El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid, afirmó este viernes que no habrá «reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad», tras la aprobación de la ley de amnistía que debería conducir a la liberación masiva de presos políticos.
Para que esa medida «sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación. No hay reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad», indicó González Urrutia en X.
Afirmó que “han sido demasiados años de dolor y de pérdidas como para reducir este debate a un trámite».
«Una amnistía responsable es la transición del miedo al Estado de derecho. Es el compromiso de que el poder no volverá a ejercerse sin límites y de que la ley estará por encima de la fuerza«, agregó.
Señaló que como sociedad, los venezolanos tiene la responsabilidad de documentar «nuestra memoria histórica antes de que los hechos desaparezcan. Muchos protagonistas son hoy historia viva. Su testimonio será parte esencial de la reconstrucción nacional».
La Asamblea Nacional aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía general que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos, pero puede al mismo tiempo excluir a opositores como la premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado.
El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad.
Mantiene que la amnistía abarca «a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos» en 27 años del chavismo, que «esté a derecho o se ponga a derecho», es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.
El texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.
Sin embargo, el artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.
También excluye a «las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras».
