Por Jason Marczak, James Story, Laura J. Richardson y Geoff Ramsey en The Atlantic Council
Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos puede avanzar en sus objetivos a largo plazo planteando las exigencias más difíciles desde el principio; el tiempo disminuirá la presión sobre Delcy Rodríguez para que implemente reformas cruciales. Se deben establecer parámetros claros sobre lo que Rodríguez debe comprometerse a hacer en los primeros tres, seis, nueve y doce meses. Washington debe abordar urgentemente los problemas estructurales económicos y de seguridad, a la vez que establece las condiciones para unas elecciones libres y justas con resultados respetados.
Primera prioridad: Establecer parámetros claros sobre lo que Delcy Rodríguez debe hacer este año
Además de las reformas económicas, Estados Unidos debería presionar a Rodríguez para que adopte las siguientes medidas:
Alto a la tortura y la vigilancia
- Liberar inmediatamente a todos los presos políticos y, además, en consonancia con la recién anunciada ley de amnistía , garantizar que cese inmediatamente el arresto de disidentes políticos y que todos los venezolanos puedan regresar al país y ejercer sus derechos humanos fundamentales sin riesgo de represión.
- Asegurar que el centro de tortura El Helicoide cierre rápidamente, como se prometió en el anuncio de amnistía del 30 de enero.
- Abolir el uso del Carnet de la Patria, de diseño chino , como herramienta de control político; la distribución de bienes públicos debe ser transparente, despolitizada y respetuosa del derecho a la privacidad.
- Eliminar todas las formas de vigilancia maligna, incluida la tecnología proporcionada y operada por China National Electronics Import & Export Corporation.
Abordar las preocupaciones de seguridad
- Identificar y retirar al personal no diplomático, incluidos los instructores militares, de países que representan riesgos para los intereses de seguridad de EE. UU., como Rusia, Irán, Cuba y China, y de saboteadores internos como los grupos guerrilleros FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional).
- Desmantelar los grupos paramilitares colectivos , proporcionar a los Estados Unidos garantías de que los colectivos no operarán y entender que el gobierno venezolano será responsable de todas las acciones que tomen los colectivos .
- Recolectar y almacenar todos los misiles antiaéreos portátiles, misiles antibuque, drones y demás armas ofensivas. La vigilancia de las armas almacenadas debe ser compartida entre el gobierno de Caracas y el de Estados Unidos.
Restablecer el estado de derecho
- Proporcionar un cronograma para las reformas que puedan restablecer la independencia de los poderes legislativo y judicial y garantizar el estado de derecho, una condición necesaria para impulsar la inversión extranjera y la gobernanza democrática.
- Iniciar un proceso de contratación de nuevos jueces que sea justo e independiente, para que los inversionistas privados confíen en que sus intereses están siendo protegidos y que los venezolanos puedan recuperar la confianza en el poder judicial.
Permitir la libertad política
- Levantar la prohibición de postularse en elecciones a dirigentes opositores como María Corina Machado.
- Impedir que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desmantele, disuelva y controle a los partidos políticos de oposición.
- Crear una comisión para definir el camino hacia unas elecciones libres y justas en un plazo de dieciocho meses. La comisión debe incluir a representantes del gobierno, los ganadores internacionalmente reconocidos de las elecciones presidenciales de 2024, los líderes de la oposición democrática, representada en la coalición Plataforma Unitaria y otros partidos de oposición, y la sociedad civil.
Levantar los controles de los medios
- Detener la censura de los medios y permitir a los venezolanos el libre acceso a internet y a todos los medios internacionales, incluidas las transmisiones estadounidenses
Prioridad a largo plazo: construir una Venezuela próspera, segura y democrática
Si bien existe actualmente un impulso único para reconstruir la democracia venezolana, se necesitarán años de apoyo internacional constante a las reformas locales para generar un cambio duradero. Sin embargo, el momento actual exige acciones urgentes de Washington para guiar al país en esa dirección. Rodríguez podría acoger con satisfacción un cambio que incluya algunas reformas y modernización bajo el gobierno del PSUV, pero ella y otros en el poder probablemente se resistirán a una transición plena a la democracia. El objetivo final debe ser unas elecciones libres y justas, cuyos resultados sean respetados. Este es también el mejor vehículo para la certidumbre de los inversores en la trayectoria política a largo plazo del país.
Abordar los problemas económicos estructurales para atraer inversión real
El gobierno venezolano debe comprometerse con la transparencia. Una comunicación clara y abierta como política evitará que el gobierno actual realice acuerdos secretos y sentará las bases para crear un entorno de inversión atractivo en Venezuela.
También debe centrarse firmemente en la reforma de la política monetaria. La economía venezolana está dolarizada extraoficialmente, y el Fondo Monetario Internacional estima que la tasa de inflación es del 682 % . Lograr la estabilidad de precios es un paso crucial para la estabilidad económica a largo plazo.
Venezuela debe establecer un plan para el pago de su deuda de 170.000 millones de dólares, lo que sería una señal positiva para los posibles inversores. Pagar esa deuda será casi imposible sin emprender medidas de reestructuración con la ayuda de la banca multilateral, pero hacerlo indicaría que el país mantendrá su solvencia en el futuro. El sector bancario también necesita reformas para facilitar la entrada y salida de capitales de los inversores.
El gobierno necesita un estímulo económico diseñado para beneficiar al pueblo venezolano. Aproximadamente el 73,2 % de los hogares venezolanos vive por debajo del umbral de pobreza; el 36,5 % vive en pobreza extrema. El gobierno también necesita planes de financiamiento para los sectores sociales que consideren las necesidades básicas de infraestructura. Esto incluye facilitar el envío de alimentos y medicamentos desde Estados Unidos y otros países para comenzar a aliviar la crisis humanitaria en el país.
El sector petrolero necesitará ser reconstruido. Un nuevo marco de hidrocarburos , aprobado recientemente en la actual Asamblea Nacional , es un importante punto de partida para tal fin. Sin embargo, existen dudas sobre si este marco es suficiente para atraer la inversión necesaria, si la actual Asamblea Nacional será reconocida internacionalmente o si sus leyes se mantendrán firmes en disputas internacionales. El impulso estadounidense a la inversión es importante, siempre que presente las condiciones locales y la garantía a largo plazo de que se respetarán los compromisos corporativos internacionales. El pueblo venezolano debe beneficiarse de estos ingresos en lugar de ser robado por el régimen.
Conclusión: La situación económica de Venezuela es desesperada. Estados Unidos debe impulsar la transparencia y las medidas anticorrupción del gobierno actual, a la vez que avanza en las negociaciones económicas, como la reestructuración de la deuda, para fomentar la inversión.
Reformar el sector de la seguridad
El gobierno venezolano debe establecer un sistema de seguridad estatal funcional, con claras restricciones y supervisión. La línea divisoria entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados ilegales en Venezuela es difusa. El aparato represivo del régimen incluye actores no estatales como las organizaciones paramilitares armadas progubernamentales conocidas como colectivos. La presencia de grupos armados colombianos, como el ELN o disidentes de las FARC, involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, representa una grave amenaza para la seguridad y la estabilización. Estados Unidos debe exigir que los colectivos dejen de practicar la desaparición forzada de personas disidentes.
Estados Unidos debe trabajar para contrarrestar la influencia de Rusia, Irán, Cuba y China en Venezuela. Washington debería colaborar con Caracas para consolidar y controlar los cinco mil sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) de fabricación rusa en Venezuela. Estados Unidos necesita acceso y control sobre las fábricas de armas, incluyendo las que producen misiles, drones militares y armas de fuego, como parte clave del plan de operaciones de estabilización que ha presentado la administración Trump, dada la amenaza que estas armas representan para la seguridad de los venezolanos en el país y en la región en general.
Estados Unidos debería seguir construyendo una fuerza de preparación sostenible en la región para apoyar los esfuerzos de estabilización en el país y al mismo tiempo proponer un plan detallado para el papel futuro del ejército venezolano.
El ejército colombiano también debería participar en ciertas operaciones para erradicar a los grupos ilegales que cruzan frecuentemente la frontera con Colombia. Restringir eficazmente el flujo de drogas y armas ilegales a través de la frontera ayudaría a sofocar la actividad violenta de los actores armados en Venezuela.
Conclusión: Estados Unidos debería consolidar el control de las armas y sistemas de armas rusos e iraníes en Venezuela que podrían utilizarse para actividades de sabotaje o represión. También debería presionar a sus socios regionales para que minimicen la actividad ilegal y reduzcan el poder de los actores violentos en Venezuela durante este período de rápidos cambios.
Promover la reforma institucional y las elecciones como base para la prosperidad
A medida que Estados Unidos avanza hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas formales con Caracas, deberá definir y promover un estado final en Venezuela que beneficie a los intereses estadounidenses y del pueblo venezolano. Si bien no es una prioridad estratégica a corto plazo de Estados Unidos, forjar un camino hacia la democracia es fundamental para la seguridad y la prosperidad de Venezuela.
Dado que el PSUV no querrá ceder el poder, Estados Unidos debería presionar a los líderes del partido y al gobierno actual para que consideren las elecciones como competitivas: no como una amenaza existencial para su supervivencia política, sino como una forma de competir en un ejercicio justo de participación ciudadana. Por eso es necesario empezar de cero para las elecciones: nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, nuevas autoridades judiciales, una nueva legislatura y, sobre todo, ayuda internacional para garantizar la credibilidad de las futuras elecciones. En este sentido, Estados Unidos debería exigir al régimen medidas concretas para restablecer los derechos políticos y las garantías de seguridad en los primeros seis meses, a fin de confirmar que esto no es solo una renovación de la dictadura de Maduro.
Para avanzar hacia la sostenibilidad a largo plazo, Estados Unidos debería presionar a Venezuela para que celebre una elección nacional, conducida por una comisión legislativa independiente integrada por diferentes miembros de la sociedad venezolana, como expertos judiciales y académicos, para elegir nuevos jueces para el Tribunal Supremo de Justicia.
Un órgano judicial independiente debería codificar públicamente las protecciones contractuales y los mecanismos de resolución de disputas . Un nuevo sistema judicial independiente puede comenzar a respetar los contratos entre el gobierno y los actores del sector privado, lo cual es una condición previa importante para importantes entradas de capital.
Finalmente, Estados Unidos debería impulsar mecanismos de justicia transicional en Venezuela. El gobierno venezolano enfrenta actualmente investigaciones ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la represión estatal, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros abusos generalizados. Cualquier transición en Venezuela debe garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esto no debe verse como un obstáculo para las reformas, sino como una oportunidad para hacer que la transición sea más sostenible.
Conclusión: Es necesario repensar y reconstruir las instituciones venezolanas con el objetivo final de lograr la recuperación económica y una sociedad civil democrática y próspera. El poder judicial debe gozar de independencia del ejecutivo para otorgar las protecciones necesarias a los venezolanos y a los inversionistas.
Posibles obstáculos y acciones recomendadas
Obstáculo: La inversión llega más lentamente de lo previsto.
Acción: Estados Unidos debería permitir la reapertura de los canales bancarios normales con restricciones específicas, así como garantizar que todas las operaciones realizadas por las autoridades actuales mantengan la transparencia.
Además, cualquier conversación sobre reestructuración de deuda, que será desalentadora en cualquier escenario, debería incluir conversaciones con los tenedores de bonos y las instituciones multilaterales. Es necesario respetar la inviolabilidad de los contratos entre actores comerciales y gubernamentales, y es necesario acelerar las reformas legales para proteger dichos contratos.
Barricada: Pocos cambios en la realidad para la población de Venezuela.
Acción: Además de las medidas para proteger la libertad política y desarmar a los actores violentos, Estados Unidos debe seguir monitoreando la situación local en Venezuela, lo cual se facilitaría con la reapertura de la Embajada de Estados Unidos. En este caso, ya se han dado los primeros pasos con una visita reciente de funcionarios de la embajada. El apoyo estadounidense a la reapertura de la economía debería traducirse en que la población vea los beneficios tangibles de los cambios mediante mejoras en los ingresos de sus hogares. Finalmente, Estados Unidos debe exigir garantías de que los venezolanos que deseen regresar a su país, especialmente los miembros de la oposición, no enfrentarán amenazas ni malos tratos y podrán participar de forma justa en el debate popular y las elecciones cuando llegue el momento.
Conclusión
El presidente Donald Trump tiene una oportunidad histórica de volver a alinear a Venezuela con los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos de una manera que pueda beneficiar simultáneamente a la población venezolana. Los planes actuales de Estados Unidos ya están avanzando en esa dirección y creando un legado en la construcción del futuro a largo plazo de Venezuela como un posible aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, este es el momento de garantizar que las reformas sean sostenibles y que no se arraigue una versión actualizada del mismo régimen fallido
Acerca de los autores
Jason Marczak es vicepresidente y director sénior del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council. Marczak cuenta con veinticinco años de experiencia en economía, política y desarrollo regional, y estableció el trabajo del Consejo sobre Venezuela en 2017.
El embajador (retirado) James Story se desempeñó como embajador y encargado de negocios en Venezuela de 2018 a 2023. Oficial de carrera del servicio exterior retirado, ahora es miembro senior no residente del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council.
La general (retirada) Laura J. Richardson fue comandante del Comando Sur de los EE. UU. desde 2021 hasta noviembre de 2024, y es miembro de la Junta Directiva del Consejo Atlántico y del Consejo Asesor del Centro para América Latina Adrienne Arsht.
Geoff Ramsey es analista senior de inteligencia de amenazas para América Latina en Recorded Future, una plataforma de inteligencia de amenazas, e investigador senior no residente del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council.
Agradecemos a Colette Capriles y Carmen Beatriz Fernández por sus aportaciones, que contribuyeron a esta publicación. Agradecemos especialmente a Ilona Barrero por su ayuda en la redacción de este memorando.
