La discusión parlamentaria del artículo 7 del proyecto de Ley de Amnistía volvió a trabarse este jueves en la Asamblea Nacional (AN), dejando en suspenso la liberación plena, inmediata y automática de los 641 presos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal.
El debate —que había sido anunciado como el paso definitivo para poner fin al sufrimiento de cientos de familias— quedó pospuesto nuevamente hasta la próxima sesión plenaria, previsiblemente el jueves, debido al asueto de Carnaval.
La información fue reseñada por ABC de España, que define el artículo 7 como “la humillación inasumible” para los presos políticos debido a que los obliga a declararse virtualmente culpables para poder acogerse al beneficio.
El controvertido artículo establece que la amnistía aplica para quienes hayan sido procesados o condenados por hechos relacionados con los episodios contemplados en la ley, siempre y cuando estén en territorio nacional y se presenten ante los tribunales. Es decir, no habrá liberación masiva, como había prometido la semana pasada Jorge Rodríguez, durante su visita a los familiares de detenidos acampados en la cárcel de la Zona 7.
La disposición implica que cada preso debe tramitar individualmente su caso, contratar abogados y esperar que los tribunales celebren audiencias, lo que podría tardar meses o incluso años.
Este procedimiento generó una ola de críticas entre juristas, familiares, exiliados y organizaciones políticas, que consideran que el artículo supone un reconocimiento implícito de delitos fabricados por el chavismo y un mecanismo de sometimiento.
“La ley de la humillación”
El partido Alianza Bravo Pueblo, fundado por el exalcalde caraqueño Antonio Ledezma, calificó el proyecto como “una afrenta abierta al liderazgo en el exilio”.
“El artículo 7 obliga a presentarse ante tribunales que responden a la dictadura, aceptar cargos inexistentes y someterse a un ritual de degradación pública. No es justicia, es venganza institucionalizada”, denunció la organización en un comunicado publicado en X.
La ONG advierte que el mecanismo busca “quebrar moralmente a quienes han resistido” y denuncia «las maniobras arteras del régimen continuista de los hermanos Rodríguez”.
En paralelo, el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, envió un mensaje de aliento a las víctimas:
“Si la ley no cumple con las expectativas o no respeta las exigencias ciudadanas, no nos rindamos. La carrera es de resistencia, no de velocidad”.
“Criminaliza a los inocentes”
Para Diego Casanova, miembro del Comité por la Liberación de Presos Políticos (Clipp), el artículo constituye una imposición arbitraria:
“Traslada a ellos mismos la culpabilidad de estar detenidos. Les obliga a pedir perdón por algo que no hicieron. Es un procedimiento que no reconoce la violación de derechos humanos de la que han sido objeto”.
La abogada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, advirtió que el proyecto no aborda la dimensión estructural de la persecución política. Sobre el artículo 7, afirmó: “Condicionar la amnistía a la presentación ante el tribunal desnaturaliza la figura y la subordina al mismo sistema judicial que ejecutó la persecución”.
En medio de la controversia, la presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró que si la líder opositora María Corina Machado desea regresar al país, “debería rendir cuentas”, es decir, presentarse ante los tribunales. La dirigente ha sido acusada en 2024 de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir.
La advertencia ocurrió mientras Rodríguez acompañaba al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un recorrido por instalaciones petroleras del país.
“Una trampa cazabobos”
Para Nora Bracho, vicepresidenta de la Comisión Especial para la Redacción de la Ley de Amnistía y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), el artículo 7 constituye una “trampa cazabobos”: “Obliga a los presos políticos y perseguidos a pedir perdón ante un tribunal, lo cual es inconstitucional y viola los derechos consagrados en la Constitución”.
Mientras el Parlamento retrasa nuevamente la discusión, cientos de familiares, muchos acampados a las puertas de centros de detención, deben seguir esperando. Lo que se perfilaba como un avance hacia la reconciliación nacional ha reabierto heridas y generado nuevas tensiones políticas.
El debate sobre el artículo 7 se retomará la próxima semana. Hasta entonces, la incertidumbre sigue siendo la norma para las víctimas de persecución política y para un país que esperaba avances concretos tras años de represión y crisis institucional.
