresivo” como resultado de lo que califican como una “forma de violencia estructural”.
Martha Tineo, abogada y coordinadora general de la JEP, confirmó a EFE que entre los afectados se reportan “al menos 8 casos de cáncer en estado avanzado” con diagnósticos de adenocarcinoma de próstata, cáncer pulmonar microcítico, linfoma no Hodgkin, sarcoma epitelioide y tumores pancreáticos y cerebrales.
La organización también identificó a “más de 20 presos con enfermedades cardíacas”, entre ellas síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas e hipertensión crónica, además de afectados por diabetes e insuficiencia renal crónica.
Según Tineo, algunos presentan “daño renal irreversible o infecciones urinarias persistentes”, necesitando sondas urinarias de forma permanente, pero a muchos “no se las reciben o no tienen recursos para adquirirlas”.
La JEP denunció en la red social X la “negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres” en las prisiones venezolanas, a lo que sumó que este contexto implica “una violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal”.
En ese sentido, advirtió que el “deterioro físico progresivo” de los detenidos “no es un efecto colateral, sino una forma de violencia estructural”.
“Cuando el Estado convierte la enfermedad en castigo, y la negligencia en método, se configura un escenario de tortura silenciosa que exige una respuesta urgente desde los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, afirmó la ONG.
De acuerdo a cifras de JEP, en Venezuela hay actualmente 1.084 presos políticos, una cifra superior a la reportada por el Foro Penal, la principal organización dedicada a la defensa de estos detenidos, que contabiliza 893 casos. El régimen chavista sostienen, por su parte, que no existen presos políticos en el país y argumentan que todos los detenidos cometieron delitos comunes.
“La cifra de 42 ciudadanos extranjeros y 49 con doble nacionalidad detenidos por motivos políticos revela no solo la extensión internacional del patrón represivo, sino también el riesgo diplomático y humanitario”, sumó el comunicado de la ONG.
Desde el plano internacional, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que las Milicias Bolivarianas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro estarían reclutando por la fuerza a adolescentes.
Según la actualización de su informe, Türk advirtió que la situación en el país no mostró mejoría desde junio y persisten las graves restricciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión pacífica, sumadas a casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y una crisis socioeconómica severa.
El funcionario también alertó sobre la adopción, en septiembre y noviembre, de nuevas leyes de emergencia por parte de la dictadura venezolana cuyo contenido no ha sido publicado. Estas normas, que otorgan al Ejecutivo “competencias de emergencia ampliadas citando amenazas externas”, impiden cualquier control independiente y no pueden ser evaluadas respecto a su compatibilidad con el derecho internacional al mantenerse en secreto.
Türk subrayó que continúa con el registro de una intensificación en la militarización de la vida pública en Venezuela, lo que aumenta el riesgo de violencia y restringe cada vez más el espacio cívico. En particular, su oficina recibió informes sobre el “alistamiento bajo coerción en las milicias bolivarianas”, práctica que afecta tanto a menores de edad como a adultos mayores, lo que considera una situación especialmente alarmante para el derecho internacional humanitario.
