En la madrugada del 3 de enero de 2026, múltiples y fuertes explosiones sacudieron Caracas y otras ciudades del país en el marco de una masiva operación militar estadounidense sin precedentes en Venezuela.
Por: Ramón Cardozo – DW
De acuerdo con reportes de prensa, entre los blancos alcanzados se encuentran el complejo militar Fuerte Tiuna, donde se ubican la sede del Ministerio de la Defensa, el cuartel general del Comando Estratégico Operacional del Ejército y de la FAN; la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada dentro de la ciudad capital; el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez y, muy cerca, el Cuartel General de las Milicias. También fueron atacadas instalaciones de la Infantería de Marina en La Guaira, los aeropuertos de Charallave e Higuerote y el centro de antenas del Cerro el Volcán en la zona metropolitana de Caracas. Cifras no oficiales estiman en 40 el número de venezolanos fallecidos entre civiles y militares.
Según el reporte del general Raisin Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, la operación militar, denominada «Absolute Resolve» (Determinación Absoluta), movilizó más de 150 aeronaves a lo largo del hemisferio occidental para desmantelar y desactivar los sistemas de defensa aérea de Venezuela con el fin de facilitar una misión de un comando de fuerzas especiales cuyo objetivo era la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron posteriormente extraídos hacia Estados Unidos.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó que ambos han sido formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Según su declaración, Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, y por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.
Tras la captura de Maduro, Donald Trump expuso en rueda de prensa la versión oficial de Washington sobre lo ocurrido y lo que se prevé para el «día después»: una operación presentada como «quirúrgica» y sin bajas estadounidenses; una detención «legal» y el inicio de una transición del poder bajo tutela estadounidense, con la participación de sectores del oficialismo madurista.
Esa hoja de ruta, trazada manu militari por la Casa Blanca, presenta aristas jurídicas y políticas delicadas, a la vez que plantea interrogantes sobre su viabilidad. Queda por verse si ella facilitará una verdadera transición democrática o si, por el contrario, inaugurará una nueva fase de inestabilidad e incertidumbre para los venezolanos.
¿Law enforcement o extralimitación de los poderes presidenciales?
La Administración Trump, en voz de Marco Rubio, secretario de Estado, y del general Raisin Caine, encuadra la operación «Determinación Absoluta», no como una intervención militar estadounidense contra un Estado soberano, sino como una operación de «law enforcement» (aplicación de la ley) ejecutada por el Departamento de Justicia con apoyo del Departamento de Guerra en contra de dos fugitivos acusados por la justicia estadounidense que, además, ejercían de forma ilegítima el poder en Venezuela. Esencialmente, la operación es presentada como una operación de extradición ejecutada por la fuerza contra acusados extranjeros.
Sin embargo, esta postura es controvertida. Si bien la operación ha recibido respaldos, también ha sido objeto de importantes cuestionamientos tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Desde el ámbito interno, varios legisladores han cuestionado individualmente la legalidad de la operación. Entre ellos, los senadores Rubén Gallegos (Arizona), Andy Kim (New Jersey), y Tim Kaine (Virginia), así como los representantes Jim McGovern y Melanie Stansbury, los cuales coinciden en señalar que el presidente Trump excedió su autoridad al no solicitar la autorización del Congreso. Según la Constitución de Estados Unidos, solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra, por lo que califican de ilegal una operación que involucró ataques militares a gran escala.
Por su parte, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi sostiene que la administración no demostró la existencia de una «amenaza urgente a la seguridad nacional» que justificara el uso de la fuerza militar sin consulta previa al Congreso.
¿Law enforcement o uso internacional no autorizado de la fuerza?
En el ámbito internacional también han surgido voces críticas. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó a través de un comunicado suscrito por el portavoz de la organización que estos acontecimientos «constituyen un precedente peligroso”, y manifestó su preocupación por que «no se han respetado las normas del derecho internacional».
En la misma dirección se expresaron los gobiernos de Brasil y México. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasil, consideró que las acciones militares estadounidenses «cruzan un límite inaceptable», y el gobierno de México, a través de su cancillería, señaló que la operación militar viola el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.
La hoja de ruta de la Casa Blanca: una transición tutelada
En su rueda de prensa, Donald Trump no presentó la captura y extracción de Maduro como el final de una operación militar, sino como el comienzo de una ruta de transición del poder en Venezuela bajo el control político y militar directo de Estados Unidos.
El mandatario estadounidense no concibe el papel de su país como un garante internacional de una democratización en Venezuela, sino como el responsable directo de ejercer un rol rector en ese proceso. Su fórmula fue explícita: «Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa». Lo que queda claro es que Washington se atribuye la capacidad y la responsabilidad de establecer prioridades y marcar la velocidad del proceso.
Bajo esta premisa, el proceso de transición será dirigido por un grupo de funcionarios de confianza de Trump. Este equipo incluye al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a Marco Rubio. Este último ha establecido comunicación con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, quien le manifestó: «Haremos lo que necesiten». En todo caso, señaló Trump, ella «no tiene opción». Y advirtió: «Todas las figuras políticas y militares y los venezolanos deben entender: lo que le pasó a Maduro puede pasarles a ellos».
La ruta diseñada por la Casa Blanca tiene un componente económico muy relevante. Ella contempla la participación de grandes compañías petroleras estadounidenses, encargadas de rehabilitar la infraestructura del país y supervisar la extracción de recursos para sufragar los gastos de reconstrucción del país y el «reembolso» a EE. UU. por presuntos daños previos causados por el régimen chavista.
Los argumentos de la Casa Blanca para justificar este esquema de transición tutelada con participación de autoridades del régimen de Maduro responden a su lógica de seguridad nacional y estabilidad regional: evitar que «malos elementos” del chavismo o actores externos como Cuba, Rusia, China o Irán mantengan influencia en Venezuela.
«Si nosotros simplemente nos vamos, ¿quién va a tomar el control? Quiero decir: no hay nadie que tome el control”, sostuvo Trump, dando a entender que, a su juicio, la dirigencia opositora no contaría con los recursos necesarios para asumir en este momento el gobierno del país.
Cuestionamientos, desafíos y peligros de la hoja de ruta de la Casa Blanca
Esta hoja de ruta del «día después» de la Casa Blanca no ha encontrado eco en la dirigencia opositora. En un comunicado, la Plataforma Unitaria Democrática reivindica una transición que respete los resultados de los comicios de julio de 2024, donde Edmundo González Urrutia resultó electo como presidente de Venezuela con más del 70 % de los votos. En la misma dirección, la líder opositora María Corina Machado manifestó que la oposición democrática venezolana está preparada «para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder».
Además de estos cuestionamientos, la hoja de ruta de Trump enfrenta importantes desafíos que ponen en tela de juicio su viabilidad. Uno de los más importantes reside en la figura de Delcy Rodríguez, quien no dispone de la suficiente ascendencia y liderazgo dentro del país, ni siquiera al interior del chavismo, para garantizar la estabilidad de un proceso tan complejo. Más grave aún, su legitimidad está cuestionada: como señala el reconocido jurista venezolano Asdrúbal Aguiar, al carecer Nicolás Maduro de legitimidad de origen, «esa misma falta de legitimidad arrastra a la vicepresidente y al resto de sus ministros».
Otro peligro reside en la posibilidad de la pervivencia del régimen sin Maduro. ¿Colaborará realmente Delcy Rodríguez con el desmontaje del régimen? Como advierte el exembajador colombiano Francisco Santos, «si no hay una transición rápida, veremos un chavismo que sobrevive a la captura de Maduro”. Igualmente, existe el riesgo de una fragmentación violenta del régimen. Analistas del Atlantic Council alertan sobre la posibilidad de que sectores armados del chavismo rechacen la negociación y su desmovilización, con lo cual Venezuela podría caer en un conflicto guerrillero prolongado.
La captura de Maduro cerró una etapa, pero todavía no está resuelto el problema central de Venezuela: cómo transitar en paz hacia una verdadera democracia sin sustituir una tutela por otra.
