Integrantes de la ONG Conciencia es Dignidad (CED), con sede en España, se pronunciaron en relación con la reciente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en Venezuela el pasado 19 de febrero.
Según el informe técnico presentado por la entidad, el instrumento jurídico carece de legitimidad humanitaria y funciona, en la práctica, como un mecanismo de control social y político. El documento advierte que la ley presenta un grave vacío legal en su Artículo 7, lo cual constituye una «amenaza directa» para los más de 8 millones de venezolanos en el exterior. Al no existir garantías de seguridad jurídica, cualquier ciudadano que haya manifestado oposición al gobierno podría enfrentar detenciones arbitrarias o la formulación de cargos al intentar retornar al país.
La organización destaca tres vacíos fundamentales que invalidan el carácter reparador de la ley:
Exclusión militar: cerca de 200 efectivos permanecen tras las rejas sin acceso a los beneficios de esta norma.
Veto a la participación: la ley ignora el levantamiento de inhabilitaciones administrativas, manteniendo bloqueados a líderes como María Corina Machado.
Burocracia condicionada: las liberaciones son lentas y obligan a los beneficiarios a presentarse ante los mismos tribunales que los procesaron, manteniendo restricciones de movilidad.
La propuesta de CED
Conciencia es Dignidad afirma que una amnistía legítima no debe ser un «acto de clemencia», sino de justicia, lo que requiere la derogación de normas que criminalizan la disidencia, como la Ley contra el Odio. Para lograr una transición real, la ONG propone:
Libertad incondicional: cese definitivo de expedientes y restitución total de derechos civiles.
Reparación integral: reconocimiento de la responsabilidad del Estado frente a víctimas de tortura, exiliados y los 23.000 trabajadores despedidos de PDVSA.
Saneamiento judicial: sustitución de jueces y fiscales vinculados a la persecución por profesionales independientes formados en justicia transicional.
Vigilancia internacional: creación de un Consejo Independiente de Verificación, con presencia de la ONU y la Iglesia Católica, para garantizar la imparcialidad.
Fin de las inhabilitaciones: extinción de las sanciones administrativas utilizadas como herramientas de exclusión electoral.
