En su actualización más reciente sobre Venezuela, presentada el martes 16 de diciembre de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el Alto Comisionado Volker Türk presentó un panorama crítico sobre la situación de los derechos humanos en el país. Dentro de sus denuncias, lanzó una importante alerta respecto a la militarización creciente de la vida pública en Venezuela.
Por: Ramón Cardozo – DW
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela inició una militarización progresiva que Nicolás Maduro ha venido profundizando. La Constitución de 1999 otorgó a la Fuerza Armada un papel preponderante en el desarrollo del país y sentó las bases de la llamada «unión cívico-militar». Desde entonces, bajo una lógica de seguridad nacional, el régimen chavista ha creado estructuras como la milicia bolivariana y ha expandido el control castrense sobre ministerios, empresas estatales y programas sociales.
En medio de una escalada de tensiones con Estados Unidos, y bajo la premisa de que el país enfrenta «amenazas externas e internas», Nicolás Maduro ha promulgado en los últimos meses un conjunto de instrumentos jurídicos que concentran mayor poder en su persona y profundizan hasta niveles inéditos este proceso militarizador.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han advertido que esta profunda transformación está alterando radicalmente el tejido social venezolano y ha traído graves consecuencias para el ejercicio de las libertades fundamentales de los venezolanos, amplificando los riesgos de graves violaciones de derechos humanos.
Cada municipio tiene ahora dos estructuras de autoridad: una civil y otra militar
Entre estos nuevos instrumentos jurídicos destaca el Decreto Presidencial 5.164, del 22 de septiembre de 2025, que crea y activa las Áreas de Defensa Integral (ADI). Las ADI son el eslabón territorial más local de la cadena de mando militar. Su misión es conducir, en su jurisdicción, operaciones para la defensa integral.
El mando en las ADI es estrictamente militar y todas sus operaciones dependen del Ministerio de la Defensa: Cada ADI está bajo la responsabilidad de un oficial de alta graduación —general de brigada o coronel— y cuenta con su propio Estado Mayor. Las ADI no solo cuentan como recursos operativos a soldados profesionales, sino que también integran a las milicias bolivarianas y a los «Órganos de Dirección para la Defensa Integral” (ODDI), donde participan autoridades civiles de la respectiva jurisdicción.
El 22 de septiembre de este año, Nicolás Maduro ordenó, mediante el Decreto Presidencial 5.164, la creación y activación de las ADI «en todos los municipios del país». Con esta decisión se expandió de forma significativa y formal el despliegue local de la FANB en todo el país. En la práctica, cada municipio queda ahora con una doble capa de conducción: el gobierno civil electo y la estructura militar encabezada por el comandante de la ADI.
Para la ONG PROVEA, la orden del Ejecutivo de expandir las ADI a todos los municipios del país constituye «un paso crucial hacia la militarización total del país». En su pronunciamiento, la organización advirtió que la militarización —prolongada y en aumento— ha propiciado numerosas violaciones de DDHH en el país, y que esta expansión de las ADI supone una seria y adicional amenaza para el ejercicio de la libre asociación, la reunión y la protesta pacífica.
Una ley que subordina la vida cotidiana a la lógica de la defensa del régimen
Otro punto de inflexión en el proceso de militarización del país se produjo con la reciente aprobación de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, firmada por Nicolás Maduro el 12 de noviembre de 2025. Esta norma crea el Comando para la Defensa Integral (CDI) como dependencia del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, con la misión de supervisar y ejercer control sobre los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).
Los ODDI son instancias cívico-militares que reúnen representantes del Poder Público y del Poder Popular en todos los niveles territoriales (nacional, estadal, municipal, parroquial y comunal) con el objetivo de planificar y ejecutar acciones para la «defensa integral de la Nación”. En esta dirección, la ley les asigna responsabilidades directas en ámbitos económico, social, cultural y tecnológico, ampliando la presencia y gobernanza militar hacia áreas tradicionalmente civiles.
Entre sus tareas, los ODDI deben recopilar inteligencia de forma continua, apoyar operaciones militares y garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales e infraestructura crítica durante posibles movilizaciones. En la práctica la ley concibe estas instancias como un aparato permanente de vigilancia y control cívico-militar sobre la vida cotidiana, bajo el argumento del enemigo externo e interno.
En resumen, esta norma reduce la autonomía civil y profundiza la presencia militar en la vida cotidiana, institucionalizando un modelo de gobernanza que subordina sociedad y economía a las prioridades de la defensa y estabilidad del régimen.
Alistamiento bajo coerción: vulnerando la autonomía individual
Una de las manifestaciones más graves de la militarización venezolana es el reclutamiento forzoso para las milicias bolivarianas. Según advirtió el Alto Comisionado Türk, su oficina ha recibido reportes de «alistamiento bajo coerción» dirigidos contra menores de edad y personas mayores.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos, como Laboratorios de Paz, documentaron presiones sistemáticas a empleados públicos, adolescentes y estudiantes para que se inscribieran o realizaran videos de apoyo a la campaña oficial «Yo me alisto”, impulsada por el régimen de Nicolás Maduro. Estas prácticas constituyen una violación directa de la Constitución venezolana, la cual establece en su artículo 134 que «nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso», mientras que su artículo 61 consagra la libertad de conciencia.
Militarización y deterioro crítico de derechos humanos
La profundización de la militarización de la vida pública en Venezuela se desarrolla en un contexto de severo deterioro del espacio cívico, marcado por la persecución política, la criminalización de la protesta y el incumplimiento sistemático de obligaciones estatales en materia de derechos sociales.
Venezuela avanza hacia un modelo de control social militarizado que amenaza con suprimir los últimos espacios de autonomía civil y disidencia pacífica que aún subsisten en el país. La alerta del Alto Comisionado de la ONU no puede -ni debe – ser ignorada.
