Un país en conflicto expone a niños, niñas y adolescentes a detenciones arbitrarias, torturas, procesos sin garantías y separaciones familiares, en medio de un patrón nacional de criminalización y desprotección. Expertos alegan que el Estado venezolano dejó de cumplir su rol protector, particularmente en contexto de conflictividad y excepcionalidad
Ocho meses y nueve días esperaron una niña y tres adolescentes para hablar de nuevo con su papá. Fue por tiempo limitado y dentro de una cárcel. Ellos no cometieron ningún delito, no son culpables, pero son víctimas colaterales de la persecución política que hoy mantiene tras las rejas a su papá, al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa.
Ni el Estado ni la justicia ponen el foco en los menores de edad que pierden el contacto con sus familiares por las detenciones políticas; no se habla del daño emocional ni de los derechos vulnerados de quienes que crecen en medio del temor y la incertidumbre.
A esto se le suma la reciente detención de 15 adolescentes en el estado Anzoátegui mientras compartían en un espacio público, lo que reactivó las alarmas sobre la fragilidad de los menores de edad frente a los cuerpos de seguridad. El hecho ocurrió el 5 de enero de 2026.
La policía asegura que celebraban la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses. Sus familiares lo niegan: afirman que solo estaban jugando Carnaval, como parte de una tradición para iniciar las fiestas carnestolendas en Barcelona.
Para el abogado Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, la actuación policial en Anzoátegui presenta claros indicios de irregularidad y arbitrariedad, de acuerdo con la información difundida en los medios de comunicación.
“Lo reportado indica que los adolescentes fueron detenidos en un contexto que no describe un hecho penal concreto individualizable, sino una situación de calle asociada a juegos comunitarios, reinterpretada luego como una manifestación política”.
Los hijos de Guanipa representan a decenas de niños, niñas y adolescentes que hoy esperan ansiosos el regreso a casa de un ser querido, como las hijas del abogado Alexis Perdomo, quienes a diario encienden una vela a San José Gregorio Hernández para que cuide del profesor universitario que permanece detenido en Yare II y elaboraron pancartas para cuando llegue el anhelado reencuentro: “Bienvenido papá. Te amamos”.
Ante estos hechos y situaciones, una psicóloga venezolana, que pide resguardo de su nombre por seguridad, explica que “todos los hechos que suceden en la infancia, buenos o malos, tienen un efecto”.
“Si son malos pueden llegar a ser hasta traumáticos y dejar, lo que hoy se conoce como las heridas de la infancia, porque todas las situaciones de este tipo, en las que los menores de edad se ven sumergidos, dejan lesiones”.
Torturas documentadas
La ONU contabilizó 216 excarcelaciones bajo medidas cautelares después de la elección presidencial de 2024, pero advirtió que muchos de los adolescentes fueron víctimas de tortura y malos tratos. En menores, el umbral del dolor y el sufrimiento es distinto, por lo que incluso la incomunicación temporal puede constituir tortura.
Entre los casos documentados destacan: golpes severos y amenazas de muerte; asfixia con bolsas plásticas; aplicación de corriente eléctrica; violencia sexual y de género, incluyendo tocamientos y solicitudes de favores sexuales; violencia psicológica, como amenazas de prisión perpetua. Los expertos señalaron que la mayoría de estos actos fueron cometidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional.
La ONU concluyó que muchos de los adolescentes excarcelados presentan trastorno de estrés postraumático, ansiedad, alteraciones del sueño, adicciones, dificultades de concentración, aislamiento social y episodios de ira.
Trapani insiste en que después de una detención el acompañamiento debe ser integral: apoyo jurídico para comprender el proceso y las medidas cautelares; atención psicosocial especializada para manejar ansiedad, miedo, crisis emocionales y cambios conductuales; apoyo socioeducativo para garantizar la reinserción escolar y evitar la estigmatización.
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