Estados Unidos elevó el tono en Naciones Unidas al anunciar que intensificará sus acciones para privar de recursos a las redes criminales que, según Washington, operan bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro. La postura fue presentada como una medida de seguridad hemisférica destinada a frenar el narcotráfico, el lavado de dinero y la expansión de organizaciones transnacionales que afectan a toda la región.
Durante su intervención ante la Asamblea General, la delegación estadounidense sostuvo que el llamado Cartel de los Soles constituye una amenaza directa para la estabilidad regional y para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. Para Washington, el uso de estructuras estatales venezolanas para facilitar actividades ilícitas obliga a una respuesta firme, coordinada y sostenida en el tiempo.
Sanciones como herramienta de contención
La estrategia estadounidense se apoya en el endurecimiento y la aplicación estricta de sanciones económicas y financieras. El objetivo, según explicaron funcionarios norteamericanos, no es castigar a la población venezolana, sino cortar las fuentes de financiamiento que alimentan el narcotráfico y otras economías criminales que operan desde Venezuela con alcance internacional.
En ese marco, Estados Unidos defendió la interdicción de buques y el bloqueo de activos como instrumentos legítimos para impedir que ingresos provenientes del petróleo y otras actividades sean desviados hacia redes ilícitas. Washington argumenta que estas medidas se inscriben en compromisos internacionales contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.
Mensaje político y respaldo internacional
El pronunciamiento en la ONU busca además enviar una señal política clara a la comunidad internacional. Estados Unidos llamó a los Estados miembros a no normalizar la convivencia con estructuras estatales capturadas por el crimen organizado y a reforzar la cooperación judicial y de seguridad para enfrentar amenazas transnacionales.
Desde la óptica estadounidense, la presión sostenida es una condición necesaria para debilitar a las redes criminales y abrir espacio a una transición democrática en Venezuela. La ofensiva diplomática y económica se presenta así como una defensa del orden internacional, la legalidad y la seguridad regional frente a un régimen que, según Washington, ha convertido al Estado en un facilitador del delito.
