Por José Ramón Morales Arilla en Journal of Democracy
El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una dramática redada nocturna en su complejo en Caracas. En cuestión de horas, el dictador venezolano, que había presidido el colapso económico de su país y el éxodo de casi ocho millones de ciudadanos, se encontraba a bordo del USS Iwo Jima , camino a enfrentar cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Manhattan. La operación, denominada «Resolución Absoluta», logró derrocar a un líder al que las elecciones, las sanciones, la presión diplomática y la condena internacional no habían logrado derrocar.
Sin embargo, lo que siguió a la captura de Maduro ha frustrado las expectativas. En lugar de promover al presidente electo democráticamente, Edmundo González —quien ganó las elecciones de julio de 2024 por un margen aplastante de más de dos a uno— , el gobierno de Trump permitió que Delcy Rodríguez, vicepresidenta y antigua ejecutora de Maduro , asumiera el control como presidenta interina. María Corina Machado, líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz 2025, quien había impulsado el movimiento democrático, fue notoriamente marginada. Machado ya viajó a la Casa Blanca para mantener conversaciones cruciales con el hombre que tiene el futuro de su país en sus manos.
¿Abrirán los dramáticos acontecimientos del 3 de enero un camino hacia la democracia o simplemente reconfigurarán el orden autoritario de Venezuela? La intervención ha generado un intenso debate sobre su legalidad y legitimidad. Expertos en derecho internacional han condenado ampliamente la acción como una violación de la soberanía venezolana. Sin embargo, un memorando del Departamento de Justicia ofreció un marco diferente, citando el respaldo de Machado a la acción militar contra la usurpación de Maduro entre varios argumentos legales que justificaban la operación. De hecho, el apoyo del presidente electo de Venezuela a la operación y los crímenes de lesa humanidad documentados por Maduro, a la luz de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger de la ONU, invitan a una evaluación más matizada de la legitimidad de la operación.
Los propios venezolanos han intervenido decisivamente. Una encuesta de The Economist reveló que la mayoría de los venezolanos en el país aprueba la operación, y alrededor del 80 % cree que la situación política mejorará el próximo año. Una encuesta de Bloomberg también reveló un apoyo mayoritario a la intervención y al liderazgo de Machado. Desde la perspectiva venezolana, la brecha entre la legitimidad de la intervención y las interpretaciones restrictivas del derecho internacional que enfatizan la no intervención es enorme, acentuada aún más por el hecho de que la única limitación a la brutalidad chavista es la amenaza creíble de nuevas acciones militares. Este dilema no es exclusivo de Venezuela, ya que miles de iraníes han muerto en los últimos días a manos del régimen autocrático del país.
Pero por legítima que fuera la intervención desde la perspectiva de los venezolanos, fue el presidente Trump quien apretó el gatillo. Para comprender el futuro de la situación venezolana, es necesario responder a dos preguntas: ¿Qué motivó a Trump a actuar y qué estrategias tiene Machado para encaminar esta situación volátil hacia la democracia?
¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de Trump?
Las justificaciones públicas del gobierno han hecho hincapié en la aplicación de la ley: Maduro era un narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares, y las fuerzas estadounidenses estaban ejecutando una orden de arresto. Pero este enfoque legalista oculta más de lo que revela. El gobierno de Trump claramente tenía objetivos estratégicos más allá de llevar a un narcotraficante ante la justicia. Tres posibilidades merecen consideración, con implicaciones muy diferentes para las perspectivas democráticas de Venezuela.
La primera posibilidad es que al presidente Trump le importe la estabilidad regional y la influencia estadounidense. Desde esta perspectiva, Venezuela, bajo el gobierno de Chávez y Maduro, se había convertido en una fuente de inestabilidad en todo el hemisferio occidental: un narcoestado vinculado a Irán, Rusia y Cuba; generador de la mayor crisis de refugiados de la región; una economía fallida que amenaza con desestabilizar a sus vecinos. Una Venezuela democrática alineada con Estados Unidos sería un activo geopolítico clave. Si esta es la principal motivación de Trump, cabe esperar una presión sostenida para una auténtica democratización, ya que solo un gobierno legítimo puede proporcionar la estabilidad que favorece los intereses estadounidenses a largo plazo.
La segunda posibilidad es que a Trump le importe principalmente el petróleo. El presidente no ha ocultado su deseo de que las empresas estadounidenses exploten las vastas reservas petroleras de Venezuela. Si esta es la prioridad de Trump, su afán de democratización dependerá de si favorece o dificulta la extracción petrolera. Aquí el cálculo se complica. Prevenir el desorden tras la destitución de Maduro probablemente implicó colaborar con las estructuras gubernamentales establecidas. Sin embargo, una inversión significativa en la decrépita infraestructura petrolera venezolana requerirá decenas de miles de millones de dólares y tardará décadas en rendir frutos. Las empresas no comprometerán tales sumas bajo un gobierno que podría expropiar sus activos una vez que ceda la presión militar estadounidense. Necesitan garantías institucionales que solo un gobierno legítimo y estable puede brindar, lo que significa democratización. Y si bien el chavismo expropió los activos de las compañías petroleras a mediados de la década de 2000, la trayectoria de Machado la convierte en una defensora creíble de la inversión privada. En este escenario, los intereses extractivos de Trump podrían alinearse instrumentalmente con la democratización venezolana.
La tercera posibilidad es que al presidente Trump le importe, sobre todo, proyectar poder. Desde esta perspectiva, el valor de la operación venezolana residió en la operación en sí: una demostración drástica del poderío militar estadounidense que conmocionó al mundo y dejó claro que Trump actuará con decisión, independientemente de las restricciones nacionales e internacionales. Si esta fue su principal motivación, entonces no hay interés particular en lo que venga después, siempre y cuando Venezuela no se desencadene en un conflicto. La democratización podría incluso ser contraproducente desde esta perspectiva, ya que, según informes, Rodríguez ha prometido cumplir con todas las exigencias de Trump, una conformidad que le exige mantener un control autoritario.
Las cuatro palancas de Machado
La verdad probablemente sea una combinación de estos motivos, y su peso relativo puede variar según las circunstancias. María Corina Machado no sabe con qué versión de Trump está tratando. Su situación se asemeja a la del presidente ucraniano Volodímir Zelenski: gestiona una relación tensa con un aliado esencial cuyas prioridades pueden o no coincidir con las aspiraciones de su país. Al igual que Zelenski, Machado debe navegar entre el apaciguamiento y la asertividad, entre la gratitud y la exigencia. Su tarea es influir en Trump, sea cual sea su motivación, en la dirección de la democracia, sin distanciarlo irrevocablemente.
Para lograrlo, Machado tiene cuatro palancas principales a su disposición:
Gestión directa de la relación con Trump. Esto requiere un delicado equilibrio. Debe expresar su agradecimiento por la acción que derrocó a Maduro —y, al parecer, su agradecimiento y el de la mayoría de los venezolanos es genuino—, mientras que la comunicación directa le permite conocer los verdaderos intereses de Trump y enfatizar cómo la democratización les beneficia. Su decisión de halagar al presidente entregándole su medalla del Premio Nobel de la Paz se entiende desde esta perspectiva. Habiendo establecido un canal de comunicación directo, Machado puede argumentar que Rodríguez no puede cumplir sus compromisos. Los inversores desconfían de un régimen que históricamente expropia activos y enfrenta una oposición persistente. Solo un gobierno legítimo con amplio apoyo público puede crear las condiciones para las inversiones masivas a largo plazo que Trump parece desear.
Afirmando y movilizando apoyo para su mandato democrático. Las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 otorgaron a la oposición un mandato inequívoco, y ese mandato no ha desaparecido. Machado debe movilizar a la Unión Europea, las democracias latinoamericanas y las voces bipartidistas en el Congreso estadounidense para mantener la presión a favor de una transición democrática. Su reunión con un grupo bipartidista de senadores es un paso en la dirección correcta. Existe un genuino interés bipartidista en Washington por la democracia venezolana. Machado debe aprovechar este apoyo para aumentar los costos de un acuerdo con Rodríguez, algo que ya influyó en Trump para que no se acercara a Maduro.
Erosionar la estabilidad de la presidencia de facto de Rodríguez. Esta es la estrategia más arriesgada, ya que requiere movilizar a la sociedad civil venezolana en un momento en que el régimen conserva su aparato represivo, aunque debilitado. Pero también es potencialmente la más poderosa. Si los venezolanos salen a las calles para exigir la democracia por la que votaron, si demuestran que un acuerdo sin una vía creíble hacia la transición democrática es insostenible, entonces el cálculo de la administración Trump cambia. Necesita estabilidad para extraer petróleo y presentar la extracción de Maduro como exitosa. Si Rodríguez no puede proporcionar esa estabilidad, la democratización se vuelve necesaria. La pregunta es si Machado regresará a Venezuela para liderar dicha movilización. Si bien ha dicho repetidamente que tiene la intención de regresar «lo antes posible», los riesgos personales son obvios. Aun así, su regreso arruinaría el acuerdo Trump-Rodríguez: Trump no puede seguir apoyando públicamente a Rodríguez si encarcela a Machado, pero Rodríguez no puede garantizar la estabilidad si no lo hace.
Abordar las objeciones de las élites cuya aquiescencia es necesaria. Los comentarios desdeñosos de Trump sobre Machado —que carece de «apoyo o respeto» en Venezuela— podrían reflejar evaluaciones genuinas de que el estamento militar, burocrático y económico del país la considera una maximalista que buscaría una justicia vengativa. De hecho, las declaraciones de Trump que justifican su decisión de colaborar con Rodríguez para evitar «otro Irak» resaltan la relevancia de estas preocupaciones. Una posible solución es que Machado proponga un marco creíble para la justicia transicional. Como he argumentado en ensayos anteriores , dicho marco debe ofrecer una amplia amnistía nacional para la gran mayoría de los participantes del régimen que no cometieron crímenes de lesa humanidad y cuya cooperación es esencial para cualquier nuevo gobierno. Anunciar dicho marco —idealmente con el respaldo del Comité del Nobel y de los funcionarios del gobierno noruego que mediaron en negociaciones previas con el chavismo y apoyaron el proceso de paz colombiano— alteraría fundamentalmente la forma en que las élites nacionales calculan sus perspectivas tras una transición democrática, y la forma en que Trump entiende los méritos de las acusaciones de maximalismo que se le imputan.
La urgente necesidad de una dirección democrática
Semanas después de la captura de Maduro, la cuestión fundamental de la transición democrática sigue sin resolverse. La encuesta de The Economist reveló que dos tercios de los venezolanos desean nuevas elecciones presidenciales , y el 91 % exige que se celebren en un año, mucho antes de lo que la administración Trump ha indicado públicamente.
El peor resultado posible sería la continuidad del chavismo sin Maduro, un régimen autoritario que simplemente ha intercambiado figuras, pero conserva su control absoluto del poder. Este resultado no solo es posible, sino que su probabilidad aumenta a medida que el tiempo erosiona la credibilidad de las amenazas que actualmente rigen la conducta del régimen. Machado entiende que Rodríguez solo está ganando tiempo, como hizo Maduro antes que ella. Por esta razón, el tiempo apremia: los urgentes llamados de Machado a concesiones inmediatas —la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados políticos, el desmantelamiento del aparato represivo del régimen— buscan que el proceso de transición tome una dirección democrática irreversible antes de que la presión y la atención se disipen.
Lograr una transición genuina que conduzca a elecciones libres requerirá toda la habilidad y el coraje que Machado y la oposición puedan reunir. Requerirá convencer al presidente estadounidense de que la democracia en Venezuela es lo mejor para sus propios intereses. Esto requerirá movilizar la presión nacional e internacional contra la conciliación. Requerirá riesgos individuales que desafíen a Rodríguez y acentúen las contradicciones detrás de sus promesas a Trump. Requerirá compromisos que aseguren la aquiescencia de las élites clave para la democratización. Y, fundamentalmente, requerirá mantener la fe en la gran mayoría de los venezolanos, que desean un futuro diferente y que finalmente tienen razones para creer que ese futuro está a su alcance.
José Ramón Morales-Arilla es profesor investigador de la Escuela de Posgrado de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Obtuvo su doctorado en políticas públicas en la Universidad de Harvard.
