El aparato represivo del Estado venezolano, construido a lo largo de muchos años, sigue operativo tras la abrupta captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero, según informó esta semana la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Al presentar una actualización de sus hallazgos ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Misión señaló que, aunque se han registrado eventos de gran trascendencia y algunos avances positivos desde septiembre de 2025, las estructuras que han sostenido la persecución durante años no han sido desmanteladas.
Persistencia del aparato represivo
La experta de la Misión, María Eloisa Quintero, advirtió que las nuevas violaciones a los derechos humanos son un recordatorio de que la maquinaria legal e institucional que facilitó crímenes internacionales permanece intacta. «Venezuela no podrá decir que está realmente en el camino de la reforma de derechos humanos hasta que ese aparato represivo sea desmantelado», afirmó.
Por su parte, el experto Alex Neve destacó que altos funcionarios gubernamentales y militares, identificados previamente por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad, continúan ocupando cargos de poder. «No hay señales de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estos individuos ante la justicia», señaló.
Puntos clave del informe:
Intervención de EE. UU.: La Misión reiteró que la operación militar estadounidense del 3 de enero violó el derecho internacional. Si bien existen motivos razonables para creer que Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, esto no justifica una intervención militar ilegal.
Detenciones políticas: Desde el 3 de enero, se han reportado al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que indica que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el gobierno actual. Esto se suma a las 135 detenciones arbitrarias documentadas entre septiembre y diciembre de 2025.
Ley de Amnistía: Aunque se valora la adopción de una Ley de Amnistía el 20 de febrero, la Misión lamentó la falta de consulta pública y de mecanismos para la verdad y reparación. Existe preocupación de que su alcance limitado excluya a muchas personas detenidas por razones políticas.
Crisis de refugiados: Más de 8.7 millones de venezolanos viven actualmente fuera del país. La Misión destacó que cientos de víctimas han comenzado a acercarse para testificar, creyendo que ahora existe un contexto más seguro.
Un llamado a la comunidad internacional
La Misión instó a la comunidad internacional a mantener su atención sobre Venezuela para asegurar una transición que conduzca a una reforma institucional genuina y al fin de la «cultura del miedo». Asimismo, solicitaron a las autoridades actuales cooperar plenamente con la Misión y permitirle el acceso sin restricciones al país.
«Ahora más que nunca es necesario avanzar en este trabajo de investigación e identificar los patrones, actores e instituciones asociados con estas violaciones. Este trabajo puede servir como una hoja de ruta esencial para los cambios que Venezuela necesita», concluyó Quintero.
Sobre la Misión:
Establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, la Misión tiene el mandato de evaluar las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014. Su mandato ha sido extendido recientemente hasta octubre de 2026.
