La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla) alertó este martes sobre dos casos emblemáticos que ilustran lo que califica como una práctica sistemática de castigo familiar en el marco de la persecución política en Venezuela.
Se trata de Samantha Sofía Hernández Castillo, una adolescente de 16 años, y Maikelys Borges, una joven madre que dio a luz mientras estaba privada de libertad. Ambas pertenecen a la misma familia y permanecen recluidas, según la ONG, exclusivamente por su parentesco con personas perseguidas por motivos políticos.
De acuerdo con el pronunciamiento difundido por JEPVzla en redes sociales, Samantha fue detenida y sometida a un proceso judicial bajo la legislación antiterrorista, pese a que —según la organización— no existe evidencia que justifique tal calificación. La adolescente es hermana de un militar exiliado y sobrina de una persona víctima de desaparición forzada. La ONG subraya que su privación de libertad viola los estándares internacionales de protección reforzada a niñas, niños y adolescentes, establecidos en tratados ratificados por Venezuela.
Por su parte, Maikelys Borges fue arrestada durante los últimos meses de un embarazo de alto riesgo. Permaneció detenida hasta el momento del parto y actualmente continúa recluida junto a su bebé recién nacido. JEPVzla denuncia que el encarcelamiento responde únicamente a su condición de esposa de una persona perseguida, lo que transforma la maternidad en un elemento de mayor vulnerabilidad en lugar de protección.
“Ambos casos revelan una práctica particularmente lesiva: la utilización de adolescentes y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como instrumentos de presión política”, afirma el comunicado.
La organización exige la libertad inmediata de Samantha y Maikelys, argumentando que la prolongación de su privación de libertad no persigue fines legítimos de justicia y genera daños irreparables en sus vidas y en las de sus dependientes.
“Samantha necesita estar en libertad para volver a vivir plenamente su adolescencia, para estudiar, para crecer sin miedo. Maikelys necesita estar en libertad para cuidar a su hijo, para ejercer su maternidad con dignidad y sin rejas”, concluye el texto.
El mensaje, acompañado de imágenes y difundido con la etiqueta #JusticiaYLibertad, ha recibido cientos de interacciones, incluyendo repudios al gobierno, comparaciones históricas con prácticas represivas del pasado (como el Sippenhaft nazi) y llamados a la comunidad internacional para visibilizar la situación.
Justicia, Encuentro y Perdón es una organización no gubernamental dedicada a documentar, denunciar y acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, con énfasis en la construcción de memoria y la búsqueda de reparación.
Hasta el momento, no se ha recibido respuesta oficial por parte de las autoridades respecto a estos casos específicos.
