Por José Ignacio Hernández
El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de los Estados Unidos capturaron y extrajeron a Nicolás Maduro, poniendo fin abruptamente al mandato de un líder que había gobernado Venezuela desde 2013 mediante mecanismos autoritarios y elecciones fraudulentas. Esta operación ha reabierto una interrogante largamente dormida: si Venezuela podrá finalmente embarcarse en una verdadera transición democrática tras décadas de decadencia institucional. Este artículo examina cómo colapsó la democracia venezolana, por qué las elecciones por sí solas son insuficientes para revertir el autoritarismo y qué condiciones políticas, legales e internacionales se requieren para transformar la destitución de Maduro en una transición significativa basada en el orden constitucional y los derechos humanos.
En las primeras horas del 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses capturaron y extrajeron a Nicolás Maduro, quien se desempeñaba como presidente de Venezuela desde 2013 sin elecciones libres ni justas y bajo un régimen autoritario. Una de las preguntas clave que plantea esta acción es si es posible una transición democrática en Venezuela.
Hasta ahora, aunque no está claro si la salida de Maduro del poder ha encaminado al país hacia una democracia constitucional, representa una oportunidad única para lograrlo tras décadas de autoritarismo. Para comprender las condiciones necesarias para avanzar en esa dirección, primero debemos resumir cómo murió la democracia en Venezuela.
El colapso de la democracia venezolana
Venezuela podría servir como el ejemplo principal de cómo colapsan las democracias en el siglo XXI. No fue un golpe militar lo que lo causó, sino la elección de un líder carismático y autoritario, Hugo Chávez, en 1998. Chávez, quien intentó un golpe de Estado en 1992, se comprometió a abordar los agravios sociales derivados de la decadencia política de Venezuela y juró eliminar su sistema político. Cumplió sus promesas, aunque el «viejo sistema» no fue reemplazado por una mejor gobernanza, sino por un régimen autoritario respaldado por una retórica populista y una de las mayores bonanzas petroleras en la historia del país. Gradualmente, la democracia venezolana degeneró en un autoritarismo competitivo.
La muerte de Chávez, anunciada en 2013, profundizó la crisis. Su vicepresidente, Nicolás Maduro, fue elegido presidente en una elección manipulada, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró una violación de los derechos humanos. Sin carisma ni petrodólares, Maduro solo pudo mantenerse en el poder mediante abusos sistemáticos a los derechos humanos, especialmente en respuesta a las protestas masivas de 2017 desencadenadas por la medida inconstitucional que despojó a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de su poder legislativo.
Para 2018, Venezuela se convirtió en un régimen autoritario no competitivo, enfrentando una compleja emergencia humanitaria provocada por políticas depredadoras que empujaron al país a un estado de fragilidad cercano al colapso, y donde las débiles instituciones políticas fueron cooptadas por organizaciones del crimen organizado, dando lugar al llamado «Estado mafioso».
La oposición, con el apoyo del Gobierno de Noruega, buscó negociar términos políticos para avanzar hacia una solución electoral en las elecciones presidenciales de 2024. Según las actas de votación, el candidato opositor, Edmundo González, ganó por abrumadora mayoría. Sin embargo, Maduro se negó a aceptar su derrota y, en su lugar, utilizó la Sala Constitucional —influenciada políticamente— para declararse presidente electo, mientras reprimía las grandes protestas.
El proceso de una transición democrática
Como sugiere Linz, el proceso de transición a la democracia varía según el régimen autoritario que se sustituye. En ese sentido, he concluido que Venezuela requiere una transición compleja que abarque tres dimensiones: política, económica y de gestión estatal (statecraft).
El aspecto político implica sustituir el régimen autoritario por una democracia constitucional regida por el Estado de derecho. Para lograr ese objetivo, también es necesario, desde un punto de vista económico, restaurar los mecanismos de mercado, permitiendo que la sociedad civil satisfaga sus propias necesidades para que pueda organizarse eficazmente. Las transiciones política y económica requerirán la reconstrucción de la capacidad del Estado, incluyendo la restauración del monopolio legítimo del Estado sobre el uso de la fuerza y su control territorial. Sin un Estado capaz, no es posible reconstruir el Estado de derecho ni la economía.
Bajo esta perspectiva amplia, las elecciones son claramente insuficientes para avanzar en una transición democrática. Más importante aún, avanzar en esta compleja transición también requerirá apoyo internacional, especialmente dadas las dificultades para reconstruir la capacidad estatal. En particular, la cooperación internacional es esencial para disuadir las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de conformidad con la «responsabilidad de proteger», un compromiso político que establece el deber colectivo de los Estados de tomar medidas para proteger a la población venezolana de los crímenes de lesa humanidad que actualmente investiga la Corte Penal Internacional.
Al considerar este ángulo, las acciones adoptadas por los EE. UU. podrían enmarcarse como un caso de transición «dirigida externamente», según Linz. Existen, por supuesto, muchas dudas sobre la legalidad de tales acciones bajo el derecho internacional, particularmente bajo un enfoque tradicional que considera la soberanía como una barrera infranqueable, incluso ante violaciones graves de derechos humanos.
Pero independientemente de esa discusión, la destitución de Maduro podría desbloquear la compleja transición en Venezuela con el apoyo de EE. UU. y, más ampliamente, de la comunidad internacional. Para ello, será esencial establecer un gobierno de transición de acuerdo con la Constitución venezolana.
¿Qué podemos esperar para Venezuela?
Aunque Maduro fue apartado del poder, su régimen autoritario persiste. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia sin cumplir con el marco constitucional para las faltas absolutas, apoyándose en su lugar en la Sala Constitucional la cual, en una exhibición de populismo autoritario constitucional, permitió que Rodríguez lo hiciera sin celebrar elecciones.
Más importante aún, debido a que Maduro no fue debidamente electo en 2024, el mandato de Rodríguez también puede considerarse ilegítimo. No solo EE. UU., sino también el Reino Unido, han aclarado que ella no puede ser reconocida como la presidenta legítima y en funciones de Venezuela. Además, como reacción a lo que se consideró una agresión de EE. UU., Rodríguez implementó un decreto de emergencia, supuestamente firmado por Maduro, que allanó el camino para que el gobierno reprima aún más a la sociedad civil y a la oposición.
La administración Trump, que considera a Rodríguez como una autoridad interina e ilegítima, ha presionado para lograr avances en la liberalización política, incluyendo la liberación de más de 800 presos políticos como parte de sus políticas iniciales hacia Venezuela. Estas políticas también incluyen la reconstrucción de la industria petrolera de Venezuela y la promoción gradual de la recuperación del país. Hasta ahora, sin embargo, según la ONG Foro Penal, solo un pequeño número de presos políticos ha sido liberado, lo que indica una falta de compromiso genuino con una transición por parte de las autoridades interinas.
Para transformar la situación política actual en una oportunidad de transición democrática, en lugar de una continuación del régimen autoritario de Maduro bajo un nuevo liderazgo, será necesario implementar cuatro políticas: restaurar la soberanía popular, situar los derechos humanos en el centro de las reformas, restaurar gradualmente el Estado de derecho y abordar el riesgo más inminente derivado de la fragilidad estatal generalizada. Finalmente, esas cuatro políticas requerirán el establecimiento de un gobierno de transición de acuerdo con la Constitución.
1. Restaurar la soberanía popular
La primera política se refiere a la ilegitimidad de Delcy Rodríguez. Como ex vicepresidenta de Maduro, su autoridad no tiene raíces en elecciones democráticas sino en un control autoritario. Como solución inmediata, el gobierno interino debería evolucionar hacia un gobierno de transición. Los miembros de dicho gobierno de transición deberían ser designados por las autoridades actuales, ya que detentan el poder político, pero el proceso debe ser abierto, transparente e incluir consultas públicas con la sociedad civil y la oposición, incluyendo las fuerzas políticas alineadas con Edmundo González. La comunidad internacional, aprovechando la experiencia del proceso de negociación facilitado por el Gobierno de Noruega, podría apoyar esta iniciativa.
Desde el punto de vista legal, los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana establecen el deber de los ciudadanos de trabajar por el restablecimiento del orden constitucional cuando la Constitución es violada sistemáticamente, y reconocen el derecho del pueblo a desconocer autoridades o regímenes que menoscaben los valores democráticos y los derechos humanos. En consecuencia, esos artículos pueden proporcionar las bases para un estado de emergencia constitucional que permita el establecimiento de un gobierno de transición para tomar las decisiones necesarias para restaurar gradualmente la democracia constitucional.
2. Situar los derechos humanos en el centro
Como segunda política, dicho gobierno de transición debería restablecer la centralidad de los derechos humanos, no solo mediante la liberación de los presos políticos, sino también mediante el cese de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Sin miedo a la represión, el pueblo venezolano puede movilizarse en apoyo a la transición hacia la democracia. La importancia de los derechos humanos también implica evaluar cómo Venezuela puede beneficiarse de un sistema de justicia transicional que aliente a las autoridades actuales a apoyar el proceso de democratización sin permitir la impunidad. Este sistema debe basarse en la centralidad de las víctimas.
3. Restaurar el Estado de derecho
La tercera política se centra en reinstaurar gradualmente el Estado de derecho mediante la restauración de la separación de poderes y el nombramiento de funcionarios independientes en las diferentes ramas del gobierno. Se deben tomar medidas prontas para nominar jueces independientes, especialmente para el Tribunal Supremo y su Sala Constitucional, incluso antes de que se promulguen reformas legislativas, para garantizar un poder judicial independiente e imparcial. Estas reformas son vitales para evitar que los tribunales penales —actualmente bajo influencia política— perpetúen graves violaciones de derechos humanos.
4. Abordar la fragilidad estatal generalizada
La cooperación internacional debe apoyar la reconstrucción de la capacidad del Estado para recurrir al uso legítimo de la fuerza, particularmente para restablecer el control territorial efectivo en áreas socavadas por grupos armados irregulares, incluidos aquellos dedicados a actividades de minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco. Debido a que el Ejército venezolano no cuenta con las capacidades técnicas para cumplir esas tareas, la cooperación internacional ayudaría a recuperar el control territorial y a reemplazar las instituciones policiales influenciadas políticamente que han cometido graves violaciones de derechos humanos.
Establecer un gobierno de transición
Solo si se implementan estas políticas, la situación política actual podrá evolucionar hacia una transición a la democracia, en lugar de la continuación de un régimen ilegítimo dedicado a violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
El establecimiento de un gobierno de transición puede entonces allanar el camino para la transición democrática de Venezuela. Desde una perspectiva estricta de derecho constitucional, esto debería incluir la proclamación de Edmundo González como el presidente electo de las elecciones de 2024. Otra alternativa, que requerirá un amplio consenso político y, eventualmente, la renuncia de González, es convocar a nuevas elecciones presidenciales bajo un nuevo órgano de gestión electoral independiente.
Cualquier escenario, sin embargo, solo puede lograrse tras reformas institucionales que reestructuren el actual gobierno interino e ilegítimo en un gobierno de transición que opere bajo la autoridad de los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana. Durante la transición a la democracia, estos artículos serán clave para permitir la toma de decisiones que, aunque no estén explícitamente establecidas en la Constitución, sean necesarias para restaurar el orden constitucional. Sin embargo, tales decisiones deben adherirse a los valores constitucionales descritos en los artículos 2 y 3 de la Constitución, incluyendo el respeto a la dignidad humana. Para lograr esto, una nueva Sala Constitucional independiente debería ayudar a interpretar estos artículos de acuerdo con los derechos humanos.
Conclusión
Una vez que un gobierno libremente elegido esté en el poder y la transición concluya, valdría la pena considerar la adopción de una nueva Constitución para fortalecer la democracia restaurada, reduciendo los poderes de la Presidencia y promoviendo una forma de gobierno descentralizada en Venezuela. Sin embargo, debido al clima político actual, el primer objetivo debe ser trabajar para restaurar la efectividad de la Constitución de 1999.
Si bien la destitución de Nicolás Maduro no constituye por sí misma un paso hacia la transición democrática, sí presenta una oportunidad única para forjar un gobierno de transición arraigado en los derechos humanos y los principios sustentados en la Constitución. Si no se aprovecha esta oportunidad, el régimen autoritario y depredador de Maduro persistirá bajo el nuevo liderazgo, causando un mayor deterioro del Estado venezolano y la continuación de graves violaciones de los derechos humanos.
Sobre el autor: José Ignacio Hernández es profesor de derecho constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Es académico visitante en la Facultad de Derecho de Boston College, becario en la Harvard Kennedy School y profesor adjunto en la Washington College of Law de la American University.
