La sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), ubicada en Quinta Crespo, Caracas, se ha consolidado como uno de los principales centros clandestinos utilizados para retener a civiles y militares por órdenes de Diosdado Cabello.
Por: Sebastiana Barráez – Infobae
Según denuncias, los detenidos son víctimas de amenazas, extorsiones y procesos irregulares. Entre los casos está el de cuatro militares retirados vinculados con dos empresas de vigilancia privada.
El Conas opera detrás de las antiguas instalaciones de RCTV, canal obligado a cesar transmisiones en 2007; está dirigido por el coronel (GNB) Leonardo Gómez Acevedo, Comandante de la unidad militar; el Mayor (GNB) José Ángel Ponce, Segundo comandante, y el Mayor (GNB) Torres.
La situación se intensificó cuando Cabello asumió el Ministerio del Interior, Justicia y Paz (MIJP), iniciando una investigación exhaustiva contra funcionarios cercanos al almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, quien lo había precedido en el cargo ministerial.
De acuerdo con testimonios recogidos, las celdas, de tamaño reducido, superan ampliamente su capacidad por metro cuadrado. Allí conviven un número excesivo de personas, expuestas de manera constante a roedores, humedad y otros factores que afectan su salud. A esto se suma que los detenidos permanecen encerrados las 24 horas del día, sin acceso a la luz solar ni a espacios para caminar o realizar actividad física. La falta prolongada de luz natural, advierten, ha provocado pérdida progresiva de visión e incluso episodios de ceguera en varios reclusos.
Las celdas permanecen iluminadas permanentemente con luces incandescentes, empleadas como un mecanismo de tortura que impide el descanso, altera los ciclos de sueño y genera un agotamiento físico y mental extremo.
La situación se agravó recientemente con el ingreso de un nuevo grupo de detenidos trasladados en autobús desde el Helicoide, lo que terminó de colapsar la ya limitada capacidad del recinto. Paralelamente, se repite un patrón de irregularidades en los procesos judiciales: audiencias dilatadas sin justificación, imposición de defensores públicos y restricciones al derecho a la defensa.
Aunque en las audiencias suelen ordenarse evaluaciones médicas, estas no se concretan. Las comunicaciones oficiales no llegan ni a los centros de salud ni a los de reclusión, dejando a los detenidos sin atención médica incluso cuando presentan enfermedades crónicas o condiciones urgentes.
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